Seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, han sido condenadas por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante por su participación en una serie de delitos cometidos entre 2015 y 2016 en la región. Los hechos comprenden al menos 11 robos en casas de campo y establecimientos comerciales en Elche, El Rebolledo y municipios circundantes como Aspe, Hondón de los Frailes y Novelda.
La sentencia, firme tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los abogados defensores, establece penas que van desde los diez meses hasta los ocho años de prisión. Los acusados admitieron su responsabilidad en los hechos, que incluyen diez delitos de robo con fuerza, ocho de ellos en establecimientos públicos, y un delito de robo con violencia en casa habitada, en el cual intentaron asesinar a un anciano de 84 años.
El tribunal también dictaminó que los condenados deben indemnizar a las víctimas por los daños y pérdidas sufridas, con una compensación de 3.250 euros para el anciano agredido. Los robos se llevaban a cabo mediante el forzamiento de cerraduras o el uso de herramientas como un gato hidráulico para acceder a los locales, sustrayendo dinero en efectivo y otros objetos de valor, desde cascos de moto hasta productos alimenticios como jamones o licores.
El incidente más grave tuvo lugar en noviembre de 2015, cuando tres de los delincuentes ingresaron a una casa de campo donde residía un anciano solitario de 84 años en El Rebolledo. Después de no encontrar dinero u objetos de valor, amenazaron al hombre con un cuchillo y lo hirieron gravemente cuando no reveló la ubicación de sus pertenencias. Posteriormente, los ladrones se llevaron 200 euros y dejaron al anciano herido e inconsciente, bloqueando la salida de la casa desde el exterior. El hombre fue encontrado horas más tarde por su hijo.
Este caso subraya la gravedad de los delitos cometidos por los acusados, especialmente el asalto violento a la vivienda de un anciano indefenso. La sentencia establece un precedente importante al imponer penas significativas y la obligación de reparar los daños a las víctimas, buscando así impartir justicia y disuadir futuros actos criminales.