España aprobó casi 8.000 millones en ayudas públicas a actividades y empresas que dañan la biodiversidad

Un informe revela que las ayudas a sectores agrario, forestal y pesquero cuadruplican el presupuesto destinado a proteger y restaurar la naturaleza

En 2024, las administraciones públicas españolas destinaron 7.915,3 millones de euros en ayudas a actividades y empresas vinculadas directamente con la pérdida de biodiversidad. La cifra impresiona, sobre todo cuando se compara con el presupuesto anual destinado a la conservación y restauración de la naturaleza, que ronda los 2.000 millones de euros entre fondos estatales y europeos. Es decir, se invierte cuatro veces más en actividades que deterioran los ecosistemas que en protegerlos.

El dato procede de un informe elaborado por Ecologistas en Acción en colaboración con Economistas sin Fronteras, tras un año de análisis de cuentas públicas estatales y autonómicas. El estudio pone cifras a una realidad incómoda: la existencia de una “incoherencia fiscal” entre los compromisos ambientales asumidos por España y el destino efectivo de parte de sus recursos públicos.

Subvenciones que tensionan el equilibrio ambiental

Del total de ayudas analizadas, el 90% se dirige al sector agrario, el 7% al forestal y el 3% al pesquero. Buena parte de estas subvenciones son ayudas directas, como las procedentes de la Política Agraria Común (PAC) o del fondo europeo para pesca (FEMPA). Según el informe, el 84% de las subvenciones consideradas más problemáticas son precisamente ayudas directas, mientras que un 13% corresponde a exenciones fiscales vinculadas a combustibles, fertilizantes o plaguicidas.

El problema no es la existencia de apoyos al sector primario, que resultan fundamentales para sostener la economía rural y costera. La cuestión es cómo están diseñados esos incentivos. Desde la organización ecologista sostienen que el sistema actual beneficia especialmente a grandes empresas y determinados lobbies, favoreciendo prácticas intensivas que aceleran la degradación del suelo, el agotamiento del agua o la pérdida de hábitats, según Europa Press.

Además, el informe recuerda que España se ha comprometido, dentro del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y del Plan estratégico estatal de patrimonio natural a 2030, a transformar el 50% de las subvenciones perjudiciales antes de 2025. Sin embargo, los datos muestran que ese objetivo está lejos de cumplirse.

Una oportunidad para reorientar el modelo

Más allá de la crítica, el informe plantea una oportunidad. Reformar el 79% de las medidas estudiadas y eliminar el 11% permitiría liberar importantes recursos. Solo las líneas propuestas para su eliminación en 2024 suman 830,9 millones de euros. Redirigir ese dinero hacia políticas de conservación reduciría de forma significativa la brecha financiera de 3.500 millones de euros que España arrastra para cumplir sus compromisos internacionales en biodiversidad.

La clave, según los expertos, no está en retirar apoyo al campo o a la pesca, sino en alinear las ayudas públicas con prácticas sostenibles. Incentivar la agricultura regenerativa, la gestión forestal responsable o la pesca de bajo impacto podría convertir el sistema de subvenciones en una palanca de transición ecológica en lugar de un freno.

En definitiva, el debate no es solo ambiental, sino también económico y ético. ¿Tiene sentido financiar con dinero público actividades que deterioran el patrimonio natural del que depende nuestra propia prosperidad? La respuesta marcará el rumbo de las políticas públicas en los próximos años y definirá si España apuesta por un modelo coherente entre discurso y acción.