La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) ha solicitado una investigación internacional sobre la muerte, el pasado 24 de junio, de decenas de migrantes cuando intentaban cruzar la valla de Melilla.
La Asociación se siente decepcionada con la decisión de los tribunales españoles de archivar el caso. «Pensaba que la justicia en España era mucho más independiente que la justicia en Marruecos». La portavoz de la Asociación, Jadiya Ainani, en los micrófonos de la emisora RFI afirma que la decisión «Nos ha sorprendido mucho y está claro que ni el Estado español ni el marroquí quieren que se conozca la verdad», asegura. Por ello, Ainani ha pedido una investigación internacional porque considera que «será difícil que se investigue teniendo en cuenta el actual contexto de acercamiento entre Madrid y Rabat».
Además, la sección de la AMDH en Nador se ha quejado de que las autoridades de Melilla han prohibido un homenaje en memoria de las víctimas. Al parecer, la asociación había solicitado una autorización para celebrar una concentración el Día Internacional del Migrante el domingo 25 de diciembre y bajo el lema «Dignidad, libertad y justicia para todas las personas migrantes». En el programa estaba previsto celebrar a las 11.00 de la mañana la concentración con velas por el barrio chino, un lugar con un significado especial por ser frecuentado por migrantes y solicitantes asilo. El homenaje tenía por objeto «condenar» las políticas migratorias «asesinas» no solo en el propio Marruecos sino en la Unión Europea, en particular España, y en solidaridad con las víctimas.
Esta prohibición, para la Organización, confirma la persistencia del Estado en «ocultar a los responsables de la tragedia» la continua política para coartar todas las voces libres exigiendo verdad y responsabilidad. La concentración tendría que haberse celebrado al día siguiente de la publicación del informe de la AMDH sobre las condenas impuestas a decenas de migrantes tras los sucesos de junio. El texto denuncia «violaciones de los derechos de los migrantes». A la vez que denuncian que durante las detenciones y audiencias no estuvieron presentes intérpretes ni abogados, y que los informes policiales eran un «copia y pega» en la solo se modificaba «el nombre y la nacionalidad de cada migrante».