La Asesoría Jurídica de la Guardia Civil descarta la sanción para los agentes expedientados por un comunicado contra la amnistía

El organismo considera que los guardias no son responsables directos, ya que la nota fue elaborado por PenalTech, un despacho de abogados externo

El Jefe de la Asesoría Jurídica de la Guardia Civil ha emitido una propuesta de resolución contraria al expediente abierto a los dos agentes que publicaron un polémico comunicado criticando la ley de amnistía a través de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) titulado La última barrera ante la derrota del imperio de la Ley. El escrito contenía partes que despertaron numerosas críticas, como cuando aludieron a su juramento de «derramar sangre por España».

El responsable de la asesoría sugiere no adoptar ninguna medida disciplinaria para los guardias civiles por una supuesta violación de la neutralidad profesional, con el agravante de los implicados son el presidente y secretario de APROGC.

Sin embargo, han considerado probado que el comunicado en cuestión estaba elaborado por el despacho de abogados PenalTech, dirigido por Fran Peláez, quien no pertenece a la Guardia Civil y, por lo tanto, no está sujeto al Régimen Disciplinario de la institución.

En esta línea, la propuesta de resolución aclara que los guardias civiles no redactaron directamente el comunicado, a pesar de ser responsables directos de la asociación que lo emitió. En consecuencia, descarta cualquier falta grave o pasividad en la supervisión del contenido.

PenalTech, fundado en 2020 y especializado en Derecho Penal y Ciberdelincuencia, ha asumido la asesoría jurídica penal de APROGC desde 2021 y está reconocido por el Instituto Nacional de Ciberseguridad desde 2022.

Respuesta del despacho y de APROGC ante la resolución

Tal y como recoge en un comunicado el propio despacho PenalTech, el abogado ha querido aprovechar que el expediente ya se encuentra archivado para expresar su disconformidad ante la acusación que recibieron los guardias: «se propuso apartar a los agentes del servicio durante tres meses, el máximo permitido». No obstante, el Tribunal Militar Central acabó rechazando la medida cautelar por considerarla desproporcionada para la entidad de los hechos probados.

El abogado lamenta la falta de comunicación interna que dotó de trascendencia al caso. «En ningún momento se pusieron en contacto con los agentes para aclarar lo ocurrido o para conocer el origen del mencionado comunicado», expone Fran Peláez. «Después llegaría el linchamiento mediático con la publicación y difusión de la decisión del Ministerio del Interior de expedientar a los guardias civiles en decenas de medios a nivel nacional», señala el abogado.

Por su parte, APROGC también ha recogido la oportunidad para recordar con detalle los hechos que imputaban a los agentes exonerados, en un documento titulado “NO ERA PARA TANTO”, seguiremos Hablando Claro. En este escrito, han incidido en que la Asesoría Jurídica de la Guardia Civil observa una retórica “alejada de la neutralidad política” en la redacción del expediente sancionador, que consideran amparado en la libertad de expresión de los guardias.

Comunicado de APROGC