ERC plantea penar la malversación con hasta tres años menos de cárcel para favorecer a los independentistas

Las penas propuestas por malversar dinero público oscilan entre seis meses y tres años de prisión en sustitución de las anteriores, entre dos y seis años

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado a las 8:45 de este viernes varias enmiendas a la proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos para penar el delito de malversación con hasta tres años menos de prisión –con una posible condena de entre seis meses y tres años de cárcel– a quienes utilicen indebidamente el dinero público pero sin ánimo de lucro personal. El objetivo de estas enmiendas, pactadas supuestamente entre bambalinas con los socios de Gobierno, es beneficiar a los independentistas en caso de repetir una maniobra secesionista que requieriese la utilización de dinero procedente del erario público. Hay que recordar que la reforma favorecería a al menos 24 líderes independentistas actualmente imputados, procesados o condenados por este ilícito a cuenta del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Según el nuevo artículo 432 bis que propone ERC, “la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años”.

Actualmente, el artículo 432 del Código Penal impone penas de entre dos y seis años de cárcel para “la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público”. Por lo que se reducirán en tres años en la horquilla máxima, de seis años a tres; y en la mínima de dos años a seis meses.

Los líderes del procés que estuvieron implicados en el intento de independencia de 2017 fueron condenados por sedición, malversación y desobediencia: los dos primeros delitos son los que ahora se pretenden reformar. Entre los políticos que podrían beneficiarse de la reforma están el expresident y exvicepresident de Cataluña Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente.

“Limitar las arbitrariedades del Estado para reprimir el movimiento independentista”

Y ese artículo 252 señala que “serán punibles (…) los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado”.

Con esta enmienda, que califican de “quirúrgica”, los republicanos tratan de “avanzar en la desjudicialización de la vida social y política y limitar las potenciales arbitrariedades del Estado para perseguir y reprimir el movimiento independentista”. Quieren “redefinir, esclarecer y evitar interpretaciones sesgadas del Código Penal”. “A la vez”, la modificación persigue “evitar también que la reforma pueda ser utilizada para rebajar penas en casos de corrupción”, en referencia al debate que se ha creado a raíz de la intención de ‘dulcificar’ este tipo penal con que afecta fundamentalmente a los políticos que malversan dinero público.

El objetivo es que en la nueva redacción del delito “se deje de hablar de conductas poco definidas y subjetivas como la apropiación indebida y la administración desleal, que son propias del ámbito privado” para castigar “las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro, así como el uso temporal del patrimonio público para fines particulares”.

Además de la malversación, se derogará la sedición y, de aprobarse, se introducirá el nuevo delito de “desórdenes públicos agravados“. El actual delito está penado actualmente para autoridades públicas con 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y del derecho de sufragio pasivo. Con la nueva propuesta, que tiene otra denominación, se pasaría a penas de prisión de 3 a 5 años de prisión y de 6 a 8 años de inhabilitación.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha explicado este viernes en una entrevista en Catalunya Ràdio que abogan por cambiar el redactado del tipo básico de desórdenes públicos, reducirlo a actos de violencia y superar así el concepto de intimidación, a su juicio.