Emilio Silva, activista por la memoria histórica: “Para encontrar a los desaparecidos no hace falta ninguna ley, sino voluntad política”

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia en una entrevista sobre la nueva Ley de Memoria que “al Gobierno le interesa más el número de fosas que exhuma para hacer un titular que hacer investigaciones potentes”

La Ley de Memoria Democrática entró en vigor el pasado 21 de octubre. Sobre el papel, profundiza en lo establecido por la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada por el Gobierno Zapatero. Desde su promulgación, ha habido voces críticas con la ley. Por un lado, la oposición la rechaza de pleno y ha mostrado su determinación de derogarla cuando llegue al gobierno. Por otro lado, las asociaciones memorialistas aseguran que se queda corta y no ahonda en las reivindicaciones que llevan planteando desde principios de siglo.

Esta es la segunda y última parte de la entrevista de FUENTES INFORMADAS a Emilio Silva (Elizondo, 1965), presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), además de sociólogo, periodista y nieto de un desaparecido de la guerra civil española. En la primera entrega habló, entre otras cosas, de cómo se repara a las víctimas y de algunas de las fallas de la norma.

Pregunta: Me gustaría que nos hablara un poco del papel de las asociaciones memorialistas. La norma crea un Consejo de Memoria Democrática, ¿cree que este consejo será eficaz y ayudará a esclarecer las violaciones durante la Guerra Civil y la dictadura? Y por otro lado, ¿considera que el Gobierno y los grupos parlamentarios en general han contado con ustedes y el resto de asociaciones para elaborar la ley?

Respuesta: No, y sólo puedes irte por las webs de las principales asociaciones que llevan años en este tema y verás lo que opinan de la ley. Podemos ver un vídeo de Amnistía Internacional y ver lo que piensa un organismo como ese. Realmente no han cumplido lo que deberían. Han escuchado a las víctimas, pero no me refiero solo a escucharlas en una reunión, hay que escucharlas en el Parlamento. La gente ha estado callada, no han tenido derecho a hablar en una comisión del Parlamento a explicar lo que le piden a este país. En una reunión el 26 de septiembre de 2019, un compañero mío le dio a Pedro Sánchez delante de la exministra de Justicia Dolores Delgado y del actual secretario de Estado [Fernando Martínez], un documento con lo que nosotros le pedíamos. Es más, muchas de las cosas que nosotros le reclamamos al Estado no necesitan una ley, igual que no necesita una ley para que el Gobierno español vaya a mandar a Ucrania a investigar las fosas comunes. 

Entonces, no. No ha habido ninguna escucha porque si hubiera una sensibilidad con las víctimas los derechos estarían articulados y no lo están. Desgraciadamente ha sido así y creo que la política de memoria debe ser muy pacífica. Cuando un Estado se mete en políticas de memoria deben ser participativas. 

Yo le pedí por el Portal de Transparencia un debate público al secretario de Estado y me dijo que era momento de que debatieran los parlamentarios, pero yo no me estaba dirigiendo a los parlamentarios, sino a un Secretario de Estado responsable de estas políticas de memoria. Me encantaría que públicamente con las asociaciones hiciéramos un debate público. 

Y respecto al Consejo, es darle una palmada en la espalda a las asociaciones, yo no quiero ningún Consejo, yo quiero que apliquen la legislación humanitaria. Un consejo para que se vean las caras las asociaciones si luego no las vas a oír, hay que aplicar lo que dice Naciones Unidas en sus informes.

P: Esta ley recalca la necesidad de tener fuentes de información para que el registro de víctimas pueda intervenir en aquellos casos donde aún existan personas que no hayan sido atendidas. Sin embargo, la mayoría de esos expedientes relacionados con desapariciones carecen de premisas sólidas debido al tiempo que ha transcurrido desde que los hechos se llevaron a cabo. ¿Cómo cree que se va a cumplir esta parte de la ley si en algunos casos no hay pruebas o fuentes de información?

R: Nosotros llevamos haciendo exhumaciones 22 años, el 90% de las fosas que hemos exhumado no hay ni un documento que hable de ellas, hay testigos que nos dicen dónde están las fosas. Esto ha sido un diseño político, que se mueran los testigos, ya quedan pocos. Eso ha sido voluntad de todos los gobiernos, podrían haber recogido testimonios, haber grabado, haber considerado que eran importantes. ¿Qué se hizo aquí? Rodolfo Martín Villa como Ministro de Gobernación en el año 1993, acaba de publicar sus memorias y dedica un capítulo a la destrucción de documentos en la Transición. Primero se hizo un gran borrador de papeles y luego se silenció a los testigos y a las víctimas y no educar a los nuevos ciudadanos como nuevos testigos. Y todo esto ha sido voluntad de los legisladores que han estado en el Palacio de la Moncloa. 

Tenemos posibilidad de encontrar una fosa, hacer una prueba de ADN y ver que tiene orificios de bala con esta munición, etc. Pero el actual Gobierno está más preocupado en el número de fosas que exhuma para hacer un titular que en lo que se investiga. De hecho, de las 500 exhumaciones que ha financiado con subvenciones solo se han identificado el 4% y esto tiene que ver con una metodología. Les interesa más el número de fosas que hacer investigaciones potentes. De hecho, nosotros estamos en contra de las subvenciones y nunca las pedimos, hacemos las cosas con nuestros propios recursos, y no entendemos que se convoque una subvención que financia la exhumación y la identificación y se olvida de la investigación que es el paso más importante. Convocar subvenciones significa que una víctima no tiene una oficina del Estado a la que acudir para pedir ayuda, tiene que acudir a una asociación para conseguir ejercer un derecho.

P: El Valle de los Caídos con la nueva ley se pretende resignificar y deberá afrontar una serie de exhumaciones y reformas para respetar la nueva ley. Sin embargo, en algunos casos es imposible facilitar las exhumaciones por problemas arquitectónicos según dice la ley. ¿Qué implica que no se ejecuten estas medidas de reparación para aquellas familias que no puedan exhumar a sus parientes del Valle?

R: Es muy difícil hacer un cementerio civil como dice el Gobierno debajo de un edificio católico de 150 metros, entonces para mí el Valle no se tiene que resignificar, tienen que dejar de esconder su significado. Hay que contar quién lo hizo, para qué se hizo, cómo se hizo y contar los esclavos políticos que trabajaron allí. El Valle tiene que contar su historia como hace cualquier campo de concentración.

Es muy sencillo de hacer, cuando vas al Valle haces un viaje al año 1975, el Valle tiene la misma narrativa que 1975, no hay ningún problema arquitectónico, tú vas allí y al lado de la basílica pones unos paneles que cuenten la historia. Nosotros le hemos ofrecido al Gobierno donarlo, nada menos que 30.000 trípticos para cada persona que entre sepa la historia que está viendo. Sin embargo, no han querido ninguno, ni el actual ni los anteriores. Tú eliges añadir esos elementos sin hacer un concurso internacional para poner esos paneles o un plasma donde hablen los presos que estuvieron allí trabajando u otro plasma, aunque sea con los reportajes del NO-DO de las visitas de Franco a la construcción. No necesitas ni siquiera un debate parlamentario, necesitas que se haga y punto.

Con respecto a los restos humanos que hay dentro, yo solo sé que he visto las fotos de lo que peor se encuentra. Lo cual también es una estrategia política…

P: ¿Cómo se encuentra a esas víctimas?

R: No lo sé, pero el Gobierno lo ha estudiado y no nos lo ha enseñado, solamente ha filtrado fotos de un par de huesos rotos para decir: “¡Uy, qué difícil es esto!” Pero yo no sé si hay más cosas. A mí no me han enseñado fotos de todas las salas de las criptas donde han metido cámaras, no sé si todo se encuentra así o solamente han mostrado lo más interesante, la transparencia ha sido nula.

Por ejemplo, cuando sacaron el cuerpo de Franco. Hubo un equipo de la agencia EFE y otro de RTVE. Para mi es algo incomprensible en un país democrático del siglo XXI. Debería haberse puesto una valla a 50 metros para que hubiera más periodistas, ya que tienen todo el derecho a fijarse en los detalles que quieran para hacer sus propias crónicas. No había ningún argumento político para impedirlo y se impidió. Lo que falta en el Valle es mucha transparencia.

P: En cuanto al franquismo, se impuso un modelo social sobre todas las clases que dio lugar a una España dividida entre vencedores y vencidos. Desde un punto de vista contextual la dictadura fue una época muy controvertida y opaca, ¿cree que esta ley fomenta el conocimiento de la realidad franquista?

R: Bueno, si en la ley no se va a hablar de quiénes eran los franquistas, de cómo se organizaban, qué negocios hicieron, cuál fue su evolución económica y política, quiénes tomaban las decisiones, quién escribía las instrucciones de golpe cuatro meses antes de la muerte de Calvo Sotelo… Si no se cuenta que dos meses antes del golpe de Estado en la ciudad de Madrid se eligió al presidente del gobierno de la II República en el Palacio de Cristal del Retiro y él se fue a proclamar presidente al Palacio Nacional sin que hubiera ni un solo incidente. Solo hay que repararse las hemerotecas porque esos días no pasó nada, solamente se desmayó un policía nacional en el desfile del Ejército y la Policía. 

Si no cuentas cómo fue de verdad el golpe y la trama económica a través de la dictadura junto al papel que jugó la Iglesia Católica, que en la ley ni siquiera aparece mencionada cuando el cardenal jefe de la Iglesia Católica muere meses después de terminar la guerra haciendo que Franco le entregue un reconocimiento militar. Si no nos cuentas eso tipo de cosas, no vamos a saber lo que realmente fue la dictadura… No vamos a saber que hubo 300 campos de concentración, ni la historia del medio millón de personas que se tuvieron que exiliar, ni lo que era la Dirección General de Seguridad y las torturas que hicieron en la Puerta del Sol perpetuando a dirigentes políticos y morales. Ese relato, que es prioritario en los libros de texto, no está en la ley.

“no hay ninguna voluntad para que alemania e italia afronten sus crímenes de guerra”

P: Esta ley también hace referencia al marco internacional, la norma reconoce una implicación fuera de España realizada de forma activa, ¿es posible que la nueva ley posibilite que el resto de las naciones implicadas puedan afrontar esos crímenes de guerra? 

R: No hay ninguna voluntad. Nosotros hemos escrito a los embajadores de Alemania e Italia un montón de veces, además hemos instigado al Gobierno en la última reunión de Sánchez con el canciller alemán a exigir una reparación para sus ciudadanos porque no se sabe que Madrid fue la primera capital europea bombardeada por artefactos alemanes. Esta ciudad tiene el cuadro más famoso de un bombardeo [el Guernica de Pablo Picasso] y en esa misma sala donde está la pintura había heridos por esas bombas, ya que hace tiempo esa zona fue un hospital provincial. Todavía, en la actualidad, no nos dejan investigar quiénes eran esos muertos.

España no le va a exigir a nadie, no hace falta mirar solo a Alemania e Italia. Tenemos miles de desaparecidos y eso es un problema de la Unión Europea, la cual no ha hecho absolutamente nada. Nos censuró hace años por realizar una exposición sobre los desaparecidos y las exhumaciones sin que esta tuviera ningún tono político, solamente se explicaba lo que ocurría desde que una persona empieza a buscar a un familiar hasta que se le entregan sus restos identificados.

Un gestor del grupo popular holandés decidió que esto podría crear controversias dentro del Parlamento Europeo, después de que todo fuera autorizado. ¿Controversia? Si en un parlamento no puede haber controversia deberían cerrarlo. El parlamento es la sede de la controversia, donde se soluciona política y dialécticamente cada una de ellas. Entonces, España jamás le va a exigir a Alemania responsabilidades por lo que ha hecho… Es algo que no ha hecho ningún presidente. Nosotros en el año 2002 ya empezamos a exigir en todas las embajadas que se hiciera algo, pero el Gobierno español no se pronuncia nunca al respecto. Cuando vino Angela Merkel a Santiago de Compostela en 2014, el primer denunciante que hubo en Argentina en la querella abierta contra los crímenes del franquismo estuvo cuatro horas esperando para poder entregar una carta. Jamás el Gobierno va a buscar una petición así, ojalá, pero no es el caso. 

“La política de la chequera DE UN CACIQUE con las exhumaciones debería haberse quedado en el siglo XIX”

P: Antes de las exhumaciones, la ley reconoce en el artículo 20 que, en casos de exhumaciones en las propiedades privadas, las familias que estén interesadas en la exhumación deberán costear los daños ocasionados a los titulares. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de esta ley es compensar a las víctimas de la forma más adecuada y protectora, ¿la Administración debería cambiar este apartado donde se regula dicho asunto?

R: Yo creo que no hay ninguna propiedad privada en materia de derecho, eso no existe. Es como si alguien mata en una finca y el propietario dice aquí no podéis entrar a investigar el crimen, eso es impensable en materia de justicia. Cuando tú quieres quitarles a los jueces una materia que les corresponde realizar a ellos, haces estas cosas y no estás dando un tratamiento adecuado en materia de derechos humanos. Nosotros en general no hemos tenido ningún problema para acceder a una finca privada, salvo un caso especial. Eso está hecho para grandes excepciones en casos que casi no han ocurrido: es legislar una excepción. Todo esto no es más que el relato de la indefensión de las víctimas.

P: Según la Secretaría de Estado de Memoria, respecto a las exhumaciones, dicen que se invertirán 6,3 millones de euros…

R: De eso no quiero ni hablar, me parece tan vergonzoso hablar de dinero y derechos humanos… Yo no tengo ni idea de lo que costó reparar el atentado de Atocha. Te puedo mandar decenas de enlaces donde el Gobierno no para de comunicar cantidades económicas. Pero es una vergüenza y un insulto a víctimas que no han sido indemnizadas. Hablar de dinero y hacer titulares de estas cuantías da vergüenza.

Hace un mes en Madrid hubo una exhumación en Colmenar Viejo que se hizo con una inversión pública, después del octavo día al terminar por falta de dinero, llega el ministro [de la Presidencia, Félix] Bolaños, saluda a los familiares y les dice “no os preocupéis que vamos a poner el dinero que falta para acabar esta exhumación”. La política de la chequera de un cacique debería haberse quedado en el siglo XIX. En materia de derechos humanos tú no puedes ir a una exhumación, donde hay decenas de desaparecidos, a decirles eso a las familias. Una auténtica vergüenza hablar de dinero.

P: Pero aparte de la inversión económica, ¿qué más hace falta para encontrar a los desaparecidos de la guerra civil que yacen en cunetas y zonas comunes?

R: Pues abrir una oficina con los historiadores que el Estado tiene en las universidades y además aumentar el número de forenses de la policía judicial. Ya tenemos todo lo que hace falta, lo único que necesitamos es que el poder ejecutivo ponga a trabajar a todos esos empleados públicos. Cuando quieren los mandan a Ucrania o repatriar cuerpos de la división azul, pero no se oye ningún debate en el Parlamento sobre si hay que repatriar a estos últimos. Simplemente alguien del Ministerio de Defensa tomó la decisión de forma sencilla. Lo que falta es voluntad política, no ninguna ley para decir que los forenses vayan a Ucrania o a Badajoz. Solamente se necesita que el responsable de estos forenses e historiadores les de algo de trabajo. 

Nosotros hemos tenido un caso emblemático en un pueblo que se llama Villadangos del Páramo, en León, donde una junta vecinal votó para que no se pudiera abrir una fosa. Durante años, los familiares han estado recabando información poco a poco, cogiendo diversas teselas para saber lo que pasó y les han mentido diciendo que no había nada que encontrar porque allí no habían matado a nadie. Pero al final encontramos 10 cuerpos de los 70 que buscábamos porque la gente del pueblo sabía que el resto estaba edificado durante los años 90, ya que nadie los sacaba de las fosas. Nos costó años llevar a cabo esa investigación, pero con una placa de la Policía se habría arreglado en tres horas sin hacer que las familias sufran pensando si sus seres queridos están en ese pueblo. Esto sería muy fácil hacerlo si llegamos con la Policía y nos ahorraríamos un montón de problemas sin tener que husmear ni aguantar silencios por parte de los vecinos. El Estado tiene todos los medios, solamente hace falta aplicar bien las políticas y no hablar de seis millones. 

Nadie sabe cuál es el presupuesto que tiene el Gobierno para solucionar asesinatos con arma blanca. El Ministerio de Interior nunca da estos datos, ni pone límites a las investigaciones por falta de presupuesto. Simplemente posee todos los recursos para actuar porque considera que tiene el deber de investigar.

P: ¿Cuál es su opinión respecto a las exhumaciones de Milans del Bosch y Moscardó? ¿Cree que serán tan rápidas como las de Queipo de Llano y Bohórquez?

R: Vuelvo a decir, eso me parece secundario, lo más importante para el Gobierno debe ser atender a las víctimas. Esa es la prioridad y la urgencia, lo demás me da igual. No obstante, hay gente muy conocedora del caso de Queipo de Llano, como el historiador Francisco Espinosa Maestre, autor del libro La justicia de Queipo, que está en contra de que se haya exhumado a Queipo de Llano porque no ha sido la Iglesia quién ha tomado la decisión de sacarle. Fue esta la que decidió poner en La Macarena el cuerpo de un genocida. Aunque eso esté bien, me parece que Franco también debería dejar de estar enterrado en un cementerio de propiedad pública.

“La política de memoria es necesaria porque ha habido muchos años de ignorancia y ocultación: no ha habido justicia ni respuestas”

P: Además, costándole al Estado 9.000 euros al año…

R: Aunque fuera un céntimo, el significado político que tiene eso es carísimo. Yo no quiero pagar con mis impuestos la tumba de ese señor, ni tampoco la de su mujer ni la de su ministro del Interior Alonso Vega, ni para [el expresidente del Gobierno, Carlos] Arias Navarro, ni la del dictador dominicano [Rafael Leónidas] Trujillo, enterrados todos en el mismo cementerio [de Mingorrubio, Madrid]. 

Todo esto es una pugna por la libertad del pasado. Eso es lo que está en debate, incluso la reacción de los partidos de derecha que no dicen nada respecto a las élites franquistas de este país. Se debería hacer un censo del franquismo para saber quiénes eran y qué hicieron, de forma pública y notoria. ¿Qué hay en la derecha realmente para que viva esta ley? Absolutamente nada, solo una pugna por su significado.

P: Siguiendo con las exhumaciones, ¿qué cree que ocurrirá con el caso de Primo de Rivera? Figura entre las personas fallecidas “a consecuencia de la guerra”. El Gobierno le ha ofrecido a la familia seguir en el Valle de Cuelgamuros, pero en un lugar secundario para cumplir con el artículo 54.

R: A mí me da igual Cuelgamuros, yo voy a seguir llamándolo Valle de los Caídos porque con los estudiantes que estuve el otro día vimos una puerta donde hay enterradas 33.000 personas y pone “caídos por Dios y por España”. Cuando cambien eso, le pueden cambiar el nombre, pero si dejan estas simbologías no. Esto es igual que con el certificado de reparación, repara antes y luego me das el diploma. 

Nosotros no pedíamos que Franco saliera del Valle, sino que saliera de un espacio público pagado con impuestos. Pero como he dicho, antes eso no ha sido así. Con Primo de Rivera pasa lo mismo, debe salir del espacio público, no moverse de un lado a otro. Estas jugadas no me sirven porque las seguimos gastando. 

Finalmente, ¿por qué es necesaria una política de memoria?

Porque ha habido muchos años de políticas de ignorancia y de ocultación. Todos los partidos antiguos votaron la ley de amnistía y durante 25 años en el parlamento español no se mencionó a los más de 100.000 civiles desaparecidos de la represión. Esta política hace falta porque no ha habido justicia ni respuestas.