Emilio Silva, presidente de la ARMH: “La Ley de Memoria no garantiza el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica critica que la norma aprobada por el Gobierno no recoge “un censo de verdugos” ni menciona al papel que desempeñó la Iglesia Católica en el franquismo

La Ley de Memoria Democrática, que a priori supone una profundización en la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso de los Diputados en octubre de 2021, pero dos meses después se dejó en ‘la nevera’ al no contar el Gobierno con suficientes apoyos para sacarla adelante. Finalmente, entró en vigor el pasado 21 de octubre.

Emilio Silva (Elizondo, 1965) es sociólogo, periodista y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). También es nieto de Emilio Silva Faba, un militante progresista que fue asesinado junto a otras 12 personas por los falangistas el 16 de octubre de 1936 y fue enterrado en una fosa común que finalmente localizó en el año 2000. Este hecho, entre otros, lo empujó a dedicarse al activismo y a crear la asociación.

Con motivo de la reciente promulgación de la Ley de Memoria Democrática, Silva ha atendido a FUENTES INFORMADAS para trasladar el punto de vista de las asociaciones memorialistas y de las víctimas. Se trata de la primera entrega de una entrevista que cuenta con dos partes.

Pregunta (P): ¿En qué aspectos se queda corta esta ley desde el punto de vista de las víctimas?

Respuesta (R): Según la legislación internacional y los acuerdos que ha ratificado el Estado español desde el año 1977, los cuales la dictadura ratificó ese verano desde el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hasta la Convención contra la Desaparición Forzada e Involuntaria, tiene garantizada a víctimas de delitos como las desapariciones forzadas, el derecho a la verdad, a la justicia, y a la reparación. Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática no les garantizará ninguno de esos derechos. 

En el preámbulo, la ley repite en innumerables ocasiones “verdad, justicia, y reparación” pero vemos que en el articulado esto no es así. La ley también recoge la idea de crear un censo de víctimas, pero no de hacer un censo de verdugos, con lo cual no se puede hablar de verdad cuando no se cuenta quiénes son las víctimas, qué les pasó, y quién decidió que fueran víctimas. 

En la ley también se contempla la posibilidad de incluir las enseñanzas de quienes construyeron a lo largo de décadas la democracia en España, pero no de quiénes la destruyeron. Yo creo que el derecho a la verdad ya no existe. 

Por otro lado, la ley hace una cosa que creo que es discutible, que es recordarles a los jueces cómo pueden interpretar ciertas leyes. Lo que se les dice es que no se olviden de que los tratados internacionales son también legislación española y eso para mí es otro truco. Debido a eso nosotros hemos puesto decenas de denuncias y no nos contestan ni hacen nada.

P: ¿Y cómo se repara a las víctimas?

R: Lo debería hacer la Justicia, como a cualquier otra víctima. En Argentina, por poner un ejemplo, todas las familias de desaparecidos han recibido una indemnización de 200.000 dólares. O, por ejemplo, cómo se ha reparado el terrorismo en nuestro país. Naciones Unidas hizo dos informes en el año 2014 en los cuales la organización explicaba que veía con preocupación la diferencia de trato entre víctimas de violencias de distinto perpetrador.  

El Estado lo que tiene que atender es el daño, y no puede diferenciar entre asesinos. A un Estado democrático le tienen que doler todas las víctimas. No se puede comportar como hizo Franco en la posguerra. Franco indemnizó a los que consideraba que eran los ‘suyos’, les dio pensiones especiales, puestos en la Administración Pública, gasolineras, becas para estudiar… Lo hizo con el dinero de todos, pero solo para unos. Ese comportamiento excluyente no puede ser en una democracia. 

En el caso de mi abuela, que se quedó viuda porque un grupo de pistoleros asesinaron a su marido, no hubiera sido ninguna amenaza para el franquismo que sacara el cuerpo de mi abuelo de dónde estuviese y lo hubiera llevado a enterrar a un cementerio. Lo que nos explica es que el proyecto de quienes hicieron el golpe era otro, era aterrorizar, mantener el dolor.

“Esta ley hace piruetas del lenguaje sin ninguna consecuencia”

P: ¿Cómo se repara a esas víctimas que ya no están entre nosotros, a los que ya perdieron la vida?

R: Pues como se hace con las del terrorismo. A mi abuelo lo asesinaron, lo detuvieron durante unas horas personas que no tenían ninguna legitimidad. Fue un secuestro en el que lo torturaron y asesinaron con dos tiros en la cabeza. Sus asesinos volvieron al pueblo en el que vivía mi abuela con seis hijos y le quitaron todo, y además, quienes le asesinaron gobernaron en ese pueblo durante cuarenta años.

Es mucho más grave que asesinen al padre de familia, porque genera una situación de precariedad económica en esa familia muy grave. Después de todo esto, mi padre necesitaba un permiso de buena conducta para poder tener un contrato de trabajo, ¿y quien le daba ese permiso de buena conducta? Un sacerdote católico. ¿Y qué es lo que no está mencionado en ninguna de las páginas de la ley? La Iglesia Católica, porque lo que ha querido es respetar la ‘ley de hierro de la oligarquía’ de Michels, un límite que conquistaron las elites de la dictadura en la transición.

Esta ley habla de anular las sentencias de la dictadura, hace piruetas del lenguaje sin ninguna consecuencia. Por ejemplo, el certificado de reparación que no conlleva ninguna reparación. Hemos visto a Pedro Sánchez el 31 de octubre entregar a algunos familiares un certificado de reparación. Yo soy nieto de un desaparecido y yo no quiero un certificado. Mi padre salió del colegio con 10 años y no lo volvió a pisar nunca más. Yo quiero una reparación. 

La ley, tal y como explica, anula las sentencias, pero nadie es responsable de la confiscación de bienes de las familias. Si vas a las disposiciones de la ley lo que sí aparece es que los partidos políticos de 1936 tienen derecho a ser indemnizados por su patrimonio. A mí me parece vergonzoso. Si mi abuelo hubiera sido dueño de una sede de un partido político, mi familia tendría derecho a recuperar sus bienes.

Cuando uno lo que quiere es reparar una situación, que es la confiscación ilegal y violenta de bienes, no se pueden hacer excepciones. Tiene que ser de manera universal. No se puede crear una ley que promueva que va a arreglar esos daños y lo único que crea es un agravio comparativo. 

P: Ha subrayado los defectos de esta ley, pero, ¿qué avances tiene con respecto a la ley de memoria histórica de 2007?

R: El próximo 27 de diciembre la Ley de Memoria histórica 52/2007, que prohíbe la existencia de calles y monumentos de exaltación del franquismo, va a cumplir 15 años. A lo largo de este tiempo hemos tenido ocho años de Gobierno socialista y siete del Partido Popular. Esta ley ha atravesado 15 años hasta llegar a la actualidad, y hoy en día en España hay miles de placas franquistas en iglesias, ayuntamientos, calles… Si el Estado persiguiera verdaderamente a quienes no cumplen con la ley se hubiera llevado por delante a bastantes cargos públicos, incluso a ministros.

La ley actual insiste en que no puede haber elementos de exaltación del franquismo y retira los títulos nobiliarios. Deberían desaparecer todos los títulos nobiliarios. Nosotros fuimos los primeros que denunciamos la renovación de los títulos nobiliarios con el caso de los descendientes de Emilio Mola en 2009. 

Esta nueva ley también prevé la desaparición de la fundación Francisco Franco. Nosotros no queremos que desaparezca esta fundación, queremos que no existan fundaciones que entre sus objetivos exalten hechos o personajes que están asociados a vulneraciones de derechos humanos. Me da igual el grupo político que quiera crear una fundación si es con ese objetivo. La fundación Franco existe hoy porque nadie ha hecho nada para que deje de existir.

“Los gobiernos de este país y las élites han creado una cultura política que no permite homenajear a las víctimas”

P: La ley actual dice que se centrará en dar importancia a las atrocidades que se cometieron durante esa época dejando de lado a las figuras de poder, pero ¿cómo se ha de informar y educar acerca de lo que pasó en el franquismo? 

R: Dejando de esconder la historia. Hay una noticia en elDiario.es en la que se dice que por fin los libros de texto van a contar que el golpe de Estado de 1936 fue efectivamente un golpe de Estado. ¿Qué han hecho los 45 años antes? Ocultar o mentir. A mí me parece muy importante que se cuente la historia de las personas que construyeron la democracia y de quienes la destruyeron, esto es fundamental para crear una sólida cultura democrática en la ciudadanía.

Lo que no se puede permitir es que la Universidad Complutense de Madrid hiciera un homenaje a sus cuatro rectores represaliados en la dictadura, y mientras hacían ese homenaje hubiese una escultura dedicada a José Ibañez Martín, ministro de Educación del franquismo y responsable de la depuración de todos esos rectores, trabajadores y estudiantes, y también de la de profesores que no pudieron volver a ejercer su profesión nunca más.  

Los gobiernos de este país y las élites han creado una cultura política que no permite homenajear a las víctimas. Esto es incompatible con la cultura democrática, entonces, la ley mejora en el carácter simbólico pero si detrás no hay una verdadera voluntad política de aplicarla férreamente no conseguiremos nada. Si alguien quisiera una concentración similar a la que hubo el 20N en la Plaza de Oriente o en el Valle de los Caídos con una cuestión de un grupo terrorista, no pedirían después un vídeo para poner una multa. Si se hubiera producido, hubiera actuado la Audiencia Nacional, entonces, tú tienes que proteger a todas las víctimas de todas las violencias, no puedes proteger a unas y vejar a otras. Con eso no acaba la ley porque esas concentraciones las aprobó la Delegación del Gobierno en Madrid, dijo la delegada que con un informe de la abogacía del Estado, que yo quiero leer.

El artículo 16 de la ley prohíbe cualquier exaltación en cualquier sitio del territorio de este país, como el Valle de los Caídos. En 15 años, yo he visto con mis ojos montones de vulneraciones a esa ley, en redes sociales lo mismo, he pedido por transparencia cuántas sanciones se han puesto en 15 años, lo solicité hace 8 o 9 meses y son exactamente cero. Ahí es donde actúa la voluntad.

“En la exhumación de franco su familia vulneró la ley y Dolores Delgado no pestañeó: si no defiendes la ley estás prevaricando”

P: ¿Entonces la ley no ha sido eficaz?

R: No, la ley no, quiénes no han sido eficaces son los gobiernos. Los gobiernos son los que tienen que aplicar la ley y garantizar su articulado. Allí mismo, el día que sacaron el cuerpo de Franco, estaba la ministra de Justicia [Dolores Delgado] y la familia Franco en varias ocasiones vulneró el artículo 16 de esa ley [la conocida como ley de memoria histórica de 2007]. Nadie les dijo nada, la ministra no pestañeó, y si eres un ministro, si no defiendes la ley estás prevaricando. Pues miles de personas alrededor de la ministra de Justicia estaban prevaricando. 

P: La ley establece que hay un régimen sancionador administrativo, pero no establece una tipificación penal sobre la apología del franquismo. Entonces, ¿cómo se van a articular las sanciones a quienes vulneren la ley para que sea de una forma efectiva?

R: Para empezar no hubo ninguna reacción del Gobierno hasta que nosotros hicimos varias protestas y una la registramos por los canales oficiales al presidente del Gobierno. Ahora han pedido unos vídeos y la delegación del Gobierno ha pedido un informe a la Abogacía del Estado, yo lo pedí por Transparencia, existe un informe de la Guardia Civil y otro de la Policía Nacional, también los pedí por Transparencia y vamos a ver en qué queda eso.

Podrá la voluntad política del Gobierno decir: “voy a hacer algo ejemplar para que la gente lo sepa” o podrá no decir nada ejemplar. Yo sí que he visto un vídeo en Internet donde un policía le dice a una persona en la Plaza de Oriente “desgraciadamente hay una ley que no le permite exhibir esa bandera”. Un funcionario del Estado que está trabajando para hacer cumplir la ley, dice la palabra, con un uniforme representando a la ciudadanía, “desgraciadamente”. ¿Le van a expedientar por algo a ese policía si lo que está diciendo es que es una desgracia que no se puedan exhibir símbolos de una dictadura?

Vamos a ver la voluntad del Gobierno. Vamos a ver cómo el Gobierno decide en qué casos aplicar la ley. Entonces, para empezar puedes ver el timeline de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y no hay ni un solo tuit y es la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. No vas a ver ni un solo tuit aunque sea con una declaración política diciendo a estos grupos dónde están los límites.