El ‘sanchismo’ aprueba la amnistía que permite la vuelta de Puigdemont y abre una batalla legal en España y Europa

La votación ha sido pública y por llamamiento, con los diputados poniéndose en pie para anunciar su voto a viva voz

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves con mayoría absoluta la Ley de Amnistía, levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su implementación. La norma será enviada al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. El trámite se ha superado por un margen estrecho, ya que se requerían 176 votos y se han obtenido 177.

Así, la ley ha reunido el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. No ha participado en la votación, ni telemáticamente, la diputada de Podemos Martina Velarde, lo que ha propiciado lo ajustado de la votación.

Como ha pedido el PP, la votación ha sido pública y por llamamiento, con los diputados poniéndose en pie para anunciar su voto a viva voz. Por sorteo, la votación ha comenzado con el Sí del socialista Roberto García Morís, que ha votado telemáticamente. Cuando ha votado el presidente Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno se han escuchado gritos de «traidor» desde la bancada de Vox.

Amnistiar los delitos del 1-0

Esta “Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” nació de los pactos que el PSOE selló con ERC y Junts a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.

La proposición de ley fue registrada en solitario por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado y, aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, no ha visto la luz hasta más de seis meses después.

Se trata de la segunda ley que apruebe el Parlamento desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez el pasado diciembre, además de la reforma constitucional para eliminar el término disminuido de la Carta Magna.