El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado la detención de once investigados en el caso Titella, donde se investiga al famoso productor José Luis Moreno por delitos como estafa u organización criminal, por no haber comparecido esta semana cuando estaban citados.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que Ismael Moreno ha acordado esta decisión porque no solo no comparecieron sino que tampoco comunicaron que no iban a ir a declarar.
El papel de José Luis Moreno consistiría, según los investigadores, en prestar «su nombre como tarjeta de visita» y ofrecer un supuesto proyecto audiovisual mientras otros maquillaban sociedades y las presentaban a los bancos, un rol del que se desmarcó cuando le tocó declarar en la Audiencia, donde negó ser «el capo de nada» o tener testaferros porque no los podría «soportar».
Esta semana han comparecido poco más de la mitad de los 77 nuevos imputados, que acabaron investigados tras recibir el juez un oficio policial que identificaba a «colaboradores/autores» que formarían parte «del escalón más abajo de la organización» y posibles testaferros. También apuntaba a empleados de banca que podrían haber colaborado con la organización.
No obstante, la mayoría de los citados se está acogiendo a su derecho a no declarar y aquellos que sí lo hacen apuntan a los investigados Antonio Aguilera y Antonio Salazar como los líderes de la trama, según han añadido las fuentes.
Es más, ninguna de estas personas conoce a Moreno, dejando claro que la financiación y préstamos se gestionaban a través de Aguilera.
Los tres, según los investigadores, dirigieron un entramado empresarial de más de un centenar de sociedades, con ramificaciones internacionales, «valiéndose para ello de diferentes administradores testaferros, a los que pagaban una comisión», que son precisamente quienes están compareciendo esta semana y la próxima, con las últimas citaciones fijadas para el lunes y martes próximo.
En el informe que derivó en estas imputaciones, la Policía describía una operativa presuntamente utilizada por la organización consistente en «la utilización de empresas pantalla» administradas por testaferros que, en su mayoría, carecían de «actividad real».
Era, decían los agentes, «a todas luces fraudulenta» dado que la financiación «jamás era destinada a los fines para los que se concedió», sino que el «único objetivo era obtener financiación» que permitiera a José Luis Moreno y a otros imputados «continuar con su elevado tren de vida».
