El Gobierno de Andorra niega que la ‘policía patriótica’ forzara la caída de la BPA pese a lo que acreditan los audios de Villarejo

El Tribunal de Corts se acoge a un subterfugio legal para no entrar en el fondo de las maniobras de la policía española contra la BPA, e interpreta que, aunque lo que declaró Villarejo fuera cierto, esto no tiene nada que ver con la nota de aviso del FinCEN, forjada con mentiras de los agentes españoles a EE UU

La representación letrada del Gobierno de Andorra constituida como acusación particular en la causa general del ‘caso BPA’ (Banca Privada de Andorra), según ha publicado el diario del Principado Altaveu, considera poco menos que un “rumor” y un “lavadero” vincular la ‘Operación Cataluña’ al caso que está juzgando el Tribunal de Corts andorrano. La sala que tramita esta causa mantiene que por mucho que todo aquello que ha ido explicado el comisario José Manuel Villarejo fuera cierto, esto no tendría nada que ver con lo que condujo a intervenir Banca Privada de Andorra (BPA).

Las diligencias judiciales abiertas en España (luego cerradas sin hallar irregularidades en la entidad) desmienten a la representación letrada, en cuyo informe subyace evitar que el Gobierno de Andorra, para el que trabajan estos funcionarios, se escabulla de la responsabilidad penal y civil, unos 500 millones de euros, que le exigen los accionistas de la BPA por la arbitraria intervención de esta entidad. Y todo ello sin contar los otros 500 millones que ya le ha costado a los andorranos la gestión pública de la BPA desde entonces. La representación letrada tacha de “rumor y lavadero” vincular esta actuación del Gobierno andorrano con la Operación Cataluña que emprendió la policía patriótica española para frenar el independentismo catalán. En la parte superior de esta información se reproducen tres audios que desmienten al letrado del Gobierno del Principado. Solo hay que escucharlos.

En mayo de este año FUENTES INFORMADAS publicó tres audios que hoy vuelve a reproducir y que hacen referencia al complot urdido por la brigada patriótica con el objetivo de hacer caer a la BPA. El excomisario de Asuntos Internos y presunto ideólogo de esta trama catalana y también uno de los artífices de la consiguiente caída de la BPA, Marcelino Martín Blas, reconoce en esos audios las acciones de acoso y derribo contra el banco, que de ser entonces uno de los más solvente de Europa se halla en quiebra desde que los intervino Andorra.

Hay un audio, demoledor, de Celestino Barroso, el primero de los tres que hoy se reproducen de nuevo, en el que el inspector jefe de policía en la embajada de España en Andorra traslada las amenazas de intervención a un alto ejecutivo de la entidad, Joan Pau Miquel -con la connivencia del Ministerio del Interior-. Le dice, se escucha perfectamente en el primero de los tres audios citados, que si el banco no les da las cuentas de la familia Pujol, para combatir el independentismo, se intervendrá la entidad, lo que finalmente se consiguió tras las mentiras deliberadas al FinCEN estadounidense por parte de la policía patriótica española.

El FinCen, en el informe que provocó la caída de la BPA, con el empuje arbitrario del Gobierno del Principado, señalaba que en el sistema financiero de Andorra, sin mencionar ningún banco en concreto, podía haber problemas de blanqueo de capitales.

Los americanos pretendían controlar el dinero opaco-cash de Andorra, y así lo advirtieron. Pusieron como ejemplo de ese blanqueo una cuenta del Credit Andorra, nunca de la BPA. Pese a ello, el Gobierno del Principado, excediéndose del contenido del informe del FInCen, y para contentar al organismo antiblanqueo estadounidense, prefirió que cayese la BPA y dejar intacto al AndBank, con el que algunos mandatarios andorranos tenían fluidas relaciones e incluso habían trabajado para esta última entidad.

El Andbank y sus influencias políticas

El AndBank era en realidad el banco en el que se movía la familia Pujol. Hace decenas de años que los Pujol mantenían una estrecha relación de amistad con la familia Reig, de facto los dueños de esta entidad. En AndBank, y no en la BPA, estaba una de las cuentas denominadas “soleados” creadas en Suiza por el gestor de grandes fortunas Arturo Fassana, implicado en su día en el caso Gürtel. Soleados les llamaba Fassana a los españoles que ocultaban dinero en Suiza y otros paraísos fiscales.

En el Andbank había, por ejemplo, una cuenta del rey emérito que la policía patriótica eludió investigar porque desde altas instancias del Ministerio del Interior se les ordenó que no investigasen Andbank, porque podía salir a relucir el Rey, y sí a la BPA. Desde Andorra también dejaron al margen a AndBank, no ya solo por la cuenta del Rey, sino por motivaciones personales y afinidades políticas. Reig-Rivas, socio mayoritario de AndBank, fue primer ministro de Andorra. Su familia promovió el partido que ganó entonces las elecciones en el Principado, el DA. Y el exconsejero de Economía Jordi Cinca es del círculo más próximo a los Reig. En cambio, los máximos accionistas de la BPA, aunque de nacimiento son andorranos, son hijos de migrantes españoles que hicieron fortuna en Andorra.

Marcelino Martín Blas

El letrado del Gobierno de Andorra obvia en sus manifestaciones el papel desarrollado por el excomisario español de Asuntos Internos y presunto ideólogo de la Operación Cataluña, Marcelino Martín Blas. Este, tanto en sede judicial como en el Parlamento de Cataluña, negó en su día su participación en esta trama. Los audios también le desmienten. “Lo de Andorra déjalo, que está calentito», le espeta Martín Blas al director adjunto operativo (DAO) de la policía, Eugenio Pino, y a los comisarios Villarejo y Pedro Esteban durante un encuentro entre los tres que fue grabado. El propio Martín Blas menciona en ese audio las gestiones que llevaba a cabo con el entonces jefe del Sepblac para hundir a la BPA.

Los calificativos de “rumor y lavado” antes citados que realiza la representación letrada del Gobierno del Principado aparecen en un auto dictado ayer jueves por la sala que preside el magistrado Enric Anglada y por el cual se desestima la acción legal impulsada por la defensa de uno de los procesados en la causa que consideraba que ante los hechos que habían ido transcendiendo se podía concluir que el FinCEN, el organismo del Tesoro Americano, fue engañado y por eso había emitido la nota de aviso que comportó la intervención de la BPA. Ante esto, se reclamaba que aquella ‘notice’ se dejara sin efecto como notitia criminis -una revelación de la comisión de un hecho presuntamente delictivo- y punto de partida de toda la causa abierta contra el banco, así como contra sus dirigentes y trabajadores.

La Sala indica que no hay conexión entre lo que llevó al organismo antiblanqueo americano, el FinCEN, a emitir su nota hablando de blanqueo en Andorra y las maniobras policiales para coaccionar a la BPA que llevó a cabo la policía patriótica. La Sala mantiene que ya en su día se tuvieron en cuenta elementos como las coacciones a dirigentes de BPA y no se valoró que tuviera nada que ver con las decisiones de las autoridades financieras americanas.

Según mantiene dicho tribunal, que se haya pasado a investigar en un juzgado de Andorra a Mariano Rajoy o a el exministro Jorge Fernández Díaz por coacciones y ataques a la soberanía andorrana y a BPA no cambian nada.

Cuando los jueces realizaron esa interpretación ignoraban el contenido de los audios que recientemente ha destapado FUENTES INFORMADAS, es decir, que Martín Blas había mentido, y las declaraciones del comisario Villarejo en el sentido de que altos cargos de Interior habían dado luz verde para engañar al FinCen y generar la caída de la BPA.

El tribunal utiliza una argucia legal relacionada con el procedimiento utilizado por los defensores de los procesados en la causa para no tener que entrar a analizar el impacto que puede tener la comisión de investigación que se está constituyendo ahora en el Congreso de los Diputados para investigar los efectos en la BPA de la Operación Cataluña y los ataques de la policía patriótica al independentismo, así como todas las causas judiciales, en Andorra y en España, que pretenden aclarar la vía andorrana de la citada Operación Cataluña. De hecho, varios abogados inmersos en el proceso judicial han pedido la suspensión de la vista hasta que no se tenga claro todo lo concerniente a la actuación de la policía patriótica.

Tecnicismos jurídicos para no investigar

El Tribunal de Corts rechaza parar nada, como le piden los abogados, y tampoco entra a valorar toda la documentación enviada, incluidos varios audios de Villarejo donde miembros de la policía patriótica explican el modus operandi que utilizaron para obtener datos contra los dirigentes políticos independentistas catalanes. Además, no se hace referencia a cómo afectó esta situación a Andorra y a la BPA -uno de los bancos más solventes de Europa antes de la intervención: y en quiebra desde que fue intervino tras acumular 500 millones en pérdidas- y no entra a valorarlo porque considera que los abogados no han empleado la fórmula procesal correcta.

La representación letrada del Gobierno de Andorra mantiene que las amenazas y coacciones sobre la BPA ya se están investigando en otra causa. Así, aseguran que tanto el Tribunal de Corts como el Tribunal Constitucional del principado ya se han manifestado varias veces en el sentido de que no hay vínculo entre la nota del FinCEN y las acciones presuntamente ilegales de la policía patriótica y que “nada añade a la carencia de indicios entre unos y otros hechos la voluminosa documentación aportada por escrito por la defensa”, que pedía la parada de la vista.

El origen de la ‘Operación Cataluña’ en Andorra y los audios desvelados por ‘Fuentes Informadas’

Cuando el independentismo catalán se encontraba a las puertas de culminar el ‘proces’, la cúpula policial del Ministerio del Interior en la época del PP utilizó a esa policía política para atacar a sus enemigos, entre ellos, los líderes del secesionismo catalán. Y no se anduvieron con contemplaciones, arguyeron que Cataluña estaba en guerra con España. De esa forma se insuflaron de moral. Y bajo esa premisa, el que no colaboraba o, simplemente, carecía de lo que le pedían, tendría un futuro poco halagüeño.

El más claro exponente de este desaguisado fue la Banca Privada de Andorra (BPA). Esta entidad no tenía lo que los agentes españoles intuían que tenía: las millonarias cuentas de la familia Pujol, que estaban realmente en la rival AndBank y en Suiza. Y se llevaron por delante a la BPA. Su plan fue forjar una campaña de bulos y mentiras estratégicamente orquestadas y filtradas al FinCen americano. Era entonces BPA la entidad más solvente de España y casi de Europa, pero el complot tejido desde el aparato policial español, con la colaboración de algunas instituciones andorranas, la condujo al abismo.

El famoso financiero de las Torres Kío de Madrid y durante muchos años amigo personal de los Pujol, Javier de la Rosa; Victoria Álvarez, exnovia de uno de los hijos del expresidente catalán, y la BPA se convirtieron en pivotes (sin querer serlo) sobre los que la policía patriótica tejió una demoledora estrategia de embridaje del movimiento separatista. Así lo acreditan los citados audios del comisario José Manuel Villarejo a los que han accedido en exclusiva FUENTES INFORMADAS y el diario El País. El excomisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, en el marco de la denominada policía patriótica, fue quien preparó y coordinó los informes que sirvieron al Gobierno de Andorra para intervenir la BPA y su filial española, Banco de Madrid.

El 4 de marzo de 2014 se celebró una reunión en la sede de la Dirección General de la Policía a la que asistieron Eugenio Pino, director adjunto operativo, el máximo jefe de la policía española en ese momento; Martín Blas, entonces comisario de Asuntos Internos; Pedro Esteban, comisario de Información de Cataluña, y Villarejo, entonces jefe de los agentes encubiertos.

La reunión tenía como objeto analizar las investigaciones que desde la DAO se seguían en Cataluña para desmantelar las ambiciones separatistas. Hubo dos momentos diferenciados en aquel encuentro. La primera parte, de 30 minutos de duración y en la que Villarejo apenas intervino, la dedicó el comisario Esteban a explicar el contenido de distintos informes que daban cuenta de investigaciones que se estaban desarrollando en Cataluña y Andorra.

Los informes los archivó luego Martín Blas para ser “cocinados” y filtrados a la prensa, conforme se deduce de las grabaciones de Villarejo. En la segunda parte de ese audio, ya sin la presencia de Esteban, Villarejo tuvo un rol preponderante. Se dedicó a explicar a Eugenio Pino y a Martín Blas actuaciones policiales sobre Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), sobre el expresidente de la Generalitat a Artur Mas, y sobre la evolución de entrevistas con el financiero catalán Javier de la Rosa; también Victoria Viki Álvarez, exnovia de uno de los hijos de Jordi Pujol: la mujer que detalló numerosos viajes de ida y vuelta con su novio a Andorra con bolsas atestadas de billetes en el capó.

Los informes que exhibió el comisario Esteban en esa reunión tenían un clara intencionalidad política. Se trataba de cinco informes. Uno era acerca de los 25 jueces radicados en Cataluña que se habían adherido a un manifiesto independentista y que, ese día, los jefazos policiales acordaron que había que investigarlo porque esos jueces actuaban al margen de la ley. Otro versaba sobre la creación por la Generalitat de diversas academias, que los policías llegan a calificar de “instrumentos de un Estado propio”. Un tercer informe, acerca de una entrevista que concedió Artur Mas al Corriere de la Sera.

El cuarto se nutría de actuaciones corruptas de CiU desde que Jordi Pujol accedió a la presidencia; y, finalmente, el quinto concernía a la banca andorrana, la BPA. Allí creían los componentes de la policía patriótica que atesoraban los Pujol el dinero de las comisiones. Pero se equivocan. El nido no estaba allí. Aun así, en la errónea creencia de que sí lo estaba, miembros de la policía patriótica cavaron su tumba sin justificación ni miramiento; y el otro capítulo era por la intoxicación al FinCen americano con bulos y falacias, hasta el punto de que el FinCen hizo un informe sobre el sistema financiero de Andorra, sin citar a la BPA, que acabó con la intervención de la entidad.

El ‘no vínculo’ que asevera el tribunal andorrano

En otro orden de asuntos, entre la argumentación jurídica para denegar las pretensiones de las defensas -de anular la causa o, al menos, de esperar a saber el resultado de las varias investigaciones en curso para aclarar el impacto de la ‘Operación Cataluña’ en Andorra-, el Tribunal de Corts señaló: “La carencia de nexo de causalidad entre ambos asuntos está suficientemente motivado, y esto partiendo de la presunción de que todos los hechos relatados en el escrito de demanda sean ciertos”.

Por lo tanto, “la valoración de la totalidad de la prueba aportada, incluidos CDs con las escuchas al antiguo comisario Villarejo acontece innecesaria, pues incluso aceptada de entrada la presunción de veracidad, no pueden ser tenidas en cuenta por la carencia de nexo de causalidad, sin que sea oportuno entrar en cualquier otra consideración”. Es decir, que no hay nexo entre las coacciones policiales sobre un banco que entonces era de los más solventes de Europa y la caída del mismo fruto de una campaña basada en bulos contra la BPA orquestada desde España.

¿Y en qué se sostiene que no hay vinculación entre el ‘notice’ del FinCEN y la ‘Operación Cataluña’? Pues, por ejemplo, en el hecho de que en la nota de la agencia dependiente del departamento del Tesoro norteamericano en ningún momento se habla ni de los Pujol ni de la policía patriótica, ni se llama nada de ninguna comunicación de las autoridades españolas, mantiene que el auto ahora notificado se refiere a otras resoluciones judiciales previas. Y añade que el homólogo del FInCEN no es la Policía Nacional sino el Sepblac, la Unidad de Inteligencia Financiera de España para prevenir el blanqueo.

El tribunal no menciona en ningún momento que, justamente, se usó el Sepblac para abrir una investigación contra el Banco Madrid que finalmente acabó en nada. En cambio, sí indican los magistrados que en cualquier caso sería a esta entidad a quien le afectaría y no a BPA.

En definitiva, los abogados promotores de las iniciativas legales contra el Gobierno de Andorra arguyen que las autoridades judiciales tienen la intención de imponer todos los ‘cortafuegos’ que puedan respecto de la ‘Operación Cataluña’ para marcar distancia y poder seguir con “su estrategia” de esquivar y asumir sus responsabilidades civiles e incluso penales.

Por su parte, la defensa estudia ahora qué plan deben seguir para obligar al tribunal a tener que analizar los ingentes indicios y pruebas que evidenciarían que la brigada patriótica medió de forma embustera para conseguir la intervención de BPA con el objetivo de encontrar unos datos que no localizaron nunca porque, simplemente, no existían.