La Sección Cuarta de la Audiencia de Barcelona ha ratificado la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 39 de la ciudad, que denegó la petición de la Fiscalía de paralizar de forma cautelar la publicación del libro El odio, centrado en el caso de José Bretón, condenado a 40 años de prisión por el asesinato de sus dos hijos, un crimen catalogado como violencia vicaria.
El fallo, consultado por Europa Press, desestima el recurso presentado por el Ministerio Público, que había recurrido la negativa inicial del juzgado a adoptar la medida de urgencia.
El pasado 27 de marzo, la editorial Anagrama comunicó que suspendía «sine die» la distribución del libro del autor Luisgé Martín, subrayando su «respeto absoluto» hacia Ruth Ortiz, madre de los menores asesinados.
Según recoge el tribunal en su auto, la petición de paralizar la publicación no persigue proteger derechos en el contexto de una demanda ya presentada o en vías de presentarse, sino que se plantea con carácter previo para determinar si finalmente se interpone dicha demanda.
La medida cautelar solicitada, añade el auto, no resulta ser «exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de forma que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante el proceso correspondiente», lo cual presupone el seguimiento de un proceso civil.
La solicitud de la Fiscalía, presentada sin que existiera una demanda asociada, se dirige a valorar si existe una «intromisión ilegítima que perjudique el honor, intimidad, y en su caso, propia imagen y reputación de los menores». El auto señala que la medida cautelar fue formulada antes de la interposición de cualquier demanda judicial, y con el único fin de estudiar si era pertinente presentar dicha acción legal, teniendo en cuenta que la publicación del libro estaba prevista para el 26 de marzo de 2025.
El tribunal manifiesta que comprende la sensibilidad del Ministerio Fiscal ante la naturaleza del caso, especialmente tratándose de derechos fundamentales vinculados a menores, pero subraya que «no se puede ser ajeno a las circunstancias que rodean este incidente ni a la especial protección que merecen las víctimas, pero la legislación procesal civil no contiene mecanismos que permitan acceder a la petición formulada por el Ministerio Público de conformidad con los razonamientos expuestos».