El Gobierno abre la puerta a una enmienda del plan de ahorro energético

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Raquel Sánchez
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Fuente: Pool Moncloa/Ricardo Galán

La falta de respaldo parlamentario suficiente obligaría a Sánchez a tramitar el decreto como proyecto de ley con posibles modificaciones

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez ha manifestado este miércoles en una entrevista para TVE que el Gobierno «no tiene ningún problema» en que el decreto con medidas de ahorro energético, que se votará el próximo jueves en el Congreso, se tramite como proyecto de ley, aunque reconoce que lo más «deseable» sería su convalidación para evitar un clima generalizado de incertidumbre.

«Lo deseable sería no someter a la ciudadanía a un escenario de incertidumbre y que mañana se pueda convalidar el decreto, pero evidentemente hay una tramitación parlamentaria que es posible y, por lo tanto, eso son los cauces y el PP, antes que decir que no, debería abrirse a esa posibilidad», ha subrayado en relación a la negativa de los de Feijóo de favorecer la aprobación de la normativa.

El Ejecutivo es consciente de que la falta de respaldo suficiente para dar luz verde al plan de ahorro se ha convertido en una realidad insoslayable. El voto en contra de los populares podría bastar para echar por tierra la iniciativa, aunque la ministra ha asegurado que las medidas se aplicarán al margen del resultado que arroje la votación.

Por ello, salvar el escollo de la «incertidumbre» constituye ahora la principal prioridad de los socialistas. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, admitió el pasado martes tras el Consejo de Ministros que Moncloa se encontraba «articulando las últimas conversaciones» con los distintos partidos políticos para tratar de dilucidar si obtendrían o no su apoyo.

Sin embargo, también añadió que «no se entendía la negativa de ningún grupo político», pues, a su juicio, las propuestas era «de sentido común». Cabe recordar que el decreto no solo incluye medidas de regulación térmica, sino también becas a estudiantes y ayudas al sector del transporte. Los de Sánchez apelan al componente emocional y reprochan al PP que, si no respalda el contenido energético, tampoco aprueba la concesión de «ayudas a los más afectados por la crisis».

«Si vota en contra de estas medidas, le recuerdo al PP que no vota en contra del Gobierno, sino en contra de los intereses de los españoles, que lo están pasando muy mal en un contexto en el que hoy se cumplen seis meses del inicio de la guerra en Ucrania«, ha apuntado Raquel Sánchez.

Desde Génova, el vicesecretario de Economía de la formación azul, Juan Bravo, ha señalado que las comunidades autónomas dispondrán de «libertad absoluta» para recurrir el decreto ante una hipotética invasión de competencias. «Hemos dado libertad desde el PP para que, si consideran que se invaden sus competencias, como alguna comunidad autónoma así lo ve, tengan la libertad absoluta para poder recurrir», ha recalcado.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo | Fuente: Partido Popular

El decreto anticrisis y la abstención

El Congreso ya fue testigo de esa «incertidumbre» que augura la ministra de Transportes al término del anterior curso político. El pasado 14 de julio, el Ejecutivo sometió a votación un decreto anticrisis que contenía un paquete de medidas para contener la inflación y brindar ayuda a la isla de La Palma sin contar con los apoyos parlamentarios suficientes.

La situación se resolvió sobre la bocina con un cambio de última hora del PP, que dio un manotazo al timón y decidió abstenerse, favoreciendo así la tramitación de la norma. De forma similar, la nueva Ley de Memoria Democrática vio la luz ese mismo día gracias al sustento de EH Bildu, cuyo respaldo permitió la entrada en vigor de la iniciativa con un ajustado margen de diferencia de votos.

Actualmente, los socialistas cuentan con 120 escaños, lo que podría traducirse en 153 si se confirma el sí de los 33 diputados de Unidas Podemos. Tanto Compromís como el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) han reiterado su respuesta afirmativa. Al otro lado del espectro, los 86 diputados del Grupo Popular podrían aunar fuerzas con los 52 de VOX, que ya se han acogido al no. ERC, Bildu y el PNV aguardarán al último momento para hacer pública su postura.

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