El déficit de médicos en las cárceles empieza a ser alarmante y ya supera el 61%

El déficit de médicos en los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se sitúa en 321 de los 525 que figuran en la relación de puestos de trabajo

El sindicato ACAIP-UGT exige a Instituciones Penitenciarias que destine más recursos para resolver el déficit de efectivos existente en la sanidad penitenciaria. El sindicato ha analizado los datos de septiembre obtenidos del portal de transparencia, puestos en relación con los de junio de este mismo año y se refleja un “aumento en las vacantes de medicina penitenciaria del 21% y la tendencia sigue al alza”. En solo un año ha aumentado más de 10 puntos porcentuales. Además, la edad media de los facultativos de prisiones es muy alta, por lo que en los próximos años el déficit seguirá aumentando, apunta Joaquín Leiva, portavoz de ACAIP-UGT.

Esos registros dibujan una situación claramente alarmante. Centros como “Murcia, Ocaña I o Cáceres no tienen ninguna plaza cubierta y en otros como Alicante Cumplimiento, Castellón II o Dueñas, el déficit supera el 90%. Un dato destacado también es el de Valencia, la prisión más grande de España con 2.000 internos, que solo cuenta con tres médicos“, explica Leiva.

En definitiva, muchos centros carecen de médicos para atender las necesidades diarias o para hacer las guardias, “lo que provoca que no haya presencia de facultativos en las prisiones.”

La solución planeada por la administración, con carácter general, es establecer un servicio de “telemedicina” en los centros penitenciarios. Parece que la telemedicina esta de moda por su utilización en la pandemia.

Sin embargo, recuerda el sindicato, en medicina no hay nada como una buena exploración física. En persona. Y así debe de verlo también el sindicato, que afirma que ese sistema telemático es “inoperativo” dada la idiosincrasia del medio y sus particularidades asistenciales.

“Aplicar este modelo en los centros es tanto como desconocer la realidad de los mismos”, asegura Leiva. Y, a modo de ejemplo, explica que ante una alteración del orden en la prisión también “es precisa la intervención del médico para la elaboración de informes y valorar la conveniencia o no de la aplicación de sujeciones mecánicas “a algún interno”, según viene reflejado en el protocolo de actuación.

Es frecuente también que el médico deba atender situaciones de urgencia derivadas de “autolesiones de los internos, intoxicaciones por estupefacientes o lesiones que pueden producirse con otros internos”.

En definitiva, numerosas actuaciones requieren la pertinente emisión de informes médicos “que deben basarse en la exploración del paciente y que es imposible a través de medios telemáticos”.

Desde el Sindicato, entienden que la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la Administración penitenciaria y de las propias comunidades autónomas de “no dejar caer el sistema sanitario penitenciario“. No es solo una cuestión de atención médica, “se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad“, sin obviar la grave alteración del orden y “los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria“, sentencia el portavoz, que reclama “más medios y sobre todo más médicos en las prisiones”.

Un asunto, este de la medicina penitenciaria, que ya mereció la atención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien ha reiterado la necesidad de resolver los problemas a los que se enfrenta la sanidad penitenciaria, concretamente, los que tienen relación con los profesionales sanitarios y la insuficiencia de personal, que se ha convertido en algo frecuente en España, debido a la escasez de “plazas insuficientemente atractivas”.

Los bajos salarios, la causa principal

Este asunto, según el organismo, es un problema “recurrente” y “de sobra conocido”, que ha cobrado especial importancia tras la crisis de la COVID-19 y que implica una mayor vulnerabilidad de los internos.

Para el Defensor del Pueblo, el problema hay que buscarlo en dos frentes. Por un lado, la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias sanitarias, pendientes de transferir desde 2003 por disposición legal [actualmente solo las tienen transferidas País Vasco, Navarra y Cataluña], y las decisiones presupuestarias a las que deben conducir. Y, por otro, a que las plazas de funcionario sean suficientemente atractivas para los médicos y demás personal sanitario, teniendo en cuenta que las retribuciones deben ser atractivas.

Por ello, se pregunta, ¿por qué las retribuciones son menores que en el conjunto de la sanidad pública? A su juicio, ahí está la razón por la que las plazas destinadas a medicina penitenciaria sean poco atractivas. Y responsabiliza de ello a que las transferencias aún no se han transferido en todas las Comunidades Autónomas, “algo prometido desde 2003”, y a que el presupuesto destinado a la medicina penitenciaria, en los Presupuestos Generales del Estado, sea insuficiente.

Pero no queda ahí la cosa. Ángel Gabilondo culpa a la Administración de que en muchas prisiones hayan recurrido a contratar médicos sin tener aprobado el MIR, en calidad de interinos. Y afirma que “si no se ofrecen retribuciones competitivas, ni la mejor planificación puede resolver el problema”.

En el informe del Defensor también se destacan las quejas recibidas relativas a los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz, en los que se alude a la pérdida de personal sanitario debido a jubilaciones o traslados a otros centros, sin que se hayan cubierto las vacantes. Concretamente se centra Gabilondo en el de Cáceres, donde debería haber cinco plazas ocupadas por personal de medicina, y tan solo haya uno a media jornada. Además, en Badajoz, debería haber ocho plazas ocupadas por personal de medicina, y había cinco, y ocho plazas de personal de enfermería, y había seis ocupadas.

En definitiva, el equipo de Gabilondo viene a decir que, o se cambia la política presupuestaria para la medicina penitenciaria, haciendo la oferta más atractiva económicamente, o la solución no parece cercana.

También hace hincapié en que las comunidades autónomas asuman definitivamente las competencias de sanidad penitenciaria. Y zanja: “Lo fundamental en defensa de los derechos humanos no es quién tenga la competencia, sino cómo la ejerza”, concluye en su informe Gabilondo.