José Luis Ábalos ha recibido con profunda decepción su condena de 24 años de cárcel por el caso mascarillas. En unas declaraciones difundidas por la Cadena Ser, el exministro de Transportes no ha dudado en cargar contra el Tribunal Supremo, asegurando que el proceso fue un juicio «político» cuyo desenlace estaba «predeterminado» desde el inicio.
El exdirigente socialista sostiene que la justicia partió de una «hipótesis de culpabilidad» con un claro «propósito de confesión». Según Ábalos, al no producirse dicha confesión, el tribunal dictó una pena que tilda de «abultada» y «desproporcionada», señalando que «se ha castigado a lo político» mediante una sentencia que él considera «ejemplarizante».
El núcleo de sus críticas se centra en el papel de Víctor de Aldama, a quien define como un «mero delator no arrepentido». Ábalos denuncia que el sistema ha «sacrificado el derecho a no incriminarse» para premiar a Aldama, quien habría confesado únicamente en «interés propio» y para «alcanzar la impunidad», señalando exclusivamente a cargos políticos mientras protegía a otros implicados.
Ábalos censura duramente el pacto alcanzado entre el empresario y la Fiscalía Anticorrupción. «Me han condenado por no pactar», afirma, enfatizando que el Tribunal Supremo basó su fallo casi exclusivamente en las palabras del delator, ignorando informes exculpatorios y otros testimonios, como los de la UCO, que restaban valor probatorio a las declaraciones de Aldama.
Finalmente, el exministro insiste en que el juicio ha ignorado la trayectoria del empresario, vinculado a fraudes masivos de hidrocarburos. Para Ábalos, el tribunal ha dado la espalda a la realidad de la investigación policial al otorgar credibilidad absoluta a quien él considera un delator interesado, reafirmando su postura de que la sentencia se aleja de los principios fundamentales de la justicia.