Condenan a tres años de prisión al propietario de una ortopedia por estafar al Servicio de Salud

También fue sentenciado a dos años de prisión porque se le encontró una pistola semiautomática

La Audiencia Provincial de Cantabria dicta sentencia condenatoria a propietario de ortopedia en Camargo por estafa al Servicio Cántabro de Salud, con una pena de tres años y un mes de prisión y una multa de 360 euros.

En el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, el propietario de un establecimiento de ortopedia en Camargo fue declarado culpable de estafar al Servicio Cántabro de Salud por un monto cercano a los 70.000 euros mediante la presentación de informes médicos falsos.

El acuerdo entre las partes, alcanzado al inicio del juicio, condujo a que el tribunal dictara sentencia condenatoria contra el acusado, quien fue sentenciado a tres años y un mes de prisión, además de una multa de 360 euros.

La condena se basó en la perpetración de un delito de falsedad en concurrencia con un delito de estafa, imponiendo una pena de un año y un mes de prisión junto con la mencionada multa.

Además, el propietario del establecimiento fue declarado culpable de posesión ilícita de armas, ya que se encontró una pistola semiautomática durante el registro de su local, lo que resultó en una pena adicional de dos años de cárcel.

En términos de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar al Servicio Cántabro de Salud con la suma de 69.742 euros, correspondiente al monto indebidamente recibido por medio de las acciones fraudulentas.

Los informes médicos estaban falsificados con firmas y sellos de otros facultativos

Según el informe presentado por la fiscalía, el acusado operaba una ortopedia en Maliaño, Camargo, sin tener la autorización correspondiente. Durante el periodo comprendido entre 2014 y 2018, presentó al menos 133 solicitudes de reembolso de gastos por material ortoprotésico adquirido en su establecimiento, tanto por él como por diversos clientes, ante la Consejería de Sanidad.

Estas solicitudes iban acompañadas de informes médicos que prescribían dicho material, los cuales estaban falsificados con firmas y sellos de facultativos especialistas que no habían recetado el material en cuestión, o incluyendo datos no verídicos. El Servicio Cántabro de Salud procedía entonces al pago de las prestaciones, tanto al acusado como a los clientes, quienes luego entregaban las cantidades percibidas al acusado como pago del material.

Este veredicto marca un precedente en la lucha contra la corrupción y el fraude en el ámbito de la salud en Cantabria, demostrando la determinación de las autoridades judiciales para sancionar estos comportamientos ilegales que afectan gravemente a los servicios públicos y a la confianza de la ciudadanía en ellos.