Los hechos más graves ocurrieron cuando el acusado expresó su deseo de tener relaciones sexuales con la víctima y la acosó
La Audiencia Provincial de Navarra ha dictaminado que un hombre de 33 años sea condenado a dos años y seis meses de prisión por someter a una menor de 13 años a actos y tocamientos sexuales continuados sin su consentimiento. Además de la pena de prisión, se le han impuesto medidas restrictivas, como la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 5 años, así como la obligación de cumplir 5 años de libertad vigilada.
La sentencia consideró la existencia de atenuantes, incluyendo la reparación del daño al consignar 3.000 euros de responsabilidad civil antes del juicio, así como la embriaguez del acusado. Este individuo, junto con su esposa y sus dos hijos, quienes son refugiados de un país del este de Europa, se establecieron en España en agosto de 2022. En septiembre del mismo año, coincidieron con una familia en un albergue de la región de Sakana. Esta familia estaba compuesta por un matrimonio y tres hijas, siendo la mayor de ellas la víctima en este caso.
Ambas familias mantenían una relación cercana y compartían momentos de ocio. Según la sentencia, el acusado se comportaba con la víctima como un tío o un amigo de su padre. Sin embargo, a partir de entonces, comenzó a someter a la joven a actos y tocamientos sexuales no consentidos. La sentencia detalla que el acusado abrazaba constantemente a la víctima, le olía el pelo, le tocaba muslos y piernas, le besaba el cuello y le chupaba y lamía la cara. Incluso la obligaba a sentarse sobre él cuando se sentaban en un banco.
Consecuencias en la víctima
Los hechos más graves ocurrieron el 30 de abril de 2023, cuando el acusado expresó su deseo de tener relaciones sexuales con la víctima y la acosó físicamente. Esta situación continuó el 6 de mayo, cuando volvió a hacerle la misma proposición por teléfono. Como resultado de estos actos, la menor experimentó un estado de ansiedad elevado, manifestado en forma de tensión nerviosa, temblores, alteración del sueño y preocupaciones constantes.
El fiscal no se opuso a la suspensión de la pena de prisión, siempre y cuando se demostrara que el acusado tenía un problema de consumo patológico de alcohol y estaba recibiendo un tratamiento adecuado. Esta disposición se basó en la consideración del tribunal sobre la situación del acusado y su posible rehabilitación.