Hoy: 23 de noviembre de 2024
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta estudia rebajar el precio de las matrículas más caras para dar más apoyo a los universitarios. El Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Andalucía (CAE), que representa al alumnado, colabora en el análisis de esta posibilidad.
El director general de Coordinación Universitaria de Andalucía, Lorenzo Salas, ha mantenido un encuentro con este órgano para indagar en las posibles vías de actuación. Con el fin de garantizar el acceso a la enseñanza superior y la igualdad de oportunidades. En esta reunión también ha participado el secretario general de Universidades de la Junta, Ramón Herrera.
Su objetivo es homogeneizar a la baja las tasas de los créditos en las convocatorias de mayor desembolso para los alumnos. Una medida que se aplicará tanto en grados, másteres y doctorados. Como las de Ingenierías y Arquitectura, Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud.
Salas destaca que “esta iniciativa permitiría aliviar el desembolso que tienen que afrontar las familias andaluzas para abonar los créditos que sus hijos han de superar a partir de la segunda matrícula, que son los que más encarecen los estudios”.
Por otra parte, la Junta mantiene la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula. Se aplica en grados y másteres y a todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio y a los becados en el porcentaje no cubierto por esa ayuda. Para este programa, el presupuesto de la Consejería de Universidad ha reservado una partida de 47 millones de euros para 24.
Para la modalidad de grado, las universidades públicas andaluzas registraron desde 2020 hasta 2023 un total de 9,15 millones de créditos en primera matrícula, según la Consejería. De estos, los alumnos aprobaron casi el 75%.
En esa etapa, en másteres, se dieron de alta en primera matrícula un total de 1,17 millones de créditos. De los mismos, un 82% fue satisfactorio para los alumnos.
Otra idea que plantea Salas es la opción de abonar el importe de las enseñanzas que se cursan de manera fraccionada hasta en ocho plazos. Una vía alternativa para que ningún alumno se vea obligado a abandonar sus estudios por razones económicas.
De manera excepcional, la Consejería de Universidad también autoriza a las instituciones académicas públicas a implementar un procedimiento de pago diferente. Una forma de que la falta de abono no implique el desistimiento automático de la matrícula.
La situación de las familias que perciben el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción Social es diferente, ya que estas están exentas de ese pago.