Afectados por la talidomida en España, cinco años sin cobrar las ayudas prometidas

La asociación que les representa, AVITE, solicita una investigación a la Fiscalía por si el Gobierno hubiera incurrido en un presunto delito de Prevaricación

Los afectados por la talidomida en España mantendrán este martes una reunión con la Fiscalía General del Estado, tras la solicitud de esta asociación (AVITE) de que investigue las maniobras del Gobierno. Estas están frenando que todos ellos reciban sus ayudas, aprobadas en la Disposición Adicional 56 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

En aquella disposición, el Gobierno se comprometió a indemnizar con 12.000 euros por cada punto de discapacidad que presentaran los afectados. Y obligó al Instituto Carlos III a elaborar un censo de afectados y puntos por cada uno de ellos. Reservó para ello una partida «orientativa» de 20 millones de euros. El mismo año, el Instituto de Salud Carlos III inicia el proceso para evaluar los posibles afectados. El resultado es de 127 afectados. El listado pasa a manos del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Este organismo insta a Hacienda a hacer un informe sobre las cantidades a abonar a cada afectado. El informe de Hacienda afirma que, a todas luces, dicha cantidad, 20 millones de euros, son insuficientes.

Mientras se planifican los presupuestos de 2020, 2021, 2022 y 2023, AVITE, amparándose en el informe de hacienda de 2.018, vuelve a recalcar a Asuntos Sociales que la partida es insuficiente. Y, con cierto recochineo, le explica al Ministerio que «solo tiene que multiplicar los puntos de discapacidad de cada afectado por 12.000. Después, que los sume todos, y dará con la cifra exacta».

Sin embargo, Asuntos Sociales sigue presupuestando los mismos 20 millones. Solo en 2023, este año, y gracias a una enmienda de EH Bildu, dicha partida ha aumentado a 35 millones. Rechazando las enmiendas de Ciudadanos y PP, que eran de 100 millones para ajustar la partida a la realidad.

Ninguneo de Asuntos Sociales

Los afectados consideran que esta actitud de Asuntos Sociales, «ninguneando a Hacienda y a nosotros» y «negándose a recibirnos», han provocado que AVITE solicite a la Fiscalía la apertura de una investigación por un presunto delito de Prevaricación, «ya que saben perfectamente que lo están haciendo mal y lo siguen haciendo». El delito prevaricación es aplicable a cualquier cargo funcionario público: «Dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley«.

Su escrito ante la Fiscalía no ha pasado de puntillas por los pasillos de la calle de Fortuny 4. Este miercoles serán recibidos por la fiscal, Pilar Fernández Valcarce, Fiscal de Sala en Materia de Tutela y Protección de los Intereses de las Víctimas en el Proceso Penal.

La Talidomida es un compuesto químico que formaba parte de un medicamento que fue distribuido en el mundo entero como tratamiento «milagroso» por el laboratorio alemán Grünenthal. El medicamento trataba de calmar las náuseas que padecían las mujeres en estado de gestación. Sin embargo, reservaba un gran drama para los recién nacidos en todo el mundo. Gravísimas malformaciones congénitas que llevan arrastrando al cabo de sus vidas. Dichas malformaciones han acabado con las vidas de otros muchos. Diez fueron los medicamentos vendidos con Talidomida en España, con 3.000 víctimas en nuestro país entre 1955 y 1990.