Archivada la causa abierta por las supuestas donaciones de empresarios al PP a cambio de adjudicaciones por falta de pruebas

No existe elemento que permita deducir, siquiera indiciariamente, que se hayan producido aquellos hechos», dice el juez Pedraz

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha archivado provisionalmente la pieza conocida como ‘comisiones finalistas’, derivada de la trama Gürtel, en la que se investigaban las supuestas donaciones de empresarios al PP a cambio de adjudicaciones de obra pública.

En un Auto, el juez, tras cinco años desde que se reabriera la causa, entiende que «no queda debidamente justificada la perpetración de los delitos» que dieron motivo a la formación de esta causa.

El caso, de las ‘comisiones finalistas’, lo inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero lo cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede ‘popular’ de Génova con esos fondos extracontables en un asunto ya juzgado. Sin embargo, lo revelado por el líder de la ‘Gürtel’, Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.

Luis Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones y en su declaración ante Pedraz, en 2021, implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa. Después, Pedraz puso fin a la instrucción de esta pieza separada. La del ex tesorero ‘popular’ fue la última declaración antes de que Pedraz pusiera fin a la fase de instrucción el 29 de julio de 2021.

Tras un año y seis meses, Pedraz, ahora, y de acuerdo con el Ministerio Público, señala en su auto que procede el archivo de la causa según las diligencias practicadas durante la instrucción. El juez apunta que pese a la intensa y dilatada investigación de los expedientes de contratación «no existe elemento que permita inferir, siquiera indiciariamente, que se hayan producido aquellos hechos». «No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical que aporte dato incriminatorio alguno; como tampoco de los múltiples informes de la UDEF o interventores de la Fiscalía e Intervención General del Estado», asevera el juez. Y llega a esa conclusión tras el informe de la propia Intervención General del 4 de noviembre, en la que el organismo «no encuentra en la adjudicación de los expedientes de contratación incumplimientos de la normativa aplicable» e «imposibilita establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados».

Y añade que «no resulta posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigadas y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes». «La conclusión provisional debe ser a tal respecto la de la ausencia, por el momento, de suficientes indicios para estimar justificada la comisión de los delitos atribuidos a los distintos querellados», explica el magistrado.