Hoy: 22 de noviembre de 2024
Nunca un juez, que yo sepa, se encontró tan a huevo un delito y nunca lo ladeó tan rápido. Me refiero a Arturo Zamarriego, uno de los jueces que han investigado al comisario José Manuel Villarejo y que tan bien se lo pasaba algunas tardes con el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, mantel de por medio, en ese restaurante cercano a plaza de Castilla cuyo nombre omitiré. Uno ponía la tachuela y el otro la martilleaba. La diana, Villarejo.
Me pregunto: ¿Cómo es posible que a este juez le llegue una grabación en la que un alto cargo de la policía, Martín Blas, asevere, delante de agentes del CNI, durante una reunión secreta en 2017 relacionada con las andanzas de Francisco Nicolás Gómez Iglesias alias El Pequeño Nicolás, que le tienen pinchado el teléfono sin “cobertura judicial”, sostiene en el audio, y que el juez no haga nada ante semejante delito? Es decir, una intervención ilegal de comunicaciones como un témpano, acreditada, y que no haya tenido ninguna consecuencia.
Y, en cambio, es este mismo juez quien lleva a juicio a Villarejo, a su esposa y a un periodista por, según el fiscal, haber grabado el contenido de esa reunión secretas sobre Nicolás, a través de una sofisticada aplicación telemática. Por este asunto, el fiscal les pide penas de entre tres y cuatro años, por descubrimiento y revelación de secretos. Y no ha pasado nada con quien, a sabiendas, intervino el teléfono de Nicolás sin pedir permiso al juez del Supremo Pablo Lucas. No perseguir un delito es delito.
O sea, oír en un audio a un alto jefe policial, de su propia boca, que El Pequeño Nicolás tiene el móvil pinchado sin cobertura judicial, o sea, sin que lo autorice un juez, no es delito, ni nadie lo ha investigado. Y, en cambio, si es delito la sospecha de que la grabación de la citada reunión secreta la hizo Villarejo. Sin duda ambos hechos lo son. Pero hay un matiz, el primer fiscal de este caso sostuvo que no había pruebas de que esa grabación la hubiese hecho, u ordenado hacer, Villarejo. Al fiscal que dijo eso, lo apartaron de la causa, y el que le relevó, el que ahora está en el juicio por la citada grabación sobre Nicolás (no por el pinchazo ilegal a este) entendió lo contrario. Y aquel es el motivo del juicio ya iniciado en la Audiencia de Madrid contra Villarejo, su esposa y el periodista, que concluirá a primeros de diciembre.
El delito cantado por Martín Blas se quedó en el limbo de lo injusto. Conozco bastante bien la profesionalidad de los jueces de la Audiencia de Madrid y no entiendo cómo esta interceptación ilegal se obvió. Quien investigó la grabación de su conversación fue el mismísimo Martín Blas. Por eso, entre otras cosas, la defensa de Villarejo pide nulidad de actuaciones en este proceso.
Una explicación exculpatoria fue que la grabación llegó “manipulada y limpiada ante el juez” para que ese delicado asunto no se oyese, desapareciese. Pero lo cierto es que el audio está ahí, yo mismo lo divulgué en El País, y Martín Blas dice lo que dice, que hay que darse prisa con los pinchazos a Nicolás porque no hay cobertura. Se podría decir que la grabación de la reunión secreta era ilegal -Villarejo siempre ha negado estar detrás de ella y alega que todo debe anularse por estar viciado su origen y sus investigadores-, pero tan ilegal, en su caso, como lo que esos policías y el CNI estaban haciendo con El Pequeño Nicolás. Dos varas de medir.
Eso sí, aunque no se haya investigado, ese audio revela una cosa muy clara y gravísima, que el CNI pincha el teléfono de ciudadanos, en este caso el del Pequeño Nicolás, sin permiso del juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas, que es quien inexorablemente debe autorizar cualquier pinchazo de los espías.
Y si, como está acreditado, el CNI pincha el teléfono ilegalmente, la conclusión es que nadie estamos a salvo de ser sus víctimas. A mí, sin ir más lejos, me han dicho que estoy “monitorizado hasta los ojos” por el CNI desde que FUENTES INFORMADAS sacó en exclusiva los audios del comisario Villarejo y una grabación de más de cinco horas de la actual jefa del CNI con Villarejo y otro alto cargo policial.
Desde entonces, les confieso, mi vida es un solivianto, el sinvivir del modo avión. No puedo hablar con nadie sin antes poner el modo avión en el móvil. No se lo deseo ni a la ministra Margarita Robles, que es la jefa de todo esto. No tengo certidumbres, pero pinchar ilegalmente a un periodista es gravísimo, un ataque a las esencias de la democracia. El juez García Castellón no lo ha hech ni el magistrado del Supremo ha autorizado al CNI. La ministra Robles es la jefa y amiga de la responsable del CNI, Esperanza Casteleiro. Y si hay monitorización ilegal, solo ella, o las dos, tendrían que responder. Ante el magistrado Pablo Lucas, como mínimo.