‘El Pequeño Nicolás’ y Villarejo acaparan la agenda judicial de la Audiencia de Madrid este nuevo año judicial

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘El Pequeño Nicolás’, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo acaparan la agenda de juicios de la Audiencia Provincial de Madrid en este nuevo año judicial con procedimientos que incluyen presuntos delitos de revelación de secretos e intento de estafa

‘El Pequeño Nicolás’ se enfrenta a 15 años y nueve meses de prisión por dos causas que se siguen en su contra; una por haber presuntamente accedido a bases de datos policiales y otra por un intento de estafa al hacerse pasar por un asesor del Gobierno. Para el comisario, la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por grabar y difundir una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la investigación relativa al joven Gómez Iglesias.

El ‘Pequeño Nicolás’

El primero de los juicios tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre. Se acusa a ‘El Pequeño Nicolás’ de haber accedido “en varias ocasiones” a “información de carácter confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales”.

La Fiscalía pide para él nueve años y nueve meses de prisión por integración en grupo criminal, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos como inductor y un delito de cohecho activo. En este procedimiento no participará la Abogacía del Estado, que decidió apartarse.

Esos días también se sentarán en el banquillo de los acusados el que fuera coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García-Grande, el guardia civil Francisco Javier Sánchez López, los policías municipales Jorge González Hormigos y Felipe Gallego Santos, así como el empleado municipal José Luis González Cervera.

Según la investigación, el ‘modus operandi’ “siempre fue el mismo”: Gómez Iglesias facilitaba a uno o varios de los investigados placas de matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación. “Acto seguido, estos, aprovechando su condición de agentes del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid procedían a extraer de dichas bases la información requerida y se la facilitaban a Francisco Nicolás a cambio de promesas y remuneraciones económicas”, señaló el juez cuando le procesó.

Grabación del C.N.I.

El próximo juicio será el 8 noviembre, aunque en este Gómez Iglesias no figura como acusado. En esta ocasión quien se sentará en el banquillo será Villarejo por supuestamente grabar y difundir una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la investigación relativa a ‘El Pequeño Nicolás’.

Al comisario le acompañarán su mujer Gemma Alcalá, y el periodista Carlos Mier por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Está previsto que las sesiones del juicio se extiendan hasta el 2 de diciembre.

Por esta causa, Villarejo se enfrenta a la petición de cuatro años de prisión que realizó la Fiscalía al considerarle el presunto autor del delito de descubrimiento y revelación de secretos. El Ministerio Público concluyó que su mujer y el periodista actuaron como cooperadores necesario, por lo que reclama para ellos penas de tres años de cárcel.

Los hechos se remontan a una reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 entre el comisario entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y unos agentes del CNI a los que iba a informar sobre la investigación en curso sobre Gómez Iglesias.

El contenido de la reunión fue grabado y posteriormente difundido en el portal Información Sensible, del que era titular Alcalá, y en el que trabajaba Mier. El escrito del fiscal detalla cómo habrían perpetrado los hechos que se les imputan. Sin embargo, nunca se demostró que en este asunto hubiese tenido intervención alguna el citado portal digital. P

Tras tres años de investigación, Villarejo, Alcalá y Mier fueron procesados, no así Gómez Iglesias, que quedó fuera de esta pieza separada por falta de pruebas en su contra.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, envió al banquillo al comisario por ordenar al periodista “llevar a cabo la grabación” para “conocer su contenido y divulgarlo con fines espurios” en el medio propiedad de su mujer. Según han señalado fuentes de la defensa del comisario, Villarejo esta deseando que se celebre el juicio “para que todos conozcan la verdad y documentada” a la vez que niegan que dichas grabaciones “fueran difundidas en el canal Información Sensible”, tal y como sostiene la jueza.

Usurpación de funciones

Un tercer juicio se celebrará el 6 y 13 de febrero de 2023 y será relativo al intento de estafa que habría cometido ‘El Pequeño Nicolás’ en 2014 contra el empresario Javier Martínez de la Hidalga, ante quien se presentó como un asesor de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría para facilitarle la venta de un inmueble que esta persona tenía en Toledo.

Según explicó el anterior instructor del caso, Arturo Zamarriego, en un auto con el que le procesó en junio de 2018, Gómez Iglesias solicitó al empresario 300.000 euros y le hizo creer además que se iba a proceder de manera inminente a un embargo de Hacienda sobre sus cuentas y las de su familia.

En octubre de 2014 quedó con Martínez de la Hidalga en una sucursal del Banco Santander y allí, en una reunión con el director de la misma, se presentó como asesor de Sáenz de Santamaría. El empresario pidió sacar de la entidad medio millón que tenía allí depositado.

Como el banquero manifestó sus reservas por las exigencias de la legislación en prevención del blanqueo de capitales, Gómez Iglesias habría simulado una llamada a Sáenz de Santamaría y manifestó después que no habría problemas con ese asunto. En el curso de dicha reunión, según detalla el auto, ‘El Pequeño Nicolás’ dejó en la mesa del despacho un ‘dossier’ con el membrete de “Gobierno de España”.

En este procedimiento, Gómez Iglesias se enfrenta a seis años de prisión que piden para él la Fiscalía y la Abogacía del Estado por los delitos continuados de usurpación de funciones públicas y falsedad en documento oficial en concurso con uno de falsedad.

Caso traductores

Al margen, Villarejo también tendrá que acudir a la Audiencia de Madrid en calidad de testigo, en un juicio que se celebrará el 31 de enero de 2023. Esta causa se centra en Alí Shan e Ijaz Ahmad, quienes fueron contratados por la Dirección General de la Policía para participar en la investigación que realizaba la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDV) para traducir conversaciones telefónicas interceptadas en el marco de una pesquisa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada (Madrid).

El empresario Harischandra Tarachand Varma, uno de los investigados en dicho procedimiento y a quien se le habían intervenido varias conversaciones, denunció en abril de 2014 ante Asuntos Internos que los traductores le habían extorsionando. De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, le ofrecieron datos de la causa a cambio de un pago inicial de 10.000 euros que iría aumentando y le amenazaron con “influir en su contra” si no accedía.

Por su parte, Villarejo está pendiente de que la Audiencia de Madrid fije fecha para el juicio en el que la Fiscalía le pide una pena de 13 años y dos meses de cárcel por las supuestas amenazas y coacciones que de forma “reiterada” e “insistente” hicieron a la doctora Elisa Pinto para que no denunciara al empresario Javier López Madrid. Se da la circunstancia de que el abogado de Pinto se puso en contacto con el del comisario tiempo después para retirar su denuncia ella y que, a cambio, López Madrid retirase la que interpuso contra la doctora. Fuentes de la defensa aseguran que están deseando que llegue este juicio para aportar una retahíla de pruebas que desmienten a Pinto.