El último acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ impide a los jueces volver automáticamente al juzgado tras dejar la política

El pacto también prevé exigir una antigüedad de 20 años para ser magistrado del Supremo

La negociación entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avanza positivamente. Han negociado la relación entre los jueces y la política. Socialistas y populares barajan que los jueces que decidan incorporarse a la política no podrán volver a la carrera judicial hasta pasados dos años desde su salida de la política. Se trata de un asunto sobre el que FUENTES INFORMADAS reveló dos exclusivas la semana pasada acerca de la Presidencia del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, así como una de las plazas vacantes del Tribunal Constitucional.

En realidad, el plazo aún no ha quedado claro. Algunos medios confirman esos dos años, pero fuentes del Partido Popular sostienen que ese no es el plazo acordado, aunque mantienen discreción sobre cuál es el periodo pactado para no entorpecer la negociación, que está a punto de concluir y, al parecer con éxito, en los próximos días. En todo caso, las fuentes consultadas indican que las puertas giratorias entre política y justicia cada vez están algo más cerradas.

Otro acuerdo al que han llegado los negociadores es que esta medida no tenga carácter retroactivo. La medida se aplicaría a partir de las próximas elecciones.

El Gobierno tiene tres jueces entre sus ministros

Se da la circunstancia de que Gobierno de Pedro Sánchez tiene a tres ministros que son jueces en excedencia -Pilar Llop, de Justicia; Margarita Robles, de Defensa, y Fernando Grande-Marlaska, de Interior- y el PP tiene en el Gobierno de la Comunidad de Madrid a Enrique López, consejero regional de Presidencia, Justicia e Interior. Tampoco afectaría esta decisión al hasta hace unos días presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que fue alto cargo del Ejecutivo de José María Aznar, ocupando el puesto de director general de Relaciones con la Administración de Justicia y director general de Objeción de Conciencia, según apunta el diario El País.

Hasta ahora, los jueces que ocupaban cargos políticos podían reincorporarse de inmediato a su puesto en la judicatura nada más dejar la política. Lo hizo hace unos meses Juan Carlos Campo, que entró en la Audiencia Nacional tres días después de ser cesado como ministro. Existen, no obstante, reglas para el ejercicio de su labor y tienen que abstenerse en determinados procesos judiciales donde haya políticos del PSOE o del PP implicados en causas de corrupción. También está reglado el procedimiento de la recusación.

La propuesta del PP que ahora ha asumido el PSOE no es estrictamente nueva. En 1997, durante la primera legislatura de José María Aznar, los populares endurecieron las condiciones. La ley se reformó para imponer, en esos supuestos, la obligación de estar en excedencia forzosa y remunerada durante tres años tras el cese del cargo. La medida afectaba también a los jueces que hubieran concurrido en una lista electoral aunque no hubiesen sido elegidos. No se les reservaba su plaza y tenían que concursar para acceder a otra plaza cuando pasaran el período fijado. El PP llegó a plantear la retroactividad de esta medida a través de una enmienda que fue rechazada. 

20 años de carrera para ser magistrado del Supremo

Por otra parte, el acuerdo entre el Gobierno y el PP también prevé exigir una antigüedad de 20 años “de servicio activo en la carrera judicial” para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo. Para hacer esa suma no se podrán computar los años de servicios especiales de cualquier tipo. Por ejemplo, en algún cargo de origen político.

En la redacción actual se exigen 15 años de ejercicio en la carrera judicial y en ese periodo también cuentan los años en que el afectado hubiese estado en política. Con estos nuevos requisitos, por ejemplo, Carlos Lesmes no podría haber sido nombrado juez del Supremo: su experiencia previa a ese ascenso eran nueve años de fiscal, ocho años en el Gobierno de Aznar y solo ocho como magistrado.

La primicia de ‘Fuentes Informadas’ sobre el acuerdo para renovar el CGPJ

FUENTES INFORMADAS reveló la semana pasada que el PP quería que el nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo fuera Francisco Marín Castán, el presidente interino del Alto Tribunal a raíz de la reciente dimisión de Carlos Lesmes. Además, emergía Julián Sánchez Melgar para el Constitucional -magistrado de la Sala de lo Penal y quien sustituyó en el puesto al fallecido ex fiscal general del Estado José Manuel Maza- para reemplazar la plaza vacante en el TC que dejó magistrado Alfredo Montoya Melgar por motivos de salud

Ello fue tras la publicación este lunes de este periódico digital del principio de acuerdo entre ambos partidos para nombrar como miembro del Tribunal Constitucional al actual presidente del Consejo Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado -el asesor jurídico del presidente ‘popular’, Alberto Núñez Feijóo-. Finalmente, Costa Pillado ha decaído del juego de cromos por esa evidente falta de independencia que le vinculaba al expresidente gallego.

La negociación está muy avanzada y podría dar frutos en los próximos días, según fuentes vinculadas a las conversaciones.