Más de cinco años para un guardia civil al malversar 165.000 euros

El guardia civil generó en 114 comisiones de servicio inexistentes

Un jurado popular ha declarado culpable de un delito de malversación a un agente de la Guardia Civil de Valencia que se apropió de 165.000 euros, unos hechos por los que el presidente del tribunal ha impuesto una condena de cinco años y medio de prisión.

Este agente, según consta en la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, estuvo destinado en la Unidad de Gestión Económica de la zona de la Guardia Civil desde finales de 2001 hasta marzo de 2020. Su función principal era gestionar y fiscalizar las comisiones de servicios de los miembros de la Guardia Civil en esa área y en la Comandancia de Valencia, lo que le otorgó acceso a fondos significativos.

El guardia civil generó en 114 comisiones de servicio inexistentes. Según ha quedado probado en este juicio y admitió el procesado, al menos en 114 ocasiones generó documentos de comisiones de servicio inexistentes a su propio nombre o a nombre de diferentes miembros de dicho cuerpo para apropiarse de diferentes cantidades económicas. Esta maniobra fraudulenta le permitió sustraer un total de 164.835,64 euros hasta febrero de 2020, cuando fue finalmente descubierto.

El procesado ha reintegrado voluntariamente 5.650 euros y se le han bloqueado saldos bancarios por 10.221,14 euros. Por estos hechos, este exagente ha sido condenado por falsedad en documentos oficiales como medio para cometer un delito continuado de malversación de caudales públicos agravado. Todo ello con las atenuantes de reparación parcial del daño y de confesión tardía.

La sentencia destaca la gravedad de la conducta del agente considerando que su falta de ética ha socavado la confianza pública en las instituciones

La sentencia también destaca la gravedad de la conducta del agente, considerando que su falta de ética ha socavado la confianza pública en las instituciones. Este caso pone de relieve la importancia de mantener controles rigurosos en la gestión de recursos públicos y la necesidad de una mayor supervisión para prevenir abusos por parte de funcionarios.

Además de la pena de prisión, el procesado deberá devolver la cantidad sustraída, menos la ya entregada, con los intereses legales y hacerse cargo de las costas procesales. La resolución del caso busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad de los agentes en el manejo de fondos públicos y la intolerancia hacia la corrupción en cualquier forma.