Hoy: 8 de septiembre de 2024
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictaminado una sentencia condenatoria de ocho años y medio de prisión para un individuo por intentar matar con unas tijeras a un médico en febrero del año pasado en una clínica en Palma.
El médico vio que el acusado había dejado un teléfono móvil grabando en una mesilla contigua a la camilla donde le iba a realizar unas curas. El médico le dijo al paciente que no podía grabar sin su permiso y que iba a parar el aparato. En un giro sorpresivo, el procesado se levantó de la camilla, se acercó al médico por la espalda y le propinó múltiples puñaladas en el cuello y el pecho utilizando unas tijeras quirúrgicas disponibles en la sala.
Los jueces afirman en su fallo que la versión exculpatoria del procesado carece por completo de respaldo probatorio, sin ningún aval de parte alguna. En contraposición, resaltan el testimonio de dos testigos que presenciaron el forcejeo entre ambos y confirmaron que el agresor tenía las tijeras en su posesión. Estos testigos aseguran que el doctor solo intentaba contener al agresor, quien “sostenía las tijeras en su mano”.
La Sala también destaca que los agentes policiales que intervinieron en el incidente no observaron sangre ni lesiones en el agresor, “mientras que sí notaron abrasiones visibles en el cuello del médico, cerca de la yugular”. Según el Tribunal, los hechos demostrados en el juicio se enmarcan en un intento de asesinato, dado que el arma utilizada por el acusado, “el área de las lesiones infligidas a la víctima y la cantidad de puñaladas revelan un claro deseo de matar”.
Los magistrados enfatizan que el ataque se centró en áreas vitales como el pecho y el cuello. “Esto implica una clara intención de causar la muerte de la otra persona, junto con una acción sorpresiva caracterizada por un ataque repentino, inesperado y aprovechado mientras la víctima estaba de espaldas y en la camilla”, señalan los jueces.
El Tribunal ha determinado que el agresor no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante quince años y deberá indemnizarla con 8.250 euros. Además, han ordenado la expulsión del territorio español del procesado una vez que haya cumplido tres cuartas partes de la pena, con una prohibición de retorno por diez años. Por el momento, la Sala ha decidido mantener al acusado en prisión provisional hasta que la sentencia sea firme.
Prueba de Comentario