FUENTES INFORMADAS
VOX ha interpuesto, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella contra el consejero de Educación de Cataluña por un presunto delito de desobediencia, contemplado en el artículo 410.1 del Código Penal, al no ejecutar la sentencia que obligaba al Gobierno catalán a garantizar que los alumnos recibieran, al menos, un 25% de las clases en español.
La Vicesecretaría Jurídica Nacional de la formación, que dirige Marta Castro, y el letrado, Juan Cremades, recuerda en su escrito que el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de apelación que presentó el Gobierno catalán. De modo que, una vez la sentencia fue firme, el querellado contaba con 15 días para dictar las instrucciones y establecer las medidas de control para cumplir la sentencia. Sin embargo, al no hacerlo «el querellado ha incumplido dolosamente con lo ordenado por el Tribunal».
Por su parte, el presidente de VOX en el parlamento catalán, Ignacio Garriga, ha declarado que «no vamos a permitir que las acciones del Gobierno separatista, en abierta rebeldía, queden impunes». En la misma línea, ha asegurado que «daremos la batalla hasta la victoria final para recuperar los derechos legítimos de todos los catalanes y para que en Cataluña nuestros hijos puedan escolarizarse en español».
Además de incumplir la sentencia en firme, la Generalidad de Cataluña ha aprobado una Ley -el Decreto ley no ha entrado aún en vigor- por la que, en absoluta oposición a la sentencia del TSJC, deja en poder de los centros educativos, y en última instancia del Departamento de Educación, el tratamiento de las lenguas en función de las necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística del alumnado, con supervisión y posterior validación del Gobierno catalán.
VOX explica en su escrito que se trata de un «evidente fraud legis» para evitar que se lleve a efecto la sentencia y el auto del TSJC así como prestar la colaboración requerida en el curso del proceso y en la ejecución de la sentencia.
Por ello, la formación que preside Santiago Abascal ha solicitado que se admitan todos los documentos aportados junto a la querella, así como la citación del consejero de Educación como investigado, y se le tome declaración como tal. Solicita también VOX la hoja histórico penal del querellado y que se una a los autos.
Por último, Castro solicita que se requiera a la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cataluña para que remita copia testimoniada del procedimiento de ejecución derivado de su sentencia nº 5201/2020, de 16 de diciembre de 2020.
