Violencia machista: ¿problema o negocio?

En mi adolescencia presencié que un vecino habitualmente borracho maltrataba a su mujer y sus hijas. Alguna vez se refugiaron en casa de mis padres. En mis primeros años en la policía (década de los 80), tomé varias declaraciones a mujeres víctimas de maltrato, entre ellas a la mujer de un comisario y la de un juez porque el problema se manifiesta en todos los extractos sociales.

He intervenido dos veces contra un maltratador que era vecino donde vivo hoy (su mujer se fue con los hijos y a él le quitaron la vivienda); la primera vez, 5.30 de la mañana, salía de viaje a Madrid y él sacaba a la mujer cogida por los pelos a la calle en ropa interior. La mujer me pidió que no avisara a nadie ni hiciera nada, que lo tenía controlado. Él se disculpaba y ella insistió. Ocurrió hace más de 20 años. Poco tiempo después, la mujer estaba encerrada en su casa con sus dos hijos pequeños y no lo dejaba entrar. Él cogió por la ventana una cortina y trataba de prenderle fuego con un mechero. Había que saltar una valla; le pedí permiso a ella, me lo dio, salté, nos caímos al suelo y con ayuda de mi amigo y vecino Javier lo reduje y retuvimos hasta que llegó la policía local. La violencia machista es como la pederastia, violación, tortura, terrorismo, explotación sexual, laboral o robarle la pensión a un anciano. Delitos de lo más despreciable.

He escrito varias veces de violencia machista y más los últimos años. En un artículo publicado el 11 de enero de 2022 titulado “Propaganda criminal”, decía: “… Un maltratador es tan despreciable como cualquier violador, pederasta o torturador. Sin embargo, por cómo los políticos han organizado el sistema VIOGEN tiene muchas posibilidades de quedar impune entre la avalancha de denuncias falsas, cerradas con archivo provisional impidiendo al denunciado ejercer acciones legales contra la denunciante. Hasta puedo entender que, si se trata de proteger a las mujeres, en caso de duda a favor de ellas, pero no con condenas a hombres inocentes.”. “… El Gobierno no puede explicar que se registren un año 160.000 denuncias de maltrato, se celebren 50.000 juicios, 30.000 con condenas y de ellos más de la mitad de conformidad, porque el hombre se sabe condenado de antemano sea o no culpable y acepta una pena menor siendo inocente.

Es una barbaridad antijurídica que se lleven a cabo estas prácticas sin que nadie levante la voz por respeto a los derechos humanos y las garantías procesales. Entre las 110.000 denuncias que no llegan a juicio hay, seguro, numerosas que son denuncias falsas –varias miles-, con las que la autora busca una ventaja sobre su pareja en la separación. El “yo sí te creo” que condena a inocentes, como el “yo no te creo” que deja impunes a maltratadores no son propios de una sociedad con Estado de derecho. La justicia está polarizada, arrastrada a la división política y social sobre esta materia por una carencia de rigor del Gobierno y negligente regulación de protocolos policiales”.

Los crímenes y maltrato machista son una bandera política donde lo que menos importa es la eficacia en su reducción (erradicarlo es imposible). Como dice el policía Samuel Vázquez (Policías del Siglo XXI y ASP, al que han abierto algunos expedientes por decirlo): “han convertido un problema en un negocio”.

No coincido con él en otras cosas, pero en esta, sí. Es obsceno, un crimen político lo que hacen con este problema de seguridad pública. Y no será que al menos desde la organización a la que yo pertenecía y después en informes y propuestas no hayamos aportado ideas a los políticos sobre este particular. Recién nombrado Ángel Acebes ministro de Interior, julio de 2002, expuse al director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, un plan para reducir el número de mujeres asesinadas y los casos de maltrato. Le interesó y me lo pidió por escrito.

El plan era ambicioso y costoso y no se aplicó, si bien se puso énfasis desde entonces en tratar específicamente estos delitos. Básicamente consistía en ofrecer la tarea de proteger a mujeres maltratadas (no existía entonces este servicio) a personal en Segunda Actividad, que percibirían las retribuciones igual que en Activo (en dicha situación se pierden cientos de euros/mes), además con un plus económico para incentivar su incorporación y en coches camuflados o rotulados participarían en dispositivo como el que se aplicaba entonces de contravigilancia para prevenir atentados terroristas.   

No sé si ahora, con la Ley Viogen y la importancia política y presupuestaria que se concede al fenómeno, es posible plantear medidas policiales preventivas que reduzcan el número de mujeres asesinadas y maltratadas, o todavía hay que seguir estirando el chicle del presupuesto y los chiringuitos y mientras más muertes haya, más presupuesto se pide, más cargos, asesores, etc.

Siempre habrá mujeres muertas a manos de sus parejas (como las hay de hombres, aunque menos) porque está en la condición humana y no es posible impedirlo, como no habrá cero crímenes nunca, ni cero muertes en accidente de tráfico o en accidentes laborales, pero si quieren reducir drásticamente el número de víctimas y de denuncias, si quieren separar el grano de la paja pueden empezar por adoptar algunas medidas para combatir en serio este drama. Por ejemplo, crear una comisaría general, o mejor, la subdirección general de Violencia Machista por darle la importancia en el organigrama que dicen los partidos en sus discursos políticos. Se pueden reducir chiringuitos mamandurrias de los muchos que existen (en Andalucía, 800 pueblos 2.300 oficinas, ONGs y organizaciones “feministas”, la mayoría cobrando subvenciones), también se pueden reducir a la mitad los comisarios de Policía y los generales y coroneles de la Guardia Civil.

Se puede reducir drásticamente el número de asesores, enchufados y artificios burocráticos creados a mayor gloria de la casta política, reducir los coches oficiales, vuelos en Falcón, etc. y racionalizar el gasto para dirigirlo a este objetivo tan noble. En poco tiempo conseguirían que muchas mujeres que estarían muertas o maltratadas si solo hacen propaganda, como ahora, seguirían vivas y libres. Pero ¿es eso lo que quieren los partidos políticos, o hacer bandera política de las muertes y denuncias?

Esta subdirección o comisaría general estaría dotada de personal y medios suficiente para hacer seguimiento de las mujeres protegidas y los hombres condenados. Su razón de ser sería investigar cada denuncia de maltrato como lo que es: un delito grave. No vale una denuncia, detención burocrática, declaración y a disposición judicial porque así se produce lo que dicen las cifras antes citadas: o quedan decenas de miles de maltratadores impunes, lo que es inadmisible, o hay decenas de miles de denuncias falsas que animan a otras mujeres a presentarlas y hacen imposible la valoración policial rigurosa de cada caso por inundación de denuncias. Con estas medidas habría menos maltratadores impunes y se reduciría el número de denuncias falsas. Si se acabara el uso político y se dedicaran los esfuerzos a la eficacia policial habría menos maltratadas y menos víctimas mortales de violencia machista.

Hay maltratadores impunes, denuncias falsas y hay que reducir el número de víctimas maltratadas o asesinadas, la mitad de estas últimas a manos de “machos” extranjeros, aunque no sea políticamente correcto decirlo. No se defienden sus vidas y derechos con pancartas ni discursos vacíos y politizados. Trátenlo como lo que es, un drama, una tragedia y no como herramienta de propaganda política. Sean honestos con las mujeres. ¿O creen que es casualidad que crezca el número de víctimas?

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ FORNET