Esposados, sin saber su destino y a miles de kilómetros: así son las deportaciones de Trump

Nika huyó de Irán, consiguió protección judicial en EE.UU. y fue puesta en libertad. Días después volvió a ser detenida y acabó en la República Centroafricana. Su caso forma parte de las más de 25.000 deportaciones

Cuando Nika subió al avión, seguía sin saber adónde la llevaban.

Tenía 32 años, las manos esposadas y una orden de deportación que no le había sido comunicada con claridad. Los agentes tampoco respondían a las preguntas de los pasajeros. Algunos, según los testimonios recogidos en una investigación internacional coordinada por Forbidden Stories y publicada por el diario británico The Guardian, llegaron a burlarse de quienes intentaban averiguar su destino.

La respuesta apareció en las pantallas de los asientos. Un mapa permitió a los 18 pasajeros inmigrantes descubrir hacia dónde se dirigían: la República Centroafricana, un país situado a unos 11.000 kilómetros de Estados Unidos y del que muchos ni siquiera habían oído hablar.

Nika sí tenía claro de dónde había huido. De Irán.

Había abandonado su país 18 meses antes, después de participar en protestas contra el régimen. Tras más de un año encerrada en un centro de detención migratorio estadounidense, un juez ordenó su puesta en libertad y le permitió permanecer legalmente en Estados Unidos, trabajar y buscar un empleo.

El 28 de mayo, Nika salió de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Llegó a casa de unos familiares en Los Ángeles y comenzó a reconstruir su vida.

Duró diez días.

El 8 de junio fue detenida de nuevo durante lo que inicialmente se presentó como un control rutinario. Esta vez el destino ya estaba decidido: Bangui, capital de la República Centroafricana.

Su abogada, Sahar Jalili, descubrió que el ICE había tomado la decisión de enviarla allí apenas ocho días antes de que el juez ordenara su liberación. Cuando los abogados intentaron intervenir, ya era demasiado tarde.

Dos mujeres iraníes que iban a viajar en el mismo vuelo consiguieron bajar del avión. Nika no.

«Denme dos días. Solo dos días», suplicó Jalili a los agentes, según su propio relato. La respuesta fue que la orden judicial se había cumplido al liberar a Nika, pero que aquella decisión no impedía enviarla posteriormente a un tercer país.

Más de 25.000 deportados

El caso de Nika no es aislado. La administración de Donald Trump ha recurrido de forma creciente a acuerdos con países que aceptan recibir a personas deportadas desde Estados Unidos aunque no sean nacionales de esos Estados.

Según la investigación de The Guardian y otros 23 medios, más de 25.000 personas han sido enviadas a otrospaíses desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Más de 5.000 habrían viajado en vuelos hacia países de África, Latinoamérica, el Caribe y Asia Central con los que no tenían vínculos.

La investigación ha identificado más de un centenar de vuelos y 28 países de destino, aunque los periodistas advierten de que la cifra probablemente sea inferior al número real de deportaciones.

La estrategia se ha apoyado en acuerdos bilaterales con decenas de países. Según los documentos revisados por los medios participantes, Estados Unidos se habría comprometido a destinar al menos 410 millones de dólares para facilitar acuerdos de este tipo con 38 países.

El Gobierno estadounidense defiende la política como una herramienta para expulsar a personas que no tienen derecho a permanecer en el país. Un portavoz del Departamento de Estado ha asegurado que la administración utilizará «todos los medios legales» para ejecutar las deportaciones.

Un avión con 18 pasajeros y destino desconocido

El vuelo de Nika despegó de Estados Unidos el 11 de junio. Los pasajeros vieron inicialmente Ghana como destino en las pantallas del avión y pensaron que allí terminaría el viaje.

No fue así.

Tras una breve escala en Accra, el aparato continuó hasta Bangui. A las 21.45 horas aterrizó en la capital centroafricana.

Los agentes retiraron las esposas, pero permanecieron dentro del avión. Durante horas, los pasajeros tuvieron dificultades para comunicarse con las personas que acudieron a recibirlos.

«Se comunicaban con gestos», relató Nika. Después fueron trasladados a un autobús y llevados a recibir una vacuna contra la fiebre amarilla.

A ella le asignaron una habitación en un bloque de apartamentos. Le dijeron que podía permanecer allí tres meses.

La libertad, sin embargo, era relativa.

Nika no tenía pasaporte. Tampoco tenía documentos que acreditaran su identidad o su situación migratoria. Según su relato, apenas podía desplazarse sin transporte proporcionado por terceros y no podía trabajar porque no hablaba el idioma.

Después enfermó. Los dolores de cabeza y el malestar físico terminaron llevando a un diagnóstico de malaria.

«Ni siquiera sabía qué era eso», explicó.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que presta asistencia a algunos de los deportados en países receptores, le proporcionó alojamiento, comida, transporte y apoyo. La propia organización ha reconocido internamente el riesgo de que su participación sea interpretada como una forma de colaboración con estas políticas, aunque defiende que su intervención pretende mejorar las condiciones de las personas afectadas.

Uno de los elementos más controvertidos del sistema es que algunos de los deportados habían conseguido protección frente a la expulsión a sus países de origen.

Es el caso de Nika. Un juez estadounidense había determinado que no podía ser enviada de vuelta a Irán por el riesgo que afrontaría allí.

La deportación a un tercer país permitió a las autoridades estadounidenses sortear, en la práctica, esa prohibición de devolverla directamente a su país.

Los defensores de esta política sostienen que se trata de una vía para ejecutar órdenes de expulsión cuando el retorno al país de origen no es posible. Organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración sostienen, en cambio, que el sistema puede exponer a personas protegidas a nuevos riesgos y dificulta que puedan impugnar el destino antes de ser trasladadas.

El debate ha llegado a los tribunales.

El pasado 18 de septiembre, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos declaró ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional que permitía realizar estas expulsiones sin ofrecer a los afectados una oportunidad suficiente para conocer el destino y plantear sus temores de persecución o tortura. El tribunal consideró que sin conocer previamente el país de destino no existe una oportunidad real de impugnar la deportación.

La administración Trump ha anunciado que recurrirá la decisión y sostiene que la política continúa vigente mientras avanza el proceso judicial.

De EE.UU. a Ghana y después a Sierra Leona

Otros casos reconstruidos en la investigación muestran qué puede ocurrir después del primer traslado.

Rabbiatu Kuyateh, una enfermera que había pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, fue enviada a Ghana pese a que su país de origen era Sierra Leona. Había trabajado durante la pandemia y cuidaba de sus padres, además de haber criado a su hijo en Estados Unidos.

Su familia descubrió que había sido trasladada cuando ella llamó llorando desde el país africano.

Después fue trasladada en un autobús para ser deportada a Sierra Leona. Un vídeo muestra el momento en que varias personas tuvieron que sujetarla mientras se resistía a abandonar el lugar.

Otros deportados han acabado igualmente en sus países de origen después de pasar por un tercer Estado. En algunos casos, los abogados sostienen que esas personas habían recibido previamente protección judicial frente a una devolución directa.

El resultado es una cadena de expulsiones en la que el país de destino puede cambiar varias veces.

Una política cada vez más amplia

La investigación conjunta señala que los acuerdos abarcan países de África, América Latina, el Caribe y Asia. Entre ellos figuran la República Centroafricana, Ghana, Liberia, Sierra Leona, Camerún, la República Democrática del Congo y Eswatini.

En agosto, Estados Unidos envió a Liberia a un primer grupo de 20 personas dentro de un acuerdo que contempla la recepción de hasta 1.200 deportados.

En otro caso, seis personas que se negaron a desembarcar en Guinea Ecuatorial permanecieron posteriormente retenidas en ese país, según una investigación publicada por The Guardian.

Los abogados de inmigración consultados describen un sistema en el que cada vez resulta más difícil conocer con antelación el destino de sus clientes y reaccionar antes de que despeguen los vuelos.

Para Jalili, la historia de Nika resume el problema.

Primero pasó 17 meses detenida. Después consiguió salir gracias a una orden judicial. Apenas diez días más tarde fue detenida de nuevo y trasladada, esposada, a un avión cuyo destino desconocía.

Ahora está a miles de kilómetros de la vida que había conseguido reconstruir.

«No es vida», resumió Nika desde Bangui. «Respiro aquí, no me estoy muriendo. Pero no puedo salir de casa».