Como paso previo a continuar en el sillón presidencial y colocar al frente del Congreso a la expresidenta balear Francina Armengol, Pedro Sánchez ha accedido a pactar con el expresidente independentista catalán Carles Puigdemont la creación de una comisión de investigación en el Congreso acerca de lo que sabía el CNI de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017.
Puigdemont quiere que el comisario José Manuel Villarejo, entre otros, describa y detalle la información que posee sobre el si el CNI tuvo conocimiento previo de ese acto terrorista y si el imán de Ripoll, ideólogo y uno de los implicados en la masacre, fue un confidente del servicio de espionaje español hasta el mismo día del atentado.
Fuentes cercanas al comisario Villarejo anticipan a FUENTES INFORMADAS que si este, como es previsible, es llamado a intervenir en esa comisión, no responderá a nada que afecte al CNI como institución. “No contestaré a ninguna pregunta que menoscabe el prestigio del CNI como institución fundamental del Estado; individualizaré responsabilidades, no se puede generalizar”.
“La culpa de no valorar las señales sobre el riesgo de atentado fue exclusivamente del señor Sanz Roldán [en alusión a quien entonces era el director general del CNI, el general Félix Sanz Roldán], que fue avisado de ello y desechó la información que yo anticipé por la soberbia de creer que él estaba en posesión de la verdad y que lo que predije no era posible”. Así lo ha manifestado el comisario Villarejo a fuentes cercanas a su defensa.
Si Villarejo, tal como ha podido saber este periódico, rehúsa hablar de todo aquello que concierne a la actividad del CNI en este asunto, poco o nada podrá despejarse en la comisión que ha pedido Puigdemont a Sánchez, y que este ha aceptado con tal de seguir en el poder, para aclarar determinados aspectos de los graves atentados que azotaron cataluña en el verano de 2017. Villarejo es el principal testigo de esa comisión, a la que está obligado a ir, pero no a responder a las preguntas que se le formulen.
Puigdemont también ha forzado a Sánchez, que necesita a todo el arco parlamentario independentista y proeterra para renovar en el sillón presidencial, a crear otra comisión sobre los pinchazos telefónicos ilegales del CNI a más de 60 líderes independentistas, el llamado caso Pegasús, en el alusión al sofisticado sistema israelí que posee el CNI para intervenir teléfonos, muchas veces sin autorización del juez del Tribunal Supremo que debe validarlos, Pablo de Lucas.
El CNI no siempre consulta con De Lucas sus intervenciones telefónicas, como ocurrió en el caso del pequeño Nicolás, cuyo móvil fue intervenido ilegalmente porque la exvicepresidenta popular Soraya Sáenz de Santamaría ordenó que se le investigase. Ella mandaba entonces en el CNI.
Ahora manda la socialista Margarita Robles y, según fuentes cercanas al servicio de espionaje, este tipo de prácticas ilegales continúan incluso en asuntos que nada tienen que ver con la seguridad nacional. Un tema que preocupa desde hace tiempo en diferentes instancias judiciales. “Al que se le coja con pinchazos ilegales, que se vaya preparando…; esto no puede seguir así”, señalan fuentes jurídicas.
Y el otro tema que ha arrancado Puigdemont a Sánchez, que ayer se mostraba eufórico por haber logrado, a la primera de cambio, el voto decisivo de Puigdemont, es que se hable catalán en el Congreso y que Europa lo reconozca como un idioma más en el Parlamento europeo.
Y el expesidente Catalán ya ha dejado claro que esto es solo el comienzo, que si Sánchez quiere sus siete votos para seguir en la presidencia del Gobierno, tendrá que aceptar otras muchas más cosas. Como la amnistía para todos los implicados en el procés secesionista; es decir, que se cierren todas las causas judiciales abiertas y queden impunes los encausados por los graves sucesos de 2017. Y esta vez no quiere promesas, Puigdemont exige “hechos comprobables” para sumar sus votos a los de Bildu y ERC y lograr así una mayoría que permita volver a aupar a Sánchez al primer sillón de La Moncloa.