Una teniente coronel médico se enfrenta a penas de cárcel por adjudicar contratos ‘a dedo’ en el Hospital Gómez Ulla

La militar también ha sido investigada por las ausencias en su puesto de trabajo y sobresueldos a diversos cargos

La sala de Justicia del Tribunal Militar Central número uno ha procesado a la teniente coronel médico Ruth Obregón Calderón por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la Jefatura de Recursos Humanos del Hospital Central de la Defensa ‘Gómez Ulla’, donde supuestamente contrató a diversos miembros de su entorno sin ajustarse a los procedimientos legales. Entre las beneficiadas se encuentran la profesora de inglés de su hijo y la hermana de la procesada.

La Fiscalía apunta a varios delitos continuados contra el patrimonio en el ámbito militar, por los que piden hasta dos años de cárcel, así como la extralimitación en el ejercicio de sus funciones como jefa de Personal del Hospital, que añadiría otros ocho meses en prisión. Además, solicita la retribución de 104.013,43 euros, que se corresponden al sueldo percibido por la profesora.

Contrataciones irregulares

El texto relata cómo la investigada condeció un puesto como celadora a la profesora de inglés de su hijo, a quien mantuvo empleada entre 2014 y 2020, alargando su contrato a través de sucesivos contratos temporales. La sustituta de Obregón, la teniente coronel Gálvez, expresó sobre la celadora que «nunca la había visto presente en el Hospital».

Asimismo, las conclusiones provisionales señalan que la investigada intervino en la contratación de su hermana desde el 1 de julio de 2014 y de forma ininterrumpida, tal y como sucedió con la tutora de su hijo. El documento alude a que el puesto se adjudicó «haciendo uso de criterios muy personalizados y alejándose de las disposiciones reguladoras».

La hermana obtuvo su plaza indefinida en su segundo contrato, tras estar poco más de un año en situación de temporalidad. A pesar de que contaba con la titulación necesaria, el escrito incide en que la convocatoria se realizó a través de un papel colgado en el pasillo de Recursos Humanos que ofertaba la plaza temporal. Solo se presentó otra candidata, que fue descartada por no cumplir con los requisitos. Posteriormente, el contrato fue convertido en indefinido por la teniente coronel, alegando que era «para adecuarlo a las necesidades de personal de la Unidad».

Por otra parte, la Fiscalía también ha descrito varias irregularidades en la retribución de las nóminas de enero a marzo de 2020. Según el documento, la teniente coronel abonó «complementos extraordinarios por noches y festivos». Estas remuneraciones fueron percibidas tanto por su familiar como por la profesora, además de tres subdirectoras de enfermería, sin que ninguna de ellas desempeñase su cargo en ese horario.

Ausencias injustificadas

También se le imputan el incumplimiento del horario establecido y las constantes ausencias en su puesto de trabajo, frente a las que alegó una presunta reducción de jornada por la discapacidad de su hijo. Sin embargo, y de acuerdo con las conclusiones preliminares del Tribunal, esta reducción no habría sido solicitada, por lo que no habría ninguna resolución que la ampare.

El abogado de la teniente coronel adjuntó una copia de la resolución firmada por el general Fernando Jordán, entonces director del centro, donde supuestamente se concedía la mencionada reducción de jornada. No obstante, desde la Dirección del Hospital aseguran que sus archivos no albergan ningún documento que acredite la concesión.

En última instancia, la acusación también advierte de un trato «poco respetuoso» con sus subordinados y compañeros. La teniente coronel se encuentra ahora a la espera del juicio, que todavía no tiene una fecha confirmada.