Una amplia mayoría de los fiscales del Supremo avala que se impute a Puigdemont por terrorismo

La teniente fiscal del Supremo se encargará de elaborar el informe definitivo para unificar criterio

La gran mayoría de la junta de fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo (TS) decide tumbar el informe redactado por su compañero Álvaro Redondo y pide que se investigue al ex presidente catalán, Carles Puigdemont, por terrorismo.

Asi mismo, también exigen que se le imputen cargos por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del procès.

Tras una reunión que ha comenzado en torno a las 10.00 y ha durado cerca de cuatro horas, el criterio de la mayoría se ha impuesto provocando un vuelco en la postura de Fiscalía, ya que Redondo proponía no imputar a Puigdemont, al tiempo que descartaba posibles delitos de terrorismo.

De los 15 fiscales que han participado en el cónclave, 11 han considerado que hay indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y contra el diputado del Parlament, Ruben Wagensberg. Ambos aforados, mientras que 4 se han mostrado en contra. Con una mayoría aún más amplia, de 12 a 3, han resuelto que puede haber delitos de terrorismo, según las fuentes fiscales consultadas por Europa Press.

En ese mismo orden, los fiscales del TS se alinean con el juez instructor de Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, que en una exposición razonada de más de 100 páginas pedía al alto tribunal investigar por terrorismo a Puigdemont, Wagensberg y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras personas.

La teniente fiscal del Supremo ha sido la encargada de redactar el nuevo informe

En contraste, este cambio de criterio choca frontalmente con la posición fijada por el fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien ha defendido en línea con Redondo que no había indicios suficientes contra Puigdemont, ni de terrorismo.

El paralelismo entre la posición de Carballo y la ahora fijada por los fiscales del TS, ha propiciado que sea directamente la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, la encargada de redactar el nuevo informe para unificar criterios.

Asimismo, las fuentes consultadas indican que, dado que la labor de Sánchez-Conde en este asunto es la de establecer la posición definitiva de la Fiscalía, podría no seguir el criterio fijado este martes por sus colegas del alto tribunal.

Una vez emita el informe definitivo, se elevará a la Sala de lo Penal del alto tribunal, donde el magistrado Juan Ramón Berdugo será el encargado de estudiar el asunto para después argumentar ante los demás magistrados si procede o no dar curso a la exposición razonada firmada por García Castellón.