Un casero usuario de Airbnb, a juicio por espiar a sus inquilinas con cámaras ocultas

El acusado ha aceptado una pena de dos años de prisión y multas por un total de 4.320 euros

Un hombre será juzgado este lunes, 9 de septiembre, en la Audiencia de Cantabria por instalar cámaras ocultas en el baño y uno de los dormitorios de una vivienda que tenía previsto alquilar a cuatro mujeres, según informa Confilegal. Las cámaras capturaron un total de 26 vídeos de escenas íntimas, mostrando a las víctimas en distintos momentos durante dos días.

El juicio, que se llevará a cabo a partir de las 9:30 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, se centrará en los cargos de revelación de secretos y allanamiento de morada. El proceso contará con un tribunal del jurado y se espera la conformidad de las partes, ya que el acusado ha aceptado una pena de dos años de prisión, multas por un total de 4.320 euros y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas durante tres años y nueve meses.

El acusado ingresó en la vivienda, alquilada a través de la plataforma Airbnb, durante la madrugada sin el permiso de las inquilinas. Se ocultó en una habitación que no formaba parte del contrato de alquiler, con la intención de recuperar las cámaras que había instalado previamente. Fue sorprendido por las mujeres, quienes lo denunciaron de inmediato.

Tras su detención y antes de que se descubriera la existencia de las grabaciones, el hombre proporcionó a los agentes la clave de desbloqueo de su teléfono móvil, lo que permitió a la policía encontrar los vídeos almacenados en el dispositivo.

Delitos

La Fiscalía, la acusación particular y el propio acusado han presentado un escrito ante la Audiencia, en el que se le declara culpable de cuatro delitos de revelación de secretos en concurso con uno de allanamiento de morada. La pena acordada incluye dos años de prisión, multas que suman 4.320 euros y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas durante tres años y nueve meses.

Además, se solicita que el acusado pague las costas del proceso, incluidas las de la acusación particular, que ascienden a 3.000 euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.