Hoy: 22 de noviembre de 2024
Fue una ceremonia, la del martes día 6 de diciembre en el Congreso de los Diputados, representativa de la foto de estado fallido al que el Partido Popular, primero por Pablo Casado y ahora por Alberto Nuñez Feijóo han arrastrado a los principales órganos constitucionales de España. Tan claro lo tiene Nuñez Feijóo que este miércoles 7, un día después, explicó el carácter estratégico de su bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Porque el PP intenta “proteger al poder judicial de un Gobierno que quiere controlar la justicia y politizarla”. Según dijo en Onda Cero al periodista Carlos Alsina “a Sánchez le interesa el Tribunal Constitucional, no el CGPJ”.
Es decir, incumplir la Constitución, que obliga a renovar en plazo los órganos como el CGPJ o el TC, es un medio que justifica el fin frente a la maldad de Pedro Sánchez. Está claro: si bien Nuñez Feijóo puede ignorar que 1984 , la novela de George Orwell, fue escrita entre 1947 y 1948, ello no le impide difundir falacias similares a las que denuncia en ella el escritor y periodista indo-británico.
En el despacho de la presidenta del Congreso de los Diputados, el pasado martes 6 de diciembre, las autoridades esperaban la llegada del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Cuando entró saludó a todos y se dirigió a Pedro González-Trevijano, presidente del TC y a Rafael Mozo, presidente en funciones del CGPJ. Sánchez farfulló, según fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya, que la situación creada en la Justicia era complicada y que era necesario encontrar “una solución”.
Mozo apuntó que el 22 de diciembre el CGPJ celebrará un Pleno en el que se espera abordar los nombramientos de los dos magistrados pendientes del TC. Mientras, González-Trevijano sermoneó: “Hay que cumplir la legalidad“. Ambos presidentes acordaron reunirse en los próximos días. En el acto, González-Trevijano, sin poder hacer, como era habitual, un tándem con Carlos Lesmes, el dimitido presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, tuvo que escuchar las palabras de Meritxell Batet, que, sin duda, iban cargadas. “Los problemas que puedan tener los órganos constitucionales no solo proceden de lo que ellos mismos pueden hacer sino también a veces de lo que hagan con ellos”, en una nada velada referencia al PP.
Precisamente: González-Trevijano había rechazado el miércoles 30, en el Pleno del TC, convocar, a petición certificada del Gobierno y de tres magistrados del tribunal, la convocatoria del Pleno para verificar los dos nombramientos aprobados en el consejo de ministros cuarenta y ocho horas antes (Juan Carlos Campo y Laura Díez). Según el artículo 4 del reglamento de organización estaba obligado a hacerlo. Pero huyó hacia adelante, hacia el Pleno ordinario del CGPJ del 22 de diciembre. Es interesante: los vocales se reunirán el día de la lotería. Y será casi como una lotería el que salgan esos ya malditos nombramientos.
El caso es que uno de los dos nuevos magistrados nombrados por Sánchez sustituye a González-Trevijano, nombrado en 2013 por Rajoy, y cuyo mandato lleva vencido desde el 12 de junio de 2022. Si González-Trevijano ignoró la solicitud del Gobierno de convocar el Pleno para dar el plácet a Campo y a Díez, no se pudo perder, al escuchar las palabras de Batet en las puertas del Congreso, que su negativa a citar el Pleno también afecta a quien es pareja de Batet, el magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo.
A su vez, Rafael Mozo enfrenta también una situación problemática porque los vocales conservadores, con el apoyo externo del PP -según ha admitido Nuñez Feijóo este miércoles 7 – mantienen su bloqueo, bajo la fórmula de vetar al magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, José Manuel Bandrés, quien, precisamente tiene el respaldo de Mozo, del sector progresista.
Veamos. Si los conservadores proponen a un candidato del Supremo -cosa que siguen sin hacer- y los progresistas a Bandrés, el tema queda solucionado. Porque estos últimos mantienen su fidelidad al pacto del 8 de septiembre de no objetar a un candidato del Supremo que propongan los conservadores. El problema es que estos, con apoyo del PP, quieren nombrar a un “propio” (un Pablo Llarena, digamos, y a un magistrado de su cuerda pero con “traje progresista”.
Es González-Trevijano quien está con una piedra a lo Sísifo sobre sus espaldas. Lo ha fiado todo al 22 de diciembre, camuflando su incumplimiento de la ley al rechazar el Pleno de verificación con esa cita.
Si no hay nombramientos en el CGPJ y se convoca el Pleno de verificación en el TC, y su voto es contrario a la admisión de los 2 magistrados del Gobierno ello provocaría un conflicto constitucional inédito e irresoluble. Porque el TC es el órgano encargado de resolver los conflictos entre los órganos constitucionales Gobierno-CGPJ-Parlamento, pero no hay ningún órgano para resolver los conflictos entre el Gobierno y el TC si este se niega a dar posesión a los magistrados propuestos por el Gobierno. Es un conflicto mayor, inédito, que ya está alimentando el sector conservador del TC al negarse a convocar el Pleno del plácet.
El miércoles 30, el presidente del TC dijo que había escuchado a la mayoría -previamente complotada- y se alineaba con ella. Aunque, contra lo que difundió desde el TC a los medios, no hubo votación. Pero su forma de computar no refleja la realidad. Porque lo que hubo en términos de número de magistrados y -habrá en el Pleno de verificación- es un empate.
Se vota de menor a mayor, según antigüedad. Cinco progresistas (Balaguer, Conde-Pumpido, Sáez, Xiol y Montalbán) están a favor de dar el plácet y la toma de posesión de los dos candidatos y cinco conservadores en contra (Narváez, Enríquez, Martínez-Vares, Arnaldo, y Espejel). Y en ese punto del empate quien vota último es González-Trevijano. Y claro: es la piedra de Sísifo. No quiere llegar a esa situación. Porque con su voto se rechazaría la toma de posesión del magistrado que le tiene que sustituir (aparte del otro).
Adónde conduce esto: González-Trevijano seguiría en su puesto en el TC porque se habría votado a sí mismo, una situación ética y estéticamente imposible. Tendría pues que votar a favor del plácet. Pero la presión del sindicato mediático-judicial para que no lo haga es muy fuerte. Y, luego, ¿si el PP gana las elecciones generales próximas dónde quedarán las expectativas personales en otros cargos? Digamos, por ejemplo, la presidencia del Consejo de Estado? En fin, el presidente del TC se encuentra solo y ante el peligro ante una presión del sindicato que intenta torear no sin balbuceos. Su apuesta, según fuentes consultadas, es que el CGPJ le saque de la encrucijada, convocar el Pleno de verificación y llevar allí a los cuatro candidatos al TC para dar la luz verde.