El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado de la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado

¿Quién dirimirá la cantidad de las costas -la defensa de Alberto González Amador pide 65.000 euros- que tendrá que pagar el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz? El ICAM de Madrid no es imparcial: su querella inició la causa que le condenó por filtración de datos reservados

El caso del exfiscal general del Estado es una hidra de muchas cabezas. La defensa de Alberto González Amador ha solicitado que la Sala Penal del Tribunal Supremo ordene el pago de 64.778 euros en concepto de costas procesales -los gastos de su abogado- en el procedimiento que acabó con la condena de Álvaro García Ortíz el pasado mes de noviembre. 

Corresponde ahora a la letrada de la Administración de Justicia de la Sala Penal fijar ahora la cantidad. Pero la misma será impugnada por el exfiscal general del Estado.

Normalmente, para llegar a un acuerdo se pide un dictamen al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Ese informe tiene una tarifa. Y, atención, no es vinculante.

Pero he aquí que tenemos un problema. Y es que el ICAM es la entidad que presentó la primera querella contra el fiscal General del Estado en marzo de 2024.

A mediados de marzo de 2024 se filtraron dos correos del caso de los dos delitos fiscales de González Amador. La primera filtración la realizó Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a un grupo de periodistas. MÁR filtró un correo del fiscal del caso, Julián Salto, en el que contestaba a otro de Carlos Neira, abogado de González Amador.

En su respuesta el fiscal Salto afirmaba que era posible llegar a un acuerdo de conformidad sobre los dos delitos fiscales que Hacienda atribuye a la empresa Maxwell Cremona, propiedad de la pareja de Ayuso, tal como lo pedía Neira en su correo del 2 de febrero de 2024.

MÁR manipuló a los medios. Les hizo creer que la propuesta del pacto provenía de la Fiscalía de Madrid y no de González Amador, como en efecto ocurría.

La Fiscalía General del Estado emitió una nota informativa donde se detallaba lo que había sucedido para desmentir la manipulación. Y, asimismo, se filtró el correo del 2 de febrero de 2024 que había provocado la respuesta del fiscal Salto.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, reaccionó con dureza solamente ante la nota informativa de la Fiscalía General del Estado por revelar detalles sobre las negociación de una materia reservada cual es la búsqueda de un pacto de conformidad sobre los delitos fiscales y así se lo hizo saber a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

El viernes 15 de marzo, García Ortíz y Rodríguez, celebraron una reunión con Ribón en la sede de la Fiscalía, en la madrileña calle de Fortuny. A ellos se unió por videoconferencia Victoria Ortega, presidente de Consejo General de la Abogacía Española.

El fiscal general propuso firmar un comunicado conjunto, iniciativa que Ribón rechazó. En las semanas siguientes, el ICAM presentó una querella contra García Ortíz. El juzgado de instrucción 28 de Madrid la admitió a trámite y resolvió enviar al Tribunal Superior de Madrid (TSJM) una exposición razonada para imputar al fiscal general por su condición de aforado. A su vez el TSJM la cursó en julio de 2024 a la Sala Penal de Supremo, el que imputó al fiscal general el 15 de octubre de 2024.

El ICAM, en calidad de acusación popular, pidió en el juicio contra García Ortíz cuatro años de cárcel e inhabilitación.

Pero, además, hay otra circunstancia que vincula al ICAM con la presidencia de la Comunidad de Madrid (CAM). Y es que la CAM la preside Díaz Ayuso, es decir, la pareja de González Amador, y acaba de  autorizar oficialmente la creación del ICAM Centro Universitario, un centro docente privado promovido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y adscrito a la Universidad Complutense (UCM) que impartirá el Grado en Derecho y másteres especializados. La autorización fue  publicada en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2025.