Se retrasa a marzo o abril la decisión sobre la amnistía

No ha colado en el equivalente al Supremo europeo -el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)- que la ponencia de un eurodiputado del grupo que integraba Vox acabase en la Eurocámara con la inmunidad del entonces diputado europeo Carles Puigdemont en 2021. El tribunal inferior -el Tribunal General del Unión Europea (TGUE)- dio el visto bueno, pero ahora se ha anulado su sentencia. El TJUE, que tenía previsto la sentencia sobre la cuestión prejudicial contra la ley de amnistía en febrero, retrasará el fallo a marzo o abril

ERNESTO EKAIZER /El Periódico

Lo que no podía ser, que el partido que fue acusación popular en el juicio del procés, Vox, fuese quien, a través de su eurodiputado en el Parlamento Europeo, impulsara la ponencia para acabar, en 2021, con la inmunidad de que gozaban Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, no pudo ser y además resultó imposible. El TJUE, en su sentencia de 5 de febrero de 2026, ha corregido al tribunal inferior, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), el que, siguiendo el informe del abogado general del 4 de septiembre de 2025 había desestimado los recursos de los tres dirigentes independentistas, que pedían la nulidad del acto de la Eurocámara de retirarles la inmunidad.

La decisión no por carecer de efectos prácticos -Puigdemont y Ponsatí ya no son eurodiputados y Comín ha sido elegido pero no puede ejercer por haberse negado a pasar por Madrid para recoger el acta- deja de tener relevancia.

Porque el TGUE había rechazado la existencia de una pérdida de imparcialidad por parte de la Eurocámara, cuando se apoyó en 2021 en un informe de un eurodiputado del mismo grupo al que pertenece Vox. Angel Dzhambazki, eurodiputado búlgaro la pasada legislatura y miembro del grupo Conservadores y Reformistas Europeos, el mismo de Vox entre 2019 y 2024, fue el ponente en el caso del suplicatorio enviado por el juez Pablo Llarena, en el que solicitaba dejar sin efecto la inmunidad de Puigdemont.

Que la Eurocámara no valorase la cuestión de pérdida de imparcialidad ya fue grave. Pero es que, el abogado general del TGUE, el polaco Maciej Szpunar, aconsejó desestimar los recursos de los tres afectados. Que el TGUE hubiese seguido esa orientación- el informe del abogado general nunca es vinculante- fue todavía más grave.

Es lo que ahora corrige el TJUE.

La sentencia del TJUE da un varapalo a la Eurocámara.

“En aras de la coherencia, el Parlamento debe excluir a un ponente que sea miembro del grupo político al que pertenecen diversos diputados del partido político que ha promovido el proceso penal contra el diputado cuya inmunidad se examina”, razonan los magistrados del TJUE. “Ese ponente podría percibirse como no imparcial y su designación sería contraria al derecho a una buena administración” señala.

En cierto modo, la gravedad del asunto es que la maniobra pasara por la Eurocámara y por el TGUE.

La decisión nada tiene que ver con la esperada sentencia sobre la amnistía que dictará el TJUE que, caso de seguir las recomendaciones del abogado general, el luxemburgués Dean Spielmann, en noviembre pasado. Spielmann descartaba que la tramitación de la ley de amnistía fuese una “autoamnistía”, como sostuvieron abogados de la Comisión Europea escorados a las posiciones del PP, o que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo.

O que, sobre todo, afecte a intereses financieros de la Unión Europea, uno de los argumentos por los cuales tanto el juez Manuel Marchena como el instructor del procés, Pablo Llarena, rechazaron aplicar la amnistía al delito de malversación por el que se acusa a Puigdemont.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que esa sentencia sobre la amnistía ya no se dictara en el mes de febrero como era previsible. “La nueva fecha será en marzo o en abril”, señaló la fuente.

Si el apuntado calendario se cumple, el recurso de amparo de Puigdemont y otros dirigentes independentistas no será abordado hasta después de la sentencia del TJUE. La idea hasta ahora era que, con una sentencia del TJUE en febrero, el Tribunal Constitucional -que quiere tener la última palabra, es decir asegurarse de que no habrá más recursos- admitiría los recursos de amparo en marzo o abril.

En ese caso, la aplicación de la amnistía a Puigdemont supondría dejar sin efecto la orden de arresto reactivada por el juez Llarena al declarar que la malversación no era “amnistiable”, en julio de 2024. Y, así, abrir la puerta al regreso de Puigdemont a España sin riesgo de ser detenido.

Si, en efecto, como señalan las fuentes consultadas por El Periódico, el TJUE retrasa su sentencia hasta marzo o abril, la tramitación de los recursos de amparo de Puigdemont y otros dirigentes exigirá, a su vez, varios meses adicionales. El recurso de Puigdemont es el último presentado, a raíz de los plazos que llevó el incidente de nulidad tramitado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.