Terremoto en el Poder Judicial al ‘disparar’ los independentistas contra magistrados como Llarena, Lesmes o Marchena, a los que llaman “indecentes”

El CGPJ y el Supremo tachan de “inadmisible” el ataque de Junts a magistrados del Procés y avisan de que actuarán si se aprecia delito

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha emitido este miércoles un comunicado en el que califica de “inadmisible” el “señalamiento” efectuado el día anterior en el Congreso por la diputada de Junts Miriam Nogueras a varios magistrados del Tribunal Supremo (TS), al tiempo de que ha ratificado que adoptará las medidas necesarias para protegerlos.

Guilarte sostiene que “las personas señaladas, y cualquier otro miembro de la carrera judicial que pueda encontrarse en las mismas circunstancias” encontrarán en el CGPJ “la más firme oposición a estos ataques en defensa de la labor jurisdiccional realizada por todos ellos”.

“Manifiesto mi apoyo expreso y la garantía de que, en el ejercicio de las competencias que la ley atribuye al CGPJ, se adoptarán tomas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia”, ha aseverado.

Amparo institucional

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por esta agencia de noticias detallan que el CGPJ puede iniciar el trámite para conceder amparo institucional a los togados afectados por dichos ataques o, en el caso de apreciar delito, remitir el caso directamente a la Fiscalía para que lo investigue.

Minutos después el presidente del TS, Francisco Marín, ha reaccionado para considerar las declaraciones de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras como un “ataque personal” a varios magistrados del alto tribunal, advirtiendo de que “no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho”.

Las críticas han provocado la suspensión de una reunión que iban a mantener este miércoles el nuevo biministro Félix Bolaños y el presidente interino del Tribunal Supremo, Marín Castán.

“Razones sobrevenidas”

La se ha suspendido en plena escalada de tensión por el señalamiento a los jueces. Fuentes jurídicas han confirmado que el encuentro que estaba fijado en la agenda de Moncloa se ha suspendido a última hora por «razones sobrevenidas».

Este movimiento tiene lugar justo después de que ayer en el Congreso la diputada de Junts Miriam Nogueras llamara «indecentes» al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y a los magistrados del tribunal Carlos Lesmes y Pablo Llarena, “personajes indecentes” que “en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato”, y añadió que eran “cómplices de la politización de la policía y de la justicia española”.

También ayer, en el Senado, el representante de Junts Josep Lluís Cleries acusó a los togados de emprender una «batalla política» para «intentar torpedear» la ley de amnistía. Ante tales afirmaciones, el propio Bolaños salió en defensa de los jueces y de su independencia.

Posición de Bolaños

«No comparto en absoluto las críticas que hace usted a los jueces y al Poder Judicial. España es un Estado de Derecho, una democracia plena y los jueces actúan con independencia y con separación de poderes», ha dicho Bolaños respondiendo a una pregunta durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Además, el ministro señaló que «la labor fundamental del ministro de Justicia es garantizar que los jueces pueden hacer su labor sin injerencias, sin que nadie por detrás intente de alguna manera influirles, y con todos los medios adecuados para hacer su labor para que España sea lo que es, un Estado de Derecho ejemplar».

Asociación Francisco de Vitoria

Por su parte, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) critica que los miembros del Gobierno «callaran» en el Congreso frente a las «graves» palabras de Junts.

El portavoz del colectivo, Sergio Oliva, ha calificado de «sumamente grave» las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, y ha afeado a la presidenta de la cámara, Francina Armengol, que no quitara del diario de sesiones esas referencias.

Oliva ha recriminado a la diputada este «señalamiento público de jueces por diputados» y ha recordado a la formación catalana que España es un Estado de Derecho y por tanto «si tiene dudas de la licitud de los comportamientos de los jueces, hay procedimientos reglados disciplinarios y penales para que haya un escrutinio sobre la labor».

Para la AJFV el señalamiento público de magistrados «no solo debilita al Poder Judicial sino también al país». Y ha explicado que la reacción del presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, de suspender la reunión con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es «lógica» porque se ha atacado «directamente con nombres y apellidos a magistrados del Supremo».

A pesar de la poco tradicional bicefalia en la presidencia del Tribunal Supremo (TS) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), parece que ambos órganos judiciales mantienen la misma línea. Al menos, en lo que se refiere a la protección del Poder Judicial de forma pública.

Societat Civil Catalana

Desde Barcelona, la Societat Civil Catalana (SCC) ha expresado este miércoles su apoyo al poder judicial, a los policías y a los periodistas “señalados por Junts en un alegato fascista en la sede de la soberanía nacional”.

En un comunicado, la entidad ha asegurado que las palabras de Junts “constituyen un ataque intolerable al conjunto del pueblo español”, a la democracia y al Estado de Derecho. “Lo que no entendemos es que la Mesa del Congreso no interrumpiera un alegato fascista contra personas obscenamente señaladas por su nombre y apellido”, ha añadido la entidad.

En este sentido, SCC ha señalado que las palabras de Junts fueron “toleradas y, por lo tanto, secundadas por los partidos de Gobierno y sus aliados parlamentarios”.

El diputado de Junts en el Congreso Josep María Cervera destacó este martes que la Ley de Amnistía es el “reconocimiento del error de haber judicializado un conflicto político” y afirmó -textualmente- que se trata de hacer la justicia que no han hecho los jueces que abusaron del Derecho Penal.