Siete años de cárcel para Alfredo Prada, el exconsejero madrileño de Justicia que malversó 40 millones de euros

Los jueces absuelven a todos los acusados del delito de fraude contra la administración pública que había sido planteado por la fiscalía y la Comunidad de Madrid

La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de prisión a Alfredo Prada, exvicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, por un delito continuado de prevaricación en concurso con malversación agravada. La sentencia se refiere a 24 contratos valorados en un total de 40 millones de euros, relacionados con la construcción del Campus de la Justicia entre 2005 y 2011. Estos contratos fueron gestionados bajo su supervisión y la de otros miembros del equipo directivo.

Además de Alfredo P., cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo del proyecto también han sido condenados. Isabelino B., Alicio H., Andrés G.G., y Félix José G.C. han recibido penas de tres años y seis meses de cárcel cada uno por su implicación en los mismos delitos. Sin embargo, otro acusado, Mariano José S., ha sido absuelto, ya que el tribunal ha entendido que el máster que recibió fue parte de una indemnización por despido, eximiéndolo de responsabilidad.

El tribunal ha ordenado que los condenados indemnicen de manera conjunta y solidaria a la Comunidad de Madrid con 40.482.735,78 euros, cantidad que se corresponde con los fondos desviados durante la gestión de los contratos. En caso de impago por parte de los principales acusados, Félix G.C. será responsable subsidiario del pago. Los jueces han absuelto a todos los acusados del delito de fraude contra la administración pública que había sido planteado por la fiscalía y la Comunidad de Madrid.

En su fallo, la Sala Penal subraya que la actividad contractual del Campus de la Justicia se alejó de su objetivo original, que era la construcción de una ciudad judicial en Madrid. Según la sentencia, los acusados ignoraron los controles administrativos y legales, y se centraron más en promocionar el proyecto a través de contratos con empresas como Foster & Partners, que en la ejecución real del campus. Dichos contratos fueron calificados como inútiles y excesivamente costosos, contribuyendo al fracaso del proyecto.

La cuantía de los fondos malversados superaron los 40 millones de euros

La gravedad de los hechos es destacada por la cuantía de los fondos malversados, que supera los 40 millones de euros, de los cuales más de 13 millones fueron destinados a la contratación de Foster & Partners y sus consultoras. Esta cantidad, según los jueces, generó un daño significativo al servicio público, ya que el Campus de la Justicia nunca se materializó más allá de algunos túneles y un edificio incompleto.

El tribunal también ha determinado que Alfredo P. jugó un papel decisivo en la adjudicación de los contratos, prescindiendo de los procedimientos administrativos necesarios. Fue él quien gestionó directamente las contrataciones, tanto en los casos de publicidad como en los contratos con Foster & Partners, sin considerar el impacto financiero que estas decisiones tendrían en las arcas públicas.

En su análisis, la Sala concluye que la falta de previsión económica, la contratación innecesaria y el desvío de recursos contribuyeron a la ruina del proyecto del Campus de la Justicia, que a día de hoy sigue sin completarse.