Sánchez se carga de razón en nombrar a los dos magistrados al TC y se le escapa con su elección

El Gobierno cumple con su obligación en el TC mientras la derecha conservadora prepara el contragolpe en el CGPJ

El Ministerio de la Presidencia comunicó la noche del pasado lunes, día 28 de noviembre. al presidente caducado del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, que procedería a nombrar en el Consejo de Ministros de este martes a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponde para sustituir al propio González-Trevijano y a Antonio Narváez, nombrados hace nueve años por el gobierno de Mariano Rajoy. No le informó quiénes serían. Ese lunes por la noche también lo supieron los dirigentes de Unidas Podemos, quienes si conocieron los nombres.

Ese mismo día González-Trevijano se desayunó de buena mañana -o mala ya que uno de los sustitutos es el suyo- con los nombres del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia entre 2020 y 2022, Laura Díez. A continuación, según las fuentes del tribunal consultadas, nada más llegar a la madrileña calle de Doménico Scarlatti, convocó al vicepresidente, Juan Antonio Xiol. Allí le transmitió que cursaría la información al presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, antes de convocar al Pleno de validación en el que los doce miembros del TC votan en secreto sobre los nombres y al recibir la comunicación oficial de La Moncloa.

Por cortesía institucional no se daría un plazo perentorio pero se sobreentiende que debe ser breve para que los nombres de los dos candidatos del CGPJ se unan a los dos del Gobierno y los cuatro nuevos magistrados sean sometidos a la votación del Pleno. En principio hay un pleno ordinario previsto para el 22 de diciembre.

En el CGPJ esos nombramientos están deliberadamente bloqueados al menos desde el 13 de septiembre -fecha legal en que se deberían haber nombrado los cuatro magistrados con mandato caducado desde el pasado 12 de junio- por la acción de los vocales conservadores con el respaldo del Partido Popular. Este miércoles se reunirán Álvaro Cuesta y José Luis Ballestero, progresista y conservador, para seguir la interminable negociación. Los progresistas quieren que se convoque un Pleno extraordinario de inmediato y no esperar a Navidades.

Acuerdo entre González-Trevijano y Xiol

Este pacto entre González-Trevijano, conservador, y Xiol, progresista, fue presentado como un hecho consumado al Pleno del TC, que estaba anteriormente convocado. Fuentes del tribunal desmintieron el trampantojo de tensión que medios vinculados al “sindicato judicial y mediático” difundieron poco después de la reunión. “La verdad es que nadie puso objeción alguna a la comunicación al CGPJ. Es más el Pleno aprobó varias sentencias que están en la cola”, señaló una fuente a El Periódico de Catalunya, recogida por FUENTES INFORMADAS. “La noticia de la tensión es ‘hacer’ una información, no dar o transmitir una información al público”, añadió. “El debate no ha empezado”, dijo otro magistrado consultado. 

Si Pedro Sánchez acertó en la decisión de nombrar a los dos magistrados que tocaba designar al Gobierno ante la barricada erigida por la derecha sin rendirse a su táctica dilatoria, según dijeron diversas fuentes de varios tribunales a El Periódico. En cambio su elección por los nombres de los nuevos magistrados ha creado una desviación hacia el barullo político, situando en segundo plano la apuesta por nombrar ya, es decir, antes del próximo 6 de diciembre, día de la Constitución. 

“Da toda la impresión de que una vez abortado el acuerdo con el PP a finales de octubre, Sanchez ha decidido ir por libre y nombrar a quien le viniese en gana. Porque en ese pacto, había consenso en no nombrar en el CGPJ a nadie que procediese de la política. Con ese argumento se vetó a Vicky Rosell, de Unidas Podemos, que es delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad.

Politización en los nombramientos

Ahora en cambio, el presidente ha optado por un exministro que el mismo cesó en julio de 2021 y por una exdirectora general. Ello después de acusar a Alberto Nuñez Feijóo en el Senado el pasado 22 de noviembre de haber nombrado a un militante del Partido Popular al frente del TC mientras gobernaban”, en alusión a Francisco Pérez de los Cobos, el magistrado que ingresó al tribunal de garantías en 2008, cuando tenía carné de militante del PP y lo mantuvo hasta el 2011. Fue presidente entre 2013 y 2017.

Con todo, el presidente repite con los nombramientos en el TC, en rigor, la experiencia de nombrar a Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado (FGE) en febrero de 2020 después de cesarla como ministra de Justicia. Es decir: uno de los suyos y de total confianza del PSOE. 

Precisamente, el compromiso de no incurrir nunca más en un nombramiento de ese tenor -de ministra o ministro a FGE- también estaba contemplado en el pacto abortado entre Sánchez y Feijóo. 

Renovar por sextos es legal, según el TC

Hasta el anuncio de este martes, el debate que presentaba el “sindicato judicial-mediático” -la coalición de magistrados conservadores del Supremo, del CGPJ, el PP y varios medios de comunicación- colocaba el acento en no se puede sustituir a González-Trevijano y a Narváez si al tiempo el CGPJ no designa a los otros dos caducados, Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol. En resumen: o se renueva un tercio de los doce, es decir, cuatro, o nada. 

Hay una sentencia del TC que aclara, por unanimidad, en relación al CGPJ, (191/2016, 16 de noviembre) que cuando un órgano está en condiciones de hacer sus nombramientos y el otro no (aunque en este caso estamos ante un veto deliberado inconstitucional en el CGPJ), el primero debe realizarlos.     

El nombrar “es una potestad sin duda, pero también al tiempo, un deber ex Constitutione [desde la Constitución] con términos trasladables aquí respecto de previsiones legales relativas a la renovación de este mismo Tribunal Constitucional”.  Pero, ahora, con el desahogo de Sánchez el debate se desplazará al perfil político de los candidatos en un totum revolutum, esto es España.

El principal perjudicado, en realidad, es el sector progresista que va a ser mayoritaria una vez aprobados los cuatro nombramientos, si se aprueban.  

¿Por qué?  “Un fenómeno notable a lo largo de la historia, independientemente del lugar o tiempo, es la búsqueda, por parte de los gobiernos, de políticas contrarias a sus propios intereses. Parece que la humanidad se comporta peor a nivel de gobiernos que en cualquier otra actividad humana”, señala la historiadora norteamericana Barbara Tuchman. Y hace el siguiente test: “¿Por qué en esta esfera, la sabiduría, que puede definirse como el ejercicio del razonamiento en base a la experiencia, sentido común e información disponible, es menos eficaz y más frustrante de lo que debería ser. ¿Por qué los responsables de altos cargos a menudo actúan en contra de lo que sugieren la razón y el interés propio? ¿Por qué el proceso mental inteligente parece tan a menudo inoperante?”. 

Deber de abstención de los aspirantes en las leyes del Gobierno

Esto se aplica, claro, a los nombramientos. Porque, sencillamente, ambos candidatos del Gobierno tendrán que abstenerse en muchos asuntos en los que hay recursos contra leyes del Gobierno. Campo, además de aprobar leyes en el Consejo de Ministros, también ha sido diputado y ha votado en el Congreso de los Diputados a favor de ellas. Y ello debilitará en muchos recursos del PP y Vox que se han acumulado a la mayoría progresista. Huelga decir que tendrá que abstenerse también en el recurso del diputado canario, Alberto Rodríguez, privado de su escaño en octubre de 2021 por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pareja de Campo.

Ahora el CGPJ tiene la pelota en su tejado. Y atención, la derecha y su “sindicato judicial-mediático” tienen poder. Un solo voto arrancado al sector progresista en el Consejo -por ejemplo el de la presunta progresista Mar Cabrejas- pueden darle la mayoría para elegir además de a su “propio” candidato -Pablo Llarena, el héroe de José María Macías, el ideológo del CGPJ y socio del bufete de abogados Cuatrecasas, también al ”candidato progresista preferido” del sector conservador: el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Pablo Lucas en lugar de José Manuel Bandrés-.

La batalla ha entrado en una nueva fase.