Sánchez & Puigdemont, con el juez en sus talones

11 de febrero de 2024
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Sánchez
Carles Puigdemont comparece frente a Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. | EP

Adivinanza: ¿en qué se parecen el juez Manuel-García Castellón y Cary Grant, el actor de origen británico, lanzado en 1937 a un estrellato duradero en Hollywood?

¿Una pista? En la embajada española de París, cuando actuaba como juez de enlace España-Francia, le llamaban Kaplan.

El gobierno de José María Aznar nombró al juez Manuel García-Castellón (Valladolid, 1952) nombrado el 26 de mayo de 2000 -siete años después de llegar desde Valladolid como juez sustituto a la Audiencia Nacional- magistrado de enlace con la justicia francesa, con sede en la embajada española de París. El decreto fue firmado por el vicepresidente del Gobierno y ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy.

García-Castellón había conocido a Aznar, cuatro meses menor que él, en Valladolid, cuando era presidente del Gobierno de Castilla y León entre 1987 y 1989. El juez era entonces era entonces titular de juzgado de instrucción número 2, Cuando llegó a ser el 7 de mayo de 1993 juez decano de los juzgados de Valladolid, Aznar ya estaba en Madrid en la campaña de las elecciones generales del 6 de junio de 1993, con la seguridad de ganarlas (y de haberlas ganado, según declararon Alberto Ruiz-Gallardón y Javier Arenas prematuramente aquella noche).

García no tardó mucho en seguir los pasos de Aznar a Madrid. Unos meses después de ser designado decano en su tierra, pidió ocupar un puesto vacante, el que dejaba el juez Baltasar Garzón para saltar al gobierno de Felipe González, el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Más tarde como juez de apoyo del juzgado 3 del mismo tribunal le tocó instruir la querella criminal contra el expresidente Mario Conde los administradores del intervenido Banco Español de Crédito (Banesto).

Fue García-Castellón quien envió de oficio a la cárcel, sin petición del fiscal Florentino Ortí , en las Navidades de 1994.

Y con respaldo del PSOE y del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, se creó, cuando terminaba la comisión de servicios de García-Castellón en la Audiencia Nacional, un nuevo juzgado para evitar precisamente, su salida: el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

En aquellas fechas, Mario Conde y su entonces abogado Mariano Gómez de Liaño, gozaba del apoyo de los llamados fiscales “indomables” liderados por Eduardo Fungairiño.

Habían fracasado en su batalla para abortar la querella contra Conde pero seguían torpedeando al fiscal jefe, Pepe Aranda, y cargaban también contra García-Castellón, al que consideraban juez ilegitimo.

El gobierno socialista apoyó la creación del juzgado para García-Castellón como una respuesta a las maniobras de Conde.

La semana del 19 de abril de 1995, el juez García-Castellón estaba de guardia en la Audiencia Nacional. A las 08.05 de la mañana, Aznar se desplazaba desde su casa en la madrileña calle residencial de Arturo Soria doblaba en la calle de José Silva en dirección a su despacho en el cuartel general de la calle de Génova, estalló un coche bomba colocado por la banda terrorista ETA. Aznar salió caminando por su propio pie, ileso gracias al blindaje de su automóvil. Como resultado de la explosión falleció Margarita González, una vecina de 73 años. García-Castellón acudió inmediatamente a la escena y se hizo cargo de la investigación.

En 1999, con respaldo político, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró, el 6 de octubre, a García-Castellón miembro de un organismo creado en 1987 llamado Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial (CNCPJ), en calidad de secretario.

Su sueldo lo pagaba el Gobierno de Aznar

Dicha entidad estaba dedicada a coordinar políticas de la policía judicial de varias regiones españolas y en el mismo participaban los ministros de Justicia, Interior, el fiscal General del Estado y consejeros de justicia de las Comunidades Autónomas.

Aunque debía reunirse con regularidad trimestral lo cierto es que celebraba una reunión año. García-Castellón fue designado secretario y dirigía una unidad con pocos asistentes y una secretaria personal, agente de la Guardia Civil. Desde allí creó también un llamado Comité Técnico desde el cual enviaba circulares que firmaba como “magistrado-presidente del comité técnico y secretario de la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial”.

Su sueldo lo pagaba el Gobierno de Aznar, a través del Ministerio del Interior, cuya cartera ejercía entonces Jaime Mayor Oreja. Presidía el CGPJ Javier Delgado y delegaba en el día a día en el secretario, el juez García-Castellón.

Pocos meses después de la nueva victoria de Aznar en marzo de 2000, García-Castellón era nombrado en un puesto de ensueño (había pensado en Francia desde sus años en el colegio La Salle de Valladolid donde había hecho sus pinitos en lengua francesa): magistrado de enlace con la justicia de Francia en París.

Eso ocurrió el 26 de mayo de 2000 con el decreto 958/2000 firmado por el rey Juan Carlos y el vicepresidente del Gobierno y ministro de la Presidencia Mariano Rajoy.

El hecho es que cuando en aquellos años, en la embajada española le llamaban o intentaban ponerse en contacto para invitarle a alguna actividad o evento nunca conseguían dar con él.

“En París le llamábamos Kaplan. Porque nadie lo conocía. Porque le llamaban para alguna consulta y nunca estaba, se le invitaba a actos, y no aparecía. Cuando le buscabas en Madrid estaba en París y le buscabas en París y estaba en Madrid, nunca se le encuentra, nadie le ha visto. Le pusimos Kaplan por la película de Alfred Hitchcock North by Northwest que en España y América Latina (Perseguit per la mort en Catalunya) se conoció como Con la muerte en los talones”, dijo una fuente diplomática a El Periódico de Catalunya.

En el film, una de las joyas del suspense hitchcockiano, Cary Grant interpreta a un ejecutivo del mundo de la publicidad de Nueva York llamado Roger Thornhill que es confundido por unos espías con el agente de la Central de Inteligencia Americana (CIA) George Kaplan, a quien secuestran y de los que logra huir sufriendo más tarde una persecución implacable.

George Kaplan, pues, será invisible en todo el film, convirtiéndose en uno de los datos de la trama que usaba Hitchcock y que llamaba McGuffin para hacer desarrollar la película sin que fuera un tema relevante de la misma.

Lo cierto es que, según ha podido averiguar este diario, García-Castellón solía residir en Madrid y desde “la unidad con un par de funcionarios y una secretaria que era Guardia Civil, organizaba viajes puntuales a París”, señaló una fuente familiarizada con esa oficina.

”Solía viajar con un algún cargo gubernamental e incluso iba en el mismo avión que tú, se bajaba con su maleta y te esperaba a la salida para acompañrte. Y podía volver en mismo avión”, apuntó la fuente. Un magistrado jubilado añadió a este diario: “Una funcionaria de la justicia francesa en cierta ocasión preguntó al presidente de la Audiencia Nacional por un tema de etarras en Francia, a lo que el magistrado dijo que ese asunto era mejor hablarlo con el juez de enlace en Francia. La funcionaria, sorprendida, dijo: ah tenéis un magistrado de enlace, no lo sabía”.

El PP quiso premiar al juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Sería injusto deducir que su destino en París solo fue resultado del conocimiento y relación entre Aznar, tras el atentado criminal etarra de 1995, y el juez instructor de los hechos, es decir, una promoción del Partido Popular.

En diciembre de 2006, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, le volvió a nombrar en el mismo destino. La ministra de la Presidencia y vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, firmó el decreto por el cual se le nombró en idéntico puesto. En París.

Y en 2012, cuando el PP quiso premiar al juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardónle envió a París, pero no trasladó a Madrid al juez García-Castellón.

El gobierno de Rajoy, pues, le nombró el 23 de marzo de 2012 juez de enlace en Italia, con sede en la embajada española en Roma.

Allí coincidió García-Castellón con el comisario Pedro Agudo, quien en las conversaciones grabadas con el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de la pieza Kitchen [operación de los mandos policiales contra Luis Bárcenas] explicó que confiaba plenamente en el juez, a quien, dijo, le le ayudaba a elaborar los informes que se enviaban desde Roma a Madrid.

Problema: hacia 2017 los escándalos de corrupción se investigaban en el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

El juez a cargo de manera interina era Eloy Velasco, quien aspiraba a ser nombrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Durante la instrucción de casos como Lezo y Púnica, las informaciones aparecían diariamente en los medios.

En una de las reuniones del consejo de ministros, según pudo confirmar El Periódico, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, exigió ayuda porque, dijo, “la Audiencia Nacional parece atender llevar solo los casos del PP”, en referencia al juez Velasco.

Ya en las conversaciones grabadas entre Eduardo Zaplana y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid investigado en la operación Lezo, Ignacio González se fue de boca:

-Vamos a ver Eduardo. Tenemos al gobierno, al Ministro de Justicia…Yo le llamo a este [el de Roma, Manuel García-Castellón] y le digo: `Oye, ven aquí, el titular aquí y a este [Velasco]…a tomar por culo, pero ¿ qué te cuesta esto? Y a este tío le pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, pero qué cojones de chantaje? Pero, como en todo el mundo ve que esto funciona [ es decir que nadie pone coto] pues ancha es Castilla.

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, intentó buscar una salida satisfactoria para Velasco (no la de enviarle a escarbar cebollinos, lógicamente), pero, además, tenía que contar con García-Castellón, con quien tenía amistad, para repatriarlo a la Audiencia Nacional. Habló muy seriamente con el juez. Le explicó que al PP le “están dando hasta en el carné de identidad” y le urgió a asumir el juzgado del que era titular. En mayo de 2017, García-Castellón prepara el regreso. “Bueno seamos sinceros, es que no volvía porque en realidad cuanto estaba destacado en Roma seguía en Madrid con su pequeña unidad que le organizaba los viajes a la ciudad eterna”, dijo un fiscal enterado de la trayectoria del juez.

A su vez, Eloy Velasco fue ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional de nueva creación. Catalá, por tanto, había encajado las piezas del puzle.

García-Castellón siempre se ha sabido rodear de jueces de apoyo en la Audiencia Nacional. Uno de ellos es Alejandro Abascal, ahora juez interino en el juzgado central número 1 de la Audiencia Nacional; otro es Joaquín Gadea, juez de apoyo en juzgado de instrucción número 6, es decir, con García-Castellón. Muchos de sus escritos más largos y pretendidamente más enjundiosos son elaborados colectivamente, por así decir. Pero, además, se sustentan en los informes elaborados por la Guardia Civil, que constituye la columna vertical no solo de la información sino, incluso, de las calificaciones jurídicas.

Y la Guardia Civil como Policía Judicial mantiene unas relaciones muy estrechas con el juez. Cuando empezó en agosto de 2023 a insinuarse la posibilidad de la amnistía, la Guardia Civil comenzó a elaborar una nueva serie de informes sobre Tsunami Democràtic, llegando finalmente a señalar el delito de terrorismo, una concepción que se remonta a la reforma de terrorismo extensivo realizada por el PP de Rajoy y que la senadora de Esquerra Republicana de Catalunya, Ester Capella, combatió a capa y espada, vaticinando sus efectos perversos.

“Ahí está la raíz. Pero el PSOE se abrazó al PP pese que hicimos todo lo posible para evitarlo”, señala la actual consejera de Territorio de la Generalitat a este periódico.

El 7 de noviembre de 2023, el juez García-Castellón ya sabía adónde se dirigía cuando se posó ante el micrófonos de los comensales nvitados al Foro del periódico de Ourense La Región y respondió a una pregunta sobre la nueva ley en curso: “La amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud”.

El arma de destrucción masiva: el caso Tsunami Democràtic.

Junts per Catalunya salta la comba que mueve García-Castellón y en lugar de contribuir a colocar la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado cuanto antes ha provocado un paso atrás.

Mientras, el juez – al menos hasta enero pasado- sigue como secretario de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial -casi vitalicio- aunque eso sí, su salario lo paga el ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

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