Panamá: élites, listas de paraísos fiscales y propuesta de salida

Las élites siempre han existido y seguirán existiendo. Aunque el marxismo promovió su supuesta eliminación, eso no es ni posible ni necesario. De hecho, el “socialismo real” cambió viejas élites por nuevas. Es inevitable que algunos grupos sociales lleven el liderazgo en diversas áreas: sea el deporte, la cultura, la economía o el poder político. No siempre son los mismos, pero el traslape entre la élite económica y el poder político es la regla.

El problema con las élites no es que existan, lo malo es cuando ejercen su liderazgo exclusivamente para sus intereses, caso en cual el resto de la sociedad debe buscar los mecanismos de compensar los excesos. El éxito de la convivencia en una sociedad democrática con economía de mercado depende de cómo se manejen esos equilibrios.

Resulta entonces que, si no hay equilibrios y la élite se excede en su control, las cosas empiezan a complicarse, pero se ponen mucho peor si la élite económica-política, o al menos parte de ella, resulta ser mediocre.

Ese cocktail de exceso de poder y de mediocridad es la triste razón de fondo que tiene a Panamá complicada en el manejo de su política exterior en los temas de transparencia fiscal y lucha contra el lavado de activos.

De dónde venimos

El uso de vehículos corporativos como sociedades anónimas y estructuras como fideicomisos y similares como mecanismos de esconder a los verdaderos dueños de las riquezas, para el fraude y guerras comerciales solapadas, en su mejor versión radical y agresiva, es una creación de los Estados Unidos de América, durante su ascenso como potencia económica a finales del s. XIX y principios del s. XX.

En los años 20 del siglo pasado, Panamá era una semi-colonia de los Estados Unidos. Tan dependiente, que los diferentes bandos de la élite política visitaban Washington o la Embajada de Estados Unidos, para poner quejas los unos contra los otros. Un gran líder no pudo ser presidente porque no era blanco, en vista de que los Estados Unidos prefería un presidente blanco.

En esa época, antes del crack de 1929, cuando reinaba el capitalismo salvaje que llevó a la quiebra a los Estados Unidos, actores importantes del poderoso círculo de las firmas de abogados de Nueva York, crearon las condiciones para que en Panamá se aprobara la ley de sociedades anónimas de 1927, a imitación de una ley de Delaware. Y así se hizo. Pero los abogados panameños creen que nuestros ancestros inventaron todo.

La ley de sociedades anónimas de 1927 de Panamá, con sus reformas y desarrollos reglamentarios, tiene elementos de flexibilidad que realmente facilitan los negocios. Eso es verdad.

Pero en el trasfondo de la flexibilidad está el espíritu de sus creadores de Nueva York, en el sentido de activar una jurisdicción, fuera de los Estados Unidos, al amparo de la cual se pudieran canalizar inversiones, esconder fortunas legales e ilegales y, como no podía faltar, disfrazar identidades para no pagar el Impuesto Sobre la Renta de Estados Unidos, que ya existía desde la XVI Enmienda a la Constitución de 1913.

Hablando del Impuesto Sobre la Renta, cuando los lobbies de Nueva York promovieron la citada ley de sociedades anónimas, Panamá convenientemente todavía no tenía ese impuesto. Cuando se instauró años después, se hizo como en TODA América Latina en ese entonces: estableciendo la fuente territorial como criterio único de vinculación de la potestad tributaria, lo cual apuntaló el esquema.

A través de los años, abogados panameños muy inteligentes fueron afinando los mecanismos y agregando elementos tales como la figura de la Fundación de Interés Privado, que también tienen inspiración del extranjero.

A partir de allí, el sistema de ocultamiento de identidades y riquezas de todo tipo se convirtió en un producto de exportación de los abogados de Panamá quienes, realmente, no necesariamente eran diseñadores de las estructuras opacas, sino más bien proveedores en masa de identidades sin trazabilidad, a cambio de honorarios por documentar la pantalla de todo.

El elemento que terminó de darle forma al modelo fue la creación del centro bancario durante la dictadura militar ‘socialistoide’ de Omar Torrijos. En los años 70 y 80 del siglo pasado, dicho centro bancario, con la presencia de muchos bancos europeos y de Estados Unidos, fue famoso por su ‘flexibilidad’ en los controles anti lavado. Hace décadas ya el centro bancario cumple estándares internacionales, pero sus inicios no fueron un modelo de virtud.

¿Curioso dato verdad? Esas son las contradicciones de Panamá: una dictadura que decía estar haciendo la ‘revolución’, hospedando un centro bancario al servicio del capitalismo salvaje opaco.

Sobre ese negocio se han construido enormes fortunas que han estado desde siempre integradas a la élite política de Panamá. Fortunas que han pagado poco o nada de impuesto sobre la renta a Panamá, porque se benefician de los mismos esquemas y triangulaciones que ayudan a hacer a sus clientes. Poder, dinero y club de exonerados. Élites extractivas de manual. Una clase privilegiada, si la comparamos con el resto de los panameños que sí pagan sus impuestos.

Este esquema se mostró muy eficiente para esconder las riquezas e identidades ya no solamente de ciudadanos y empresas de los Estados Unidos, sino de todos los países del mundo. En esa causa los abogados panameños nunca estuvieron solos. Jamás hubieran tenido éxito si las élites económicas y políticas de los grandes países de Europa, Estados Unidos y América Latina, no hubieran sido sus principales clientes y protectores. ‘Simbiosis’ se le llama a esto en Biología.

¿Panamá ha sido el único? Claro que no. Muchas jurisdicciones han hecho lo mismo: Nevada, Delaware, la City de Londres, Suiza, British Virgin Islands, Uruguay, Andorra, la Isla de Man, Chipre y muchas más.

El Estado de Bienestar de Europa ha sido un gran hipócrita: construyó su edificio con las recaudaciones de impuestos de muchos de sus ciudadanos y empresas, excepto de aquellos super ricos y bien informados que podían tener acceso a los paraísos fiscales para reducir o eliminar su carga tributaria. Los sectores de poder lo sabían y alimentaron el sistema por décadas.

Los abogados panameños por varias generaciones han vivido convencidos de que nadie podrá jamás destruir el imperio del cual son parte, porque la gente más poderosa del mundo, son o fueron clientes suyos.

¿Cómo no pensar así si se tiene en cuenta hechos como que la compañía tenedora bajo la cual Aristóteles Onassis rescató de la quiebra al Mónaco de la posguerra, mediante inversiones inmobiliarias, fue una sociedad anónima de Panamá? Nuestras firmas exportadoras de fachadas legales jugaron en primera división por muchos años. Un negocio admirable.

Efecto 2008

En 2008 hubo una crisis económica mundial tan importante como el crack de 1929. La onda expansiva de la crisis inmobiliaria y la caída de Lehman Brothers se sintió por todo el mundo. El tema es conocido. En Panamá el impacto económico no fue muy importante, por eso hay gente en nuestro país que piensa que no existió.

Esa crisis provocó un efecto de verdadera revolución en las poblaciones de las principales economías del mundo. Quedó claro que la gente se reveló contra el hecho de tener que asumir los costos de los ajustes necesarios para superar la crisis.

Los ojos acusadores de las masas se dirigieron contra las élites que permitieron que eso pasara y también contra los poderosos y famosos que no pagaban impuestos, usando la herramienta de los ‘paraísos fiscales’.

La llama de la revolución fue alimentada con la era de las filtraciones. En el caso de la ‘Lista Falciani’ de 2009, un técnico informático del HSBC de Suiza, reveló 130.000 cuentas de europeos ricos que supuestamente usaban esquemas con paraísos fiscales para evadir impuestos. El fisco francés adquirió la información y los tribunales dijeron que la prueba era lícita.

En los ‘Luxembourg Leaks’ de 2014, personal de PricewaterhouseCoopers (PwC) de Luxemburgo, filtraron al fisco alemán esquemas de evasión de 350 multinacionales. En fin.

El tsunami de cabreo cambió al mundo. Los mismos gobiernos que fueron por décadas cómplices de estos esquemas de ocultamiento de riquezas, dieron un giro de 180 grados por presión política.

En 2010 el G-20 ordenó la creación del Foro Global, donde todos los países unen sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal internacional, fortaleciendo la transparencia y el intercambio de información sobre beneficiarios finales y activos vinculados a las sociedades.

La meta declarada fue acabar con los paraísos fiscales, entregando a los Fiscos la información ocultada. Panamá es uno de los fundadores del foro y ha aprobado todos los estándares. Ya GAFI existía desde antes, pero sus trabajos recibieron un impulso doble.

La reacción de la élite de Panamá

Los paraísos fiscales empezaron a sentir la presión desde 2010. En los Estados Unidos el sistema federal sirvió de excusa para dilatar la aplicación de los estándares a jurisdicciones estatales. Obviamente, ningún país de Europa presionaba en serio a los Estados Unidos.

Como es natural en relaciones internacionales, donde aplica la ley del más fuerte, los más conectados lograban aplazamientos, por ejemplo, los territorios de ultramar de Inglaterra. Cada jurisdicción involucrada puso a sus mejores técnicos y diplomáticos a buscar cómo negociar un reacomodo. Destaco el caso de Uruguay que de inmediato fue buscando espacios de negociación. Claramente se trata de un país con gente inteligente.

Sea directamente o a través de testaferros políticos, en Panamá el control del asunto lo fue tomando el lobby de los grandes consorcios de abogados, responsables de la exportación de servicios de opacidad corporativa. El lobo cuidando a las ovejas.

Es verdad que no siempre ese lobby tenía el apoyo de todo el mundo, sin embargo, es un hecho que entre 2008 y 2016, las corrientes principales de lo que Panamá hizo, fue dominada por dichos sectores muy poderosos a lo interno.

¿Cuál fue su política?

Su premisa fue un mediocre y soberbio estado de negación total. Además, hicieron gala de una titánica ignorancia del contexto internacional, lo cual los llevó a subestimar a la contraparte y a sobrestimar su propia capacidad de influencia en el entorno. Pusieron a Panamá a tomar posiciones equivalentes a las de una potencia mundial, por ejemplo, cuando argumentaron que Panamá cambiaría, cuando también lo hicieran los paraísos fiscales de Estados Unidos.

Su actuación fue -y en muchos aspectos todavía es- una exhibición patética de señores feudales que, al sentirse poderosos en su feudo, no acaban de entender que fuera de Panamá solamente los ven como ilustres habitantes de Liliput: muy altaneros y todo, pero pequeños.

Armados de esos argumentos le declararon la guerra a la comunidad internacional mediante un discurso victimista y patriotero. Según ellos: todo se trata de que los panameños son tan exitosos que nos tienen envidia. Ese es su planteamiento infantil.

También utilizaron su poder político local y su dinero para retrasar, retrasar y retrasar, cualquier decisión o cualquier implementación práctica de cualquier compromiso.

Igualmente mintieron deliberadamente, en especial al pueblo panameño. Nos dijeron que, si su negocio quebraba, producto de las medidas de transparencia fiscal y contra el lavado de activos internacional, todo Panamá iba a quebrar.

Eso no es cierto: ni el turismo, ni los depósitos bancarios, ni la logística, ni la agroindustria, ni la pesca, ni las comunicaciones digitales, ni las exportaciones de bienes, se han visto o se verán disminuidas porque se reduzcan las ventas de los exportadores de opacidad corporativa.

Irresponsablemente buscan que todos los panameños nos inmolemos para salvar el negocio de ellos, el cual, en gran parte, ni siquiera paga impuesto sobre la renta a Panamá.

Si Panamá firmaba un tratado, incurrían en ‘treaty overwrite’ y diluían los compromisos, mediante normativa doméstica que impedía en la práctica el cumplimiento. Si la normativa estaba medianamente bien, entonces se encargaban que la administración tributaria no tuviera recursos ni personal para cumplir.

Panamá dilató, dilató y no negoció a tiempo. Mientras otras jurisdicciones estaban dentro del debate tratando de salvar los muebles, nuestros “patriotas” se colocaban en la acera del frente a tirarle piedras al edificio.

Como consecuencia de esa política, en 2016 los poderes del mundo le tiraron a la élite de Panamá un misil nuclear estratégico llamado ‘Panama Papers’. En el momento que el proyectil cayó, un tercio del Consejo de Gabinete estaba en manos de las firmas de abogados más poderosas de Panamá y la política exterior sobre la materia era la misma de siempre: la dilación.

Las potencias le pusieron al misil el nombre a propósito, para marcar negativamente a la jurisdicción asociada con esta élite mediocre y rebelde que no quiso negociar. En el camino nos dañaron a todos nuestra imagen. Eso fue totalmente injusto. Todavía no nos hemos recuperado.

¿Dónde estamos?

Después de los ‘Panama Papers’, las realidades obligaron a Panamá a avanzar de forma importante. Incluso miembros de las élites que controlan esos negocios en Panamá, tomaron conciencia y empezaron a colaborar para mejorar. En cierto momento, hasta se percibía que Panamá ya se iba a alinear en la cooperación con la comunidad internacional.

Ahora bien, el debate interno nunca se ha acabado. Las fuerzas poderosas deliberadamente dedicadas a dilatar, retrasar y frenar, están vivas y actuantes. Panamá fue puesto varias veces más en evidencia por medio de otras filtraciones noticiosas.

El resultado es que esto se parece a una procesión de Semana Santa: 3 pasos adelante y 2 hacia atrás. Cumplimiento formal, pero retraso en la implementación. A su vez, los estándares internacionales van evolucionando y se van ajustando para lograr resultados efectivos. Como consecuencia, cada vez que la dinámica interna de Panamá permite que se logre un hito, entonces ya llegamos tarde.

Hemos vuelto a la política de la dilación, más disimulada, pero presente, para ver si algún genio salva el negocio de las grandes firmas de abogados. Pero el genio soñado por Sherezada no va a llegar, especialmente con los cambios geopolíticos que operan actualmente, donde Occidente no va a permitir que la falta de transparencia sobre beneficiarios finales y flujo de capitales, pueda ser usada para afectar su seguridad y para burlar embargos.

De paso, ya la sociedad panameña no se cree los cuentos de antes. Hemos pasado por muchos debates internos en casos de corrupción y el panameño de a pie ya se enteró cómo se usan los sistemas de sociedades anónimas para el fraude.

Un ciudadano muy inteligente de Panamá, lo describió en Twitter hace unos días de la siguiente forma: “Cuando uno ve el cuadro de la trama New Business [caso de corrupción] empieza a entender por qué estamos en listas. Una buena razón para que eso ocurriera era lo fácil que era armar eso y esconder todo. Y eso es lo que nos reclaman desde afuera cuando en realidad nosotros mismos deberíamos hacerlo”.

¿Qué podemos hacer?

Según cifras oficiales, esta actividad corporativa, no ha representado nunca ni siquiera el 1% del PIB de Panamá. No es tan relevante como para que el país le declare la guerra a la comunidad internacional. Sin embargo, poca o mucha, es una actividad que ha generado ingresos y hay que hacer todo lo posible para que se transforme y siga manteniendo algún nivel de empleos.

Además, el tema de la transparencia corporativa debe resolverse porque es un problema que ya tiene un par de décadas de estar empañando la reputación del país y hay que cortar ese estigma.

Creo que para resolverlo es fundamental hacer varias cosas. Si bien las decisiones deben darse tomando en cuenta a todos los afectados, no pueden ser resultado exclusivo de la actuación de organismos al servicio del lobby con conflicto de intereses que nos tiene donde estamos.

El lobby de las firmas de abogados debe reconocer que el negocio que estuvieron haciendo, en la forma que se desarrolló tiempo atrás, ya se acabó. Deben pasar a otra etapa.

Hay que hacer una revisión técnica urgente que permita destrabar los recursos y empujar los cambios necesarios para que nos pongamos al día con los compromisos adquiridos, con la meta de eficacia en los resultados. No se trata de forma sino de fondo.

En una coordinación público-privada se debe hacer un estudio de todos los marcos legislativos y modelos de negocio en plena operación dentro de los países de la OCDE, que han recibido la bendición de GAFI, Foro Global y BEPS.

Panamá tiene los recursos, la capacidad técnica y la actitud profesional para desarrollar esos mismos ‘productos’. Debemos adaptarnos a la nueva realidad. Ahora se deberá cobrar más por unos servicios menos masivos y se deberá pagar impuesto sobre la renta en Panamá por esos servicios.