Las tres últimas denuncias públicas de Fernando Presencia y de su asociación, ACODAP, contra los magistrados Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena y Vicente Magro han sido las gotas que han desbordado el vaso. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha dicho «basta ya» y ha enviado un duro escrito a la máxima autoridad de la Justicia española, Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, informándole del caso y conminándole a tomar «la decisión que considere conveniente», según Confilegal.
Y Lesmes ha actuado de inmediato, informando, a su vez, a la Fiscalía General del Estado de las acusaciones del exmagistrado.
Presencia –expulsado dos veces de la carrera judicial por prevaricación (dictar una sentencia injusta a sabiendas)– ha denunciado públicamente, hasta ahora, a 9 de los 16 magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, por supuestos delitos de corrupción. Presencia ataca a los magistrados del Supremo que tienen la decisión final sobre su condena de 2 años y 10 meses de prisión.
Es la Sala que próximamente tiene que dirimir un recurso de casación interpuesto por Presencia contra una condena de 2 años y 10 meses que, de confirmarse, podría terminar con el exmagistrado en la cárcel.
Marchena, en su escrito, expresa a Lesmes su procupación por el hecho de que dichas imputaciones contra los magistrados de su Sala podrían «estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa que pueda ser utilizada para denigrar a las personas o instituciones que, por una u otra razón, se oponen a los designios de su promotor [Presencia]».
A su juicio, la asociación de Presencia, ACODAP, habría sido «concebida con el exclusivo objeto de ponerse al servicio del delito».
LA PISTA DEL DINERO
El presidente de la Sala de lo Penal hace referencia, también, a lo que parece ser la fuente de ingresos de esta asociación.
«ACODAP reclama desde su página web –en el enlace de Youtube– donativos a la cuenta corriente de la asociación para seguir adelante en su fingida lucha contra la corrupción», subraya.
«Todo apunta, por tanto, a que D. Fernando Presencia puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen va a ser destinado a la búsqueda de informaciones o pruebas que demuestren la corrupción de los magistrados de esta Sala», destaca.
En su misiva, Marchena refiere los titulares que ha venido publicando Presencia desde hace semanas. Titulares como «nuevo escándalo judicial», «conmoción en el mundo judicial», «sorprendido con 2 millones de euros en un paraíso fiscal», «inminente detención», por los que atribuye delitos de corrupción a los magistrados citados anteriormente.
«Estas noticias no se han limitado a un titular en una determinada dirección. Como era más que previsible, han sido replicadas en Twitter y otras redes sociales y han sido difundidas en una entrevista en Youtube mantenida por dos periodistas con el autor de las imputaciones. A raíz de esta situación se han detectado intentos de modificación de la página de Wikipedia de alguno de los afectados, con el objetivo de incluir una mención específica a esos actos de corrupción, ofreciendo como prueba de su realidad el enlace correspondiente a esa dirección de internet», refiere Marchena.
INDIGNACIÓN Y DAÑO AL TRIBUNAL SUPREMO
Marchena, asimismo, le hace saber a Lesmes «la indignación que nos asalta por la gravedad de unas imputaciones radicalmente falsas, calumniosas, sin relación alguna con la verdad de nuestra situación patrimonial, sino por el irreversible daño que se está ocasionando a la credibilidad de una institución como el Tribunal Supremo».
Y añade: «Se resienten, no ya la imagen personal de los afectados, sino los presupuestos constitucionales que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional. Creemos que no está sólo en juego la honorabilidad de unos magistrados que han cumplido siempre y seguirán cumpliendo con sus deberes tributarios, sino la integridad de una de las salas del Tribunal Supremo que, como es sabido, incluye en su ámbito de competencia el conocimiento de asuntos de especial relevancia ligados, precisamente, a la lucha jurídica contra la corrupción».
La pelota queda ahora en el tejado de Lesmes y del CGPJ.