La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido de que el acuerdo de financiación singular entre el Gobierno central y la Generalidad de Cataluña es “imposible de aplicar” y supone un grave riesgo para la estructura fiscal del país. Según esta organización, si este modelo se extendiera al resto de comunidades autónomas, representaría “el principio de la desaparición del Estado”.
Durante la presentación de un informe en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), los inspectores señalaron que el pacto supondría también la fragmentación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), al quedar “troceada” y distribuida entre las distintas regiones, lo que acabaría con su operatividad como organismo centralizado.
El colectivo denuncia que el modelo propuesto rompe con principios esenciales del sistema fiscal español, como la existencia de una base de datos unificada, una caja única y una gestión integrada de las retenciones. «Esto dinamita la unidad del sistema tributario», advirtieron.
Una de las medidas clave del pacto, la cesión a Cataluña de la gestión del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a partir de 2026, fue calificada de “irrealizable” por los inspectores. Argumentan que no se podría sincronizar una base de datos estatal con otra catalana, lo que afectaría gravemente a la eficiencia del sistema, provocando retrasos en las devoluciones y en el envío de los datos fiscales a los contribuyentes.
Además, la IHE alertó de que esta separación de sistemas tendría un impacto directo en la lucha contra el fraude fiscal. «Una información fraccionada en dos bases de datos no puede producir los resultados actuales», afirmaron, subrayando que los cruces de información y los análisis de riesgo quedarían debilitados.
Aunque evitaron cuantificar el posible impacto económico del pacto, sí recordaron que en 2022, Cataluña aportó el 19,35 % del total de ingresos fiscales del Estado, con 49.434 millones de euros recaudados de los 255.463 millones del total nacional. La fragmentación del sistema podría poner en riesgo este nivel de recaudación, añadieron.
Los inspectores concluyen que, de seguir adelante este modelo, se estaría abriendo la puerta a un sistema fiscal “descentralizado hasta el extremo”, incompatible con la gestión eficiente y equitativa de los recursos públicos en España.