La Fiscalía pide 3 años y 9 meses de prisión para la pareja de Ayuso por dos delitos fiscales y falsificación de facturas

El fiscal de Sala delegado de delitos económicos del Tribunal Supremo, Fernando Rodríguez Rey, revisó el escrito de la Fiscalía de Madrid que solicita abrir juicio oral contra Alberto González Amador y otros cuatro imputados que facilitaron las sociedades fantasma y facturas falsas

La Fiscalía de Madrid pide 3 años y 9 meses de cárcel para el presunto comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su escrito de acusación en el que solicita la apertura de juicio oral, el fiscal imputa a González Amador dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con falsedad documental.

La petición de pena (dos años y un día por uno de los delitos y un año y nueve meses por el otro) se atenúa gracias a la apreciación de la circunstancia de reparación del daño.

González Amador depositó los 300.000 euros que no pagó a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021. Su plan era, según la Agencia Tributaria, eludir el delito fiscal con dicha regularización ilegal.

El abogado Carlos Neira, exalto cargo de Hacienda, asesoró a González Amador. Al conocer el informe de la Agencia Tributaria (AEAT) según el cual calificó que la crisis sanitaria de la covid-19, a partir de 2020 «supuso una oportunidad de negocio» para una de sus compañías, Maxwell Cremona SL, e hizo un examen exhaustivo de sus operaciones, Neira aconsejó negociar un pacto de conformidad.

Ganó 1,9 millones de euros

González Amador ganó 1,9 millones de euros por intermediario en la venta de mascarillas durante la pandemia del coronavirus. Pero en los ejercicios 2020 y 2021, según los inspectores de Hacienda, su empresa Maxwell Cremona dejó de ingresar cuotas por valor de 350.951 euros.

Neira comunicó a la Fiscalía de Madrid el 2 de febrero de 2024
que González Amador, estaba en disposición de aceptar los dos delitos fiscales y pagar algo más de 500.000 euros. El borrador de acuerdo preveía 4 años de cárcel por cada uno de los dos delitos, el pago de una multa del 40% y los intereses correspondientes.

Sin antecedentes

Con ese acuerdo, González Amador no entró en prisión, ya que carece de antecedentes penales. Pero la filtración del expediente de Hacienda llevó al jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, el ex secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de José María Aznar en 1996, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR, a establecer una batalla política. González Amador le permitió filtrar a MAR un correo del primer fiscal del caso Julián Salto, en el que éste respondía a Neira que era posible llegar a un acuerdo cuando el caso pasara a un juzgado de Madrid.

A su vez se filtró a los medios el primer correo enviado por Neira al fiscal Salto en el que proponía las condiciones del pacto a la luz de las conversaciones que ambos habían mantenido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, en línea con la estrategia de MAR, desarrolló una defensa de su pareja, con el argumento de que en realidad era Hacienda quien le debía 600.000 euros a él, y que, en todo caso, el procedimiento era una simple multa. El centro de sus argumentos era que el Gobierno de Pedro Sánchez castigaba a González Amador porque era su pareja, que se trataba de una operación política.

Pacto beneficioso

Esa estrategia supuso hacer naufragar por razones de estrategia política un pacto sumamente beneficioso para González Amador. Ahora ha pasado de los 8 meses de prisión por los dos delitos a los 3 años y nueve meses, si se incluye la pena de falsedad documental. Y, claro, ahora corre el riesgo grave, si es condenado, de entrar en prisión.

Pero, además, González Amador es investigado también por sus actividades de negocios con el grupo sanitario Quirón, uno de los principales en la Comunidad de Madrid. Los negocios de González Amador han crecido al aumento de la actividad de Quirón en contratos con la Comunidad de Madrid.

Una pieza separada en el juzgado 19 de Madrid investiga -ahora con la participación de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO)- los negocios de González Amador bajo la calificación de posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La investigación busca verificar si en la compra de un ático que González Amador adquirió encima de su piso en el madrileño barrio de Chamberí, en el que vive Díaz Ayuso, por 955.000 euros, podría proceder de las cuotas defraudadas a Hacienda por un lado, o si las actividades de González Amador podrían ser un delito subyacente de un blanqueo de capitales, figura que por el momento no forma parte de los delitos bajo sospecha.
La estrategia política de MAR le ha salido ya muy cara a González Amador y, también, a Díaz Ayuso, quien negoció cualquier atisbo de delito fiscal en la actividad de su pareja.