Puigdemont recurre al Constitucional y pide que se levante su orden de detención

El expresidente catalán argumenta que se han vulnerado sus derechos a un juez ordinario y a la tutela efectiva

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en un nuevo intento por lograr la anulación de la orden de detención que pesa sobre él en España. La iniciativa llega después de que la Justicia ordinaria rechazara la petición de nulidad de actuaciones que había formulado su equipo legal.

Según el escrito presentado al TC, al que ha tenido acceso Europa Press y que fue adelantado por Vilaweb, el recurso impugna tres autos emitidos por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo y otros dos del magistrado instructor del caso. En todos ellos se desestima la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont en relación con los delitos que se le imputan por el proceso independentista de 2017, entre ellos el de malversación de caudales públicos.

La defensa alega que la negativa a conceder la amnistía contraviene los criterios de la propia Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que se han mostrado favorables a su aplicación en varios tramos del procedimiento. Consideran que esta decisión vulnera los derechos fundamentales del expresidente.

Incidente de nulidad

En concreto, el recurso se dirige contra el auto dictado el 17 de junio de 2025, en el que se desestimó el incidente de nulidad promovido por la defensa. Los abogados de Puigdemont subrayan que este auto no admite ningún tipo de recurso adicional, por lo que consideran al TC como última vía para preservar los derechos fundamentales de su defendido.

En su argumentación, Puigdemont sostiene que han sido vulnerados su derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley y su derecho a la tutela judicial efectiva, al considerar que las decisiones judiciales han sido arbitrarias y desproporcionadas.

El expresidente catalán, que continúa residiendo en Bélgica desde que se fugó tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, mantiene que su situación judicial no debería mantenerse abierta tras la entrada en vigor de la ley de amnistía, aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados.