Lo que queda de Lesmes y su ‘delfinato’

Feijóo vende que ha conseguido una norma para que una mayoría de consenso nombre magistrados del Supremo y Tribunales Superiores, algo ya vigente y aplicado desde la reforma del LOPJ de diciembre de 2018 que impulsó el Gobierno de Sánchez

Después de ‘matar’ al padre era inevitable ‘matar’ a su delfín, como se denominaba en Francia al heredero del trono real. Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) forzaron a través de sus fusileros mediáticos la dimisión en diferido anunciada por Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, el 7 de septiembre, y el jueves 13 de octubre, con base al mejor informe técnico conjunto elaborado en nueve años y diez meses los vocales del sector progresista y conservador enterraron el pretendido ‘delfinato’ de Lesmes en favor del presidente de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, para que éste se hiciera, -sin pertenecer al CGPJ- nuevo presidente del Supremo y CGPJ. 

Rafael Mozo Muelas, vocal del sector progresista, siempre había presidido la Comisión Permanente, el todopoderoso órgano presidencial de Lesmes, en ausencia de éste. Y este pasado jueves 13 -según adelantó una vocal a El Periódico de Catalunya- asumiría como presidente en funciones por ser el vocal de mayor edad. 

Pero esa mañana, Mozo decidió suspender la reunión de la Comisión Permanente. Porque José Luis de Benito Benítez de Lugo, secretario general del CGPJ, aquel que había diseñado el ‘delfinato’ -es decir la sucesión del trono de Lesmes-, le informó que había convocado a Marín Castán a cruzar la acera -la sede del Supremo está enfrente del CGPJ en la madrileña calle de Marqués de la Ensenada- para asumir también, aparte de la del Supremo, la presidencia de la Comisión Permanente del CGPJ por la mañana y el Pleno convocado para esa tarde. 

Mozo habló con Marín Castán y le explicó que el Pleno tenía previsto debatir el nombramiento de nuevo presidente. “No tengo intención alguna de interferir en lo que es una cuestión de los vocales”, replicó caballerosamente el ya presidente del Supremo por piloto automático. 

El primer punto del orden del día -la presidencia- contó, pues, con el informe técnico, elaborado por los vocales Gerardo Martínez Tristán (conservador), Álvaro Cuesta (progresista), Enrique Lucas (propuesto por el Partido Nacionalista Vasco al que se suele incluir en el grupo progresista), Nuria Abad (conservadora) y el conservador José María Macías. “¿También tú, Bruto, hijo mío?” (Julio César, Shakespeare). 

El secretario general, De Benito, que carece de voz y voto defendió a Lesmes, a su propio informe del delfinato y amenazó con acciones legales. La votación de los 18 vocales fue ejercitada por 17 vocales: 16 a favor de Mozo y 1 en contra. El vocal Wenceslao Olea, íntimo de Lesmes y presidente de la Comisión de Acción Disciplinaria del CGPJ, anunció un voto particular y también advirtió de posibles acciones legales.

La nota la dio, empero, Mar Cabreras, pseudoprogresista que hizo un gesto póstumo de solidaridad con Lesmes. Se levantó antes de la votación. “Esto es ilegal”, bramó. Y se marchó del Pleno para retornar más tarde. 

Transición efímera

En todo caso, todos los indicios apuntan a que el interregno de Mozo y de este CGPJ agonizante será muy breve. Un abrir y cerrar de ojos. El líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, primero ha vendido que el Tribunal Constitucional (TC) y el CGPJ se renovarán conjuntamente.  No es así. El PP sí se ha asegurado los votos del PSOE en el Senado para nombrar sustituto del magistrado conservador enfermo, dimitido en el TC en julio, Alfredo Montoya, junto con la renovación del CGPJ. 

Pero los otros cuatro mandatos vencidos el pasado 12 de junio (Pedro González-Trevijano, actual presidente; Antonio Narváez, Santiago Martínez -Vares y Juan Antonio Xiol, vicepresidente) solo serán cubiertos tras la renovación del CGPJ (dos de ellos) y entonces el Gobierno procederá a los que le corresponde (otros dos). 

Pero el grado de desinformación que vende Feijóo, voluntariamente o por simple ignorancia, llega al punto de que ahora enfatiza que Pedro Sánchez ha aceptado estudiar la necesidad de reforzar en el nuevo CGPJ los “consensos”. 

Vamos a ver. En 2013, Lesmes con la promulgación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, consigue dirigir el CGPJ como nunca antes, es decir, como un zar. 

La citada reforma legal “imponía un esquema fuertemente presidencialista a través de la Comisión Permanente y de la preterición de buena parte de los vocales a la condición de meros notarios de lo que aquella Comisión fuera decidiendo, al ser convertidos en vocales a tiempo parcial impedidos de tener una dedicación constante y real al órgano”, escribió el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona Miguel Ángel Cabellos Espiérrez. Un estatus que, además, podía incurrir, para no pocos juristas, en un conflicto de intereses en potenciales asuntos. 

Una norma favorecedora para los intereses de Lesmes

Pero había otra norma que consiguió Lesmes del Gobierno de Mariano Rajoy -quien asesoró sobre la citada reforma del 2013- y de la cual no parece estar al corriente Feijóo al subrayar que ahora vendrá el “consenso”. 

Y es que allí Lesmes (artículo 630 de la ley orgánica de 2013) impuso la mayoría simple para nombramientos relevantes: “Los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial serán adoptados por mayoría simple de los miembros presentes, salvo cuando esta Ley Orgánica disponga otra cosa. Quien presida tendrá allí voto de calidad en caso de empate”. 

Con ello, Lesmes se desembarazó de lo que Feijóo ahora llama el consenso: la mayoría de 3/5 que requería la ley vigente hasta entonces para nombrar a presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Y presentó en la exposición de motivos este cambio -hacia la aplicación del rodillo sobre la minoría progresista- como una simplificación del funcionamiento del CGPJ. 

Pero el esquema -“salvo alguna cosa”, que diría Rajoy en relación a las acusaciones del extesorero del PP, Luis Bárcenas- se vino abajo cuando el CGPJ cumplía los cinco años de su mandato y debía ser renovado en diciembre de 2018. 

Reforma del Gobierno Sánchez y el otro GAL

El Gobierno de Sánchez modificó en aquellas circunstancias la Ley Orgánica del Poder Judicial para el futuro CGPJ, teóricamente próximo a renovar, y restableció la dedicación plena de todos los vocales así como la exigencia de que el presidente del CGPJ debía ser elegido por mayoría cualificada de 3/5 (son 12 vocales), eliminándose así la segunda votación anterior que consagraba ganador al que obtuviera mayor cantidad de votos, así como otras normas para democratizar la Comisión Permanente. 

Sin embargo, la modificación de la norma que en la ley de 2018 exigía la mayoría de 3/5 para los nombramientos de magistrados del Supremo y los otros apuntados, empezó a aplicarse a rajatabla desde entonces por este CGPJ. “La mayoría cualificada empezó a regir para nosotros aunque las demás normas fuesen a aplicar en el nuevo CGPJ”, asegura una vocal consultada. 

Una conclusión se impone: cuando el PP gobierna apela a la mayoría simple para hacer sus nombramientos y cuando pasa a la oposición habla de consenso o mayoría de 3/5. En el caso que nos ocupa ha sido el Gobierno de Sánchez el que restituyó la mayoría cualificada en 2018. 

En resumen: lo que queda de los nombramientos -esa “alguna cosa” que Rajoy dixit de Bárcenas- en los primeros cinco años por mayoría simple es la colocación de los amigos del llamado GAL (Grupo de Amigos de Lesmes) en puestos claves y la inundación de jueces conservadores cuidadosamente seleccionador por el zar. Entre 2013 y 20118 y entre 2018 (antes de la modificación de diciembre de dicho año) y 2023.