Ya está disponible desde este miércoles para aquellos cuyos ingresos anuales hayan sido inferiores a los 27.000 euros en 2022
Este miércoles 15 de febrero ha empezado oficialmente el plazo para pedir el cheque de ayuda de 200 euros que aprobó el Gobierno el pasado mes de diciembre. Aquellos que quieran solicitar este pago único de libre disposición tendrán hasta el 31 de marzo para hacerlo. Tener residencia habitual en España, haber adquirido menos de 27.000 euros de ingresos anuales en 2022 y no poseer un patrimonio de más de 75.000 euros a 31 de diciembre de 2022. Estos son los tres requisitos para conseguirlo.
Hay que tener en cuenta que, en el último requisito, se excluye la vivienda principal del cómputo patrimonial. El Gobierno aprobó la ayuda en 2022. Está relacionada con la subida de la inflación y del precio de los alimentos.
La Agencia Tributaria facilita el acceso al sistema ‘Clave’, donde solo se necesitan los datos del DNI y un número de teléfono móvil. Este método evita desplazamientos. Solo es necesario cumplimentar los datos identificativos y domicilio del solicitante, así como de las personas del mismo hogar.
Fallos en la web y polémica
La mañana del miércoles estuvo marcada por el gran volumen de solicitudes para recibir el cheque de compra de alimentos. Esto hizo que la web presentara problemas.
Por otra parte, hace un mes, según CSIF, hubo desconcierto en la Agencia Tributaria por “el cambio de criterio” del Ministerio de Hacienda en la deducción por maternidad de las madres que estuvieron en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).
Esta situación laboral, excepcional por la crisis sanitaria, fue la causa por la que la Agencia envió cartas ese día a las mujeres afectadas para que devolvieran la deducción por maternidad de 1.200 euros por hijo. Esta no se les podía aplicar por tener suspendido su contrato de trabajo a causa del ERTE.
Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ordenó paralizar esta medida de la Agencia Tributaria, cuando dicho requerimiento trascendió a la opinión pública. Tomó esa decisión, “sin avisar siquiera a los trabajadores de la Agencia Tributaria y perdiendo la oportunidad de solucionarlo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”, criticó el sindicato.