La vivienda y el acuerdo con la UE centrarán la política de Andorra en 2024

Es lo que destaca el presidente del país pirenaico, Xavier Espot, en su tradicional encuentro de Navidad con la prensa

La vivienda y el acuerdo de asociación con la UE centrarán la acción política del Gobierno de Andorra en 2024. Así lo subrayó este lunes el presidente del país pirenaico, Xavier Espot, en su tradicional encuentro de Navidad con la prensa.

Espot explicó los planes que pondrá en marcha el Gobierno el año que viene. Lo acompañaron en su intervención la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, el secretario de Estado para las relaciones con la Unión Europea, Landry Riba, y el ministro portavoz y de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Guillem Casal.

Respecto a la vivienda, el Gobierno afirma que ofrece la “mano tendida” a las fuerzas políticas para avanzar contra los problemas que padece Andorra en este asunto. El país pirenaico atrae grandes fortunas y a youtubers, ya que su política fiscal es suave. En este contexto, la especulación ha disparado los precios en pocos años.

Entre finales de 2022 y principios de 2023, los inmuebles subieron casi un 13%. Esto supone un incremento acumulado que supera el 18% en un año. Por su parte, el alquiler ha aumentado un 30% desde 2018. Esto ha hecho que algunos habitantes tengan que buscar casa en España.

Manifestaciones multitudinarias contra el Gobierno

De hecho, recientemente, se han celebrado manifestaciones multitudinarias en Andorra la Vella para reclamar mejores condiciones en el ámbito de la vivienda. El 8 de diciembre, se convocó una de ellas, cuyos organizadores cifraron en 3.000 asistentes. Un número importante si tenemos en cuenta que el país pirenaico tiene poco más de 80.000 habitantes, y que significa un hito en la historia de las movilizaciones de allí. Aunque las autoridades no dieron datos oficiales de esta convocatoria.

El lema que presidía la marcha era “Ja n’hi ha prou! Habitatge digne” (¡Basta! ¡Vivienda digna!). Y en algunas pancartas se leía “Especuladores fuera del país” y “Espot dimisión”. Además, este domingo, el partido del Gobierno, Demòcrates per Andorra, perdió las elecciones locales del país en la capital. Algo que sorprende en el panorama político del pequeño Estado, donde el Ejecutivo ganó los comicios presidenciales en abril con mayoría absoluta.

Medidas para intentar mitigar el descontento

Aun así, ante el malestar por el tema inmobiliario, Espot y Marsol resaltan “el buen entendimiento parlamentario” para aprobar el suplemento de crédito en el parque público de vivienda de alquiler a precio asequible. O con las medidas para permitir las prórrogas de los contratos de alquiler.

La ministra también expresa su voluntad de mantener reuniones sectoriales con los propietarios de pisos de alquiler y “escuchar las aportaciones” de los impulsores de las manifestaciones por la vivienda.

Además de poner al mercado los primeros pisos del parque público de alquiler, los retos del Gobierno incluyen hacer aflorar pisos vacíos, regular los alojamientos turísticos y la puesta en marcha de la colaboración público-privada. Y se espera que, próximamente, se inicie el proceso para implementar un registro de la propiedad en un plazo de 18 meses.

Acuerdo de asociación con la UE

Otro tema principal en la agenda política de Andorra es su posible acuerdo de asociación con la UE. A finales de 2024, el país pirenaico celebrará un referéndum para aprobarlo o rechazarlo. Hasta el primer semestre del año que viene, el Estado trabajará “de forma coordinada” con Bruselas para definir el texto del pacto, según Riba. El Gobierno explica que entre abril y septiembre prevé entrar en una fase de comunicación más detallada con la voluntad de impulsar “un gran debate nacional” para escuchar a la población.

Este acuerdo permitiría a Andorra participar en el mercado interior de los 27 de manera gradual tras una auditoría que examine su solidez como Estado, según el vicepresidente ejecutivo de la UE, Maroš Šefčovič. Especialmente, en asuntos relacionados con el cumplimiento de la legislación, como la lucha contra el blanqueo de capitales, el sistema educativo y la política social.