La renovación fulminante del CGPJ jamás contada

Los vocales conservadores del Poder Judicial en contacto con el Partido Popular prevén que las ventajas obtenidas desencadenaron el pacto “ipso facto” Sánchez-Feijóo 

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunciaron a sus colegas progresistas este martes, día 11 de octubre, en la calle del Marqués de la Ensenada, sede madrileña del Poder Judicial, que la renovación del órgano de gobierno de los jueces, bloqueada desde noviembre de 2018 por el Partido Popular, será ahora cuestión de un “abrir y cerrar los ojos”, según sus contactos con círculos próximos al presidente Alberto Nuñez Feijóo. 

¿Qué ha llevado a esta renovación que se anuncia fulminante -“ya”, según medios conservadores- en medio de la crisis constitucional y judicial derivada del estado de coma del Tribunal Constitucional y el estado vegetativo del CGPJ? 

Pues la rentabilidad política y mediática de una renovación que deja para después, sin fecha, la cobertura de los cuatro mandatos caducados en el TC (Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, por parte del Gobierno; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, por el CGPJ) y coloca en primer lugar la del CGPJ. 

La excepcional sustitución de Montoya

Pero eso de “dejar para una fase posterior” los nombramientos del TC tiene una excepción. Y es la que, hablando en plata, conviene al PP. En la negociación, el Gobierno ha aceptado que con la renovación del CGPJ se sustituye al tiempo a un magistrado del TC que  renunció por razones de enfermedad en julio pasado: Alfredo Montoya. 

Su mandato vence en 2026, pero tras más de un año sin participar en el tribunal de garantías ha dimitido finalmente el verano pasado. Núñez Feijóo ha puesto sobre la mesa esta sustitución por una razón fundamental. Su nombramiento lo hace el Senado. Y aquí quien manda es el PSOE. En román paladino: el candidato del PP que le va a sustituir necesita los votos socialistas. 

Es decir que, paradójicamente, a corto plazo, al seguir los cuatro magistrados con sus mandatos vencidos, el PP aumenta transitoriamente su poderío en el tribunal de garantías, pasando de seis magistrados (González- Trevijano, Martínez-Vares, Narváez, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel) a siete con el magistrado que entrará en lugar de Montoya, frente a los cinco del sector progresista (Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán).

 Si se hubieran realizado los nombramientos en regla, el 13 de septiembre -de acuerdo con la ley en vigor el 20 de julio- los dos nombramientos que tocaba hacer al Gobierno y uno de los dos del CGPJ, arrojaba el resultado de una mayoría de progresistas, que pasaban a ser siete magistrados, contra cinco del sector conservador (incluyendo al sustituto de Montoya).

 El lloriqueo por la presunta mayoría “abrumadora” del sector progresista en el futuro TC, argumento esgrimido por el PP, pues, ha dado resultado. El Gobierno, que podía hacerlo, renuncia a realizar sus ahora mismo sus dos nombramientos. 

De inmediato, el PP se ha asegurado que Montoya será sustituido inmediatamente junto con la renovación del CGPJ, mientras que cubrir las otras cuatro plazas vencidas será tarea del nuevo CGPJ.

El nombre de Montoya ha entrado junto con el de la renovación del CGPJ porque, se ha acordado, es un nombramiento parlamentario -como el de los vocales del Consejo-, concretamente del Senado.  

El argumentario del PP omite que el sector progresista ya había sufrido el rodillo conservador cuando dicho grupo logró “cooptar” a una de las magistradas aparentemente progresistas, Encarnación Roca a cambio de hacerla vicepresidenta del TC en 2017 lo que dejó al sector con cuatro magistrados. 

No es renovación sino sustitución de un magistrado enfermo

En todo caso, no es cierto como ha dicho Nuñez Feijóo, que el PP haya “conseguido la renovación conjunta del CGPJ y del Tribunal Constitucional”. Ha logrado asegurarse con los votos del PSOE en el Senado la plaza de Montoya. Y esto no es renovación del TC -que debe hacerse en plazo y en este caso los mandatos están vencidos desde el 12 de junio pasado- sino sustitución de un magistrado enfermo. 

No son pocos los casos en los que el TC se ha abstenido de nombrar sustitutos en casos como este. Sin ir más lejos, el magistrado Fernando Valdés, por ejemplo, no fue reemplazado en el sector progresista.

El Gobierno, pues, acepta que se incumpla la nueva ley de 20 de julio que autorizaba a este CGPJ a nombrar a los dos magistrados del TC. Una norma que el PP consideró una línea roja que debía ser retirada. Y el Gobierno se compromete a no hacer por su cuenta los nombramientos a que tenía derecho y legitimidad (sentencia del TC aprobada por unanimidad en 2016 sobre renovación parcial) y esperar a que primero los acometa el nuevo CGPJ.

Comisión para configurar un nuevo sistema de elección del CGPJ

Otro argumento planteado por el PP en su última propuesta de julio parece tener visos de prosperar. El nuevo Consejo deberá crear una comisión que en el plazo de seis meses proponga un nuevo sistema de elección del Poder Judicial. 

En la práctica es un gesto simbólico. Porque cuando ese nuevo sistema se proponga, las elecciones generales estarán a la vuelta de la esquina y cada partido hará lo que le parezca tras posarse en La Moncloa.     

El parto del nuevo CGPJ en realidad lleva cuatro años y diez meses de retraso, cuando en noviembre de 2018 se frustró la renovación. Está listo desde entonces con los candidatos a vocales examinados por las cámaras y no se prevén variaciones.

La cobertura de los cuatro magistrados del TC, en cambio, queda aplazada sine die. Porque a partir del nombramiento de los vocales estos deberán elegir al presidente y vicepresidente del TS y nuevo CGPJ. Y a pesar de la idea de transmitir que son vocales quienes harán con su voto la elección, habrá un pacto previo entre PSOE y PP. Como siempre, vaya.

En estos momentos, la magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Pilar Teso, es una de las pocas candidatas que podría concitar el consenso de los dos grandes partidos. Pero puede llevar su tiempo, sus tiras y afloja. Y una vez superada esta fase, la nueva presidenta o presidente, deberá incluir en el orden del día los nombramientos de los dos magistrados del TC. A continuación, el Gobierno anunciará los suyos. 

Sucesión de Lesmes

De momento, ese punto sí está en el orden del día que cursó el presidente dimitido, Carlos Lesmes, el jueves de la semana pasada para el Pleno de este jueves 13 de octubre.

El primer punto es la sucesión de Lesmes, a saber, la presidencia del Supremo y CGPJ del magistrado Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo. 

El sector progresista pidió a Lesmes que este fuese el primer punto y así consta. Este sector propone rechazar la sucesión diseñada por el dedo del presidente dimitido y propone que se aplique el método seguido cuando Lesmes se ausentaba, previsto por la ley. Quien presidía la Comisión Permanente era el vocal de mayor edad. Ello recaía en Rafael Mozo, del sector progresista. Ya este jueves, Mozo presidirá el Pleno convocado por Lesmes. En ausencia del ya expresidente –su cese ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles– será Mozo quien presida. 

El sector conservador apoyaría a Mozo siempre y cuando se establezca con claridad que es el vocal de mayor edad y no el presidente con plenos poderes, vamos, que actúa en sustitución del presidente dimitido, o en funciones, y por vacante del puesto de vicepresidente (Ángel Juanes se jubiló en 2019 y no fue sustituido), pero carecerá de los poderes que confiere un órgano presidencialista. Es decir, dirigirá la transición, que será breve, sometiéndose a la Comisión Permanente y al Pleno. 

Por lo que se refiere al magistrado Marín Castán, fuentes judiciales señalan que, de momento, ante la dimisión de Lesmes como presidente del Supremo, es él quien asume ese cargo al tiempo que ha dejado saber su intención de respetar a los vocales del CGPJ y darles tiempo para que debatan la situación creada sin nuevos enfrentamientos. 

El descandenante del desbloqueo

Moraleja: cuando el PP logró en 2018 la presidencia para el magistrado Manuel Marchena firmó con ambas manos la aprobación de los vocales -que son los que irán ahora al CGPJ-, operación que se frustró y originó un retraso “sin precedentes en la experiencia constitucional de España, un desastre institucional”, según reza el comunicado difundido por la Sala de Gobierno del Supremo el pasado lunes 10.  

Ahora que el PP ha obtenido la sustitución de Montoya inmediatamente por uno de los suyos y posponer la pérdida de la mayoría progresista en el TC, ha levantado su veto a la renovación. 

Y ya no dirá, como hasta ahora, cuando llegue el momento, en unos meses, que sigue sin encontrar a un magistrado para el TC. Mira por dónde, para sustituir a Montoya, ya tiene candidato.