La Policía Nacional descubre en Córdoba un fraude a la Seguridad Social superior a 1.200.000 euros

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Agentes del Cuerpo Nacional de Policia en un control rutinario

Detenidas seis personas, además de tres investigadas no detenidas, por presuntos delitos de fraude contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución. En una de las tramas, el verdadero responsable de la misma interpuso a personas en sus sociedades que no sabían ni leer ni escribir e, incluso, uno de ellos se encontraba cumpliendo condena en la cárcel

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Córdoba diversas investigaciones dirigidas contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la restauración y la construcción, cuantificándose el fraude total en 1.299.399 euros. Esa cantidad se habría visto incrementada de no ser por las actuaciones policiales, ya que los agentes detectaron nuevas sociedades con las que continuaban con el negocio y con las que a su vez dificultaban las labores ejecutivas de apremio por parte de la Seguridad Social.

Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2021. Los agentes recibieron varios escritos-denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social en los que se requería la actuación policial ante las diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo, presuntamente, por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Todas las empresas investigadas se encontraban ubicadas en Córdoba.

Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, así como la competencia desleal con empresas de su mismo sector.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.

Los agentes han podido determinar la participación delictiva de nueve personas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, siéndoles imputados los delitos Contra la Seguridad Social y Frustración de la Ejecución.

Diversos entramados para defraudar a la Seguridad Social

Uno de los entramados investigados había generado una deuda superior a los 600.000 euros sin abonar cantidad alguna de la alta deuda ocasionada desde el 2014 hasta el 2021, a pesar de que se han encontrado indicios más que suficientes que evidencian una clara actitud defraudadora por parte de los investigados. Así, se detectó un entramado empresarial cuyo objetivo era pagar las deudas con la Seguridad Social y, para ello, utilizaba diferentes testaferros (familiares, trabajadores, clientes, etc.) con el fin de ocultar al verdadero dueño y/o jefe de las mercantiles investigadas. Se ha podido comprobar, fruto del análisis de la información de la AEAT, que este entramado empresarial contaba con importantes entradas de fondos en sus cuentas, superiores al millón de euros, pero a pesar de ello nunca ha pagado ninguna cantidad de la alta deuda generada.

En otra de las investigaciones llevadas a cabo, cuya deuda con la TGSS era superior al medio millón de euros, contaban con sociedades donde aglutinaban a todos los trabajadores y en las que se generaban de manera dolosa altas deudas con la Seguridad Social; y otro grupo de mercantiles, libres de deudas y sin trabajadores, en las que se facturaba todos los negocios de este entramado empresarial, con el fin de ocultar el patrimonio generado y aparentar que las sociedades generadoras de deuda tenían una situación económica deficitaria, que les “imposibilitaba” el poder hacer frente al pago de las deudas ocasionadas.

En las empresas que aglutinaban todas las deudas con la Seguridad Social se utilizaban a testaferros que no sabían leer ni escribir, e incluso uno de ellos se encontraba cumpliendo condena en un centro penitenciario cuando figuraba como administrador y autorizado red de una de las empresas investigadas.

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