La mañana amaneció agitada en los alrededores de Royal Lodge, la residencia situada en Windsor que durante años fue el hogar del Príncipe Andrés. Agentes de las fuerzas de seguridad del Valle del Támesis desplegaron un nuevo operativo de registro apenas un día después de que el hijo de la reina Isabel II fuera detenido y posteriormente puesto en libertad tras once horas de arresto.
El movimiento policial ha vuelto a situar en el centro del debate público a una figura que lleva años envuelta en controversia. Las investigaciones están relacionadas con sus antiguos vínculos con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 mientras esperaba juicio por delitos sexuales. El caso ha generado una profunda conmoción en el Reino Unido, donde no existen precedentes recientes de una actuación policial de esta magnitud contra un miembro de la familia real.
El registro no es el primero. En la jornada previa ya se habían practicado inspecciones tanto en Royal Lodge como en Sandringham, otra propiedad vinculada a la Casa Real. Sin embargo, la repetición del operativo sugiere que las autoridades buscan documentación o pruebas adicionales en el marco de unas pesquisas que siguen abiertas, según Europa Press.
Las indagaciones giran en torno a una presunta conducta indebida en el ejercicio de cargo público durante la etapa en la que Andrés actuó como enviado especial para el comercio internacional. Según las sospechas, habría podido facilitar información sensible a Epstein. Además, el caso incluye la posible implicación en delitos relacionados con trata de personas, un extremo que el expríncipe ha negado de manera reiterada.
Su detención coincidió con su 66º cumpleaños, un detalle que acentuó la dimensión simbólica del momento. Semanas antes, la Casa Real había iniciado un proceso formal para retirar sus títulos honoríficos, una medida presentada como necesaria para proteger la estabilidad institucional. Ya en 2019 había abandonado sus funciones públicas tras la creciente presión mediática y social.
En octubre de 2025 anunció oficialmente su renuncia a los títulos, incluido el de duque de York, argumentando que las constantes acusaciones se habían convertido en una distracción para el monarca y el resto de la familia real. Aun así, siempre ha mantenido su inocencia frente a las imputaciones.
El nuevo registro reabre heridas en una institución que históricamente ha tratado de proyectar estabilidad y continuidad. Más allá de las implicaciones judiciales, el impacto reputacional es evidente. Para muchos ciudadanos, el caso representa una prueba de hasta qué punto las instituciones deben responder con transparencia y responsabilidad cuando se enfrentan a acusaciones graves.
Mientras la investigación continúa, la atención mediática no disminuye. El desenlace judicial será determinante no solo para el futuro personal del expríncipe, sino también para la credibilidad de la monarquía británica en una etapa especialmente delicada.