El caso que ha sacudido a la cúpula policial sigue creciendo. El abogado Jorge Piedrafita, representante de la agente que denunció al Director Adjunto Operativo (DAO) por una presunta agresión sexual, ha asegurado públicamente que está recibiendo nuevos testimonios de mujeres policías que relatan conductas inapropiadas por parte de altos mandos.
Según ha explicado en una entrevista televisiva, varias agentes han comenzado a contactar con él tras conocer la denuncia inicial. Muchas de ellas, afirma, guardaron silencio durante años. Ahora, el paso dado por su clienta habría actuado como detonante. “Ha sido un acto de enorme valentía”, sostiene, convencido de que ese gesto ha abierto la puerta a que otras mujeres se animen a hablar.
Uno de los aspectos más graves que señala es que, en algunos casos, cuando las afectadas denunciaron internamente, la información habría sido trasladada con rapidez a los propios denunciados. Esto, según su versión, permitió posibles represalias o situaciones de presión. Para Piedrafita, la única vía efectiva para frenar lo que califica como una “dinámica de impunidad” es acudir a la justicia ordinaria.
El letrado ha animado a las agentes a aportar pruebas y ha ofrecido asesoramiento jurídico gratuito para analizar cada caso de manera individual. No descarta nuevas acciones judiciales, aunque insiste en que cada situación requerirá una estrategia específica.
Mientras tanto, el procedimiento principal continúa avanzando. Piedrafita ha confirmado que entregará en el juzgado diversas pruebas, entre ellas un audio de 40 minutos y mensajes de WhatsApp que, según su versión, respaldan la denuncia por los hechos ocurridos en abril de 2025, según Europa Press.
En paralelo, destaca un cambio de actitud tras el relevo provisional en la dirección operativa. La nueva responsable, Genma Barroso, se reunió con la denunciante y activó medidas de protección, incluida escolta policial. La agente, según su abogado, se encuentra “muy afectada” y con temor, aunque algo más tranquila tras estas actuaciones.
El entorno profesional también ha mostrado reacciones diversas. Por un lado, compañeros que han expresado su apoyo y su indignación por lo sucedido, defendiendo que no se puede generalizar ni cuestionar la integridad de todo el cuerpo. Por otro, mensajes críticos en chats internos que, según el abogado, podrían ser objeto de acciones legales si se considera necesario.
Piedrafita también ha señalado que, a raíz de los acontecimientos, su clienta alberga dudas sobre si determinados movimientos profesionales pasados pudieron estar influidos por la dirección operativa. No obstante, reconoce que se trata de sospechas que deberán esclarecerse con datos objetivos.
El proceso judicial será ahora el escenario clave. Más allá del impacto mediático, el caso pone sobre la mesa un debate profundo sobre la transparencia, la protección de denunciantes y la responsabilidad dentro de las estructuras jerárquicas. La justicia tendrá la última palabra, pero el eco de las nuevas voces ya ha comenzado a transformar el silencio en denuncia.